La situación fiscal en el Reino de España y los tambores de guerra del nuevo gobierno… (y digo yo, ¿que no nos deprimamos?

La situación fiscal en el Reino de España y los tambores de guerra del nuevo gobierno

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Daniel Raventós

Poco antes de las elecciones a las Cortes del pasado 20 de noviembre, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) envió un informe a los partidos políticos y a la ciudadanía en general titulado “Reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. Una medida vital e imprescindible para superar la crisis”. Este informe es de lectura obligada para entender muy claramente los rasgos generales de la situación fiscal en el Reino de España desde que empezó la crisis económica hasta hoy [1].

El 19 de diciembre, en su discurso de investidura, el ya nuevo presidente del gobierno de la monarquía española, Mariano Rajoy, se apartó de forma notable de las recomendaciones del informe de Gestha. En el discurso escrito no se cita ni una sola vez el fraude fiscal. Es realmente significativo que en un texto que consta de 31 páginas no se hiciese ni una vaga alusión a uno de los problemas más graves de la economía desde el punto de vista fiscal.

Aunque puede haber diferencias entre distintos estudios realizados sobre el peso de la economía sumergida en el Reino de España, se estima con mucha convergencia de criterio que abarca un porcentaje que va del 20 al 25% del PIB. Comparativamente, este porcentaje es parecido al que se estima también para Grecia e Italia. Y muy diferente al que se estima para, entre otros estados europeos, Austria, Suiza, Francia y Holanda, zonas en donde este porcentaje mengua a la mitad: del 10 al 12%. Según Gestha, la economía sumergida del Reino de España en el año 2010 fue del 23’3% del PIB, porcentaje que supone la evaporación de 88.000 millones de euros de impuestos. Sigue afirmando el informe que si se redujese en 10 puntos este porcentaje (hasta el 13’3%), se podría ingresar 38.500 millones de euros más al año. Muy contrariamente, en el discurso de investidura de Rajoy, éste anunció que “es nuestro compromiso y a él nos vamos a atener: 16.500 millones de reducción del déficit en el año 2012″. 16.500 es el 43% de 38.500. Y son millones de euros obtenidos de forma harto diferente.

El impacto de la economía sumergida sobre el mercado de trabajo es de grandes proporciones porque, entre otras lacras, “priva a los trabajadores de derechos laborales y sociales, como cotizaciones, prestaciones por desempleo y prevención de riesgos laborales.”

La evolución de los ingresos tributarios desde el inicio de la crisis hasta el año 2010, último del que hay datos completos, es preocupante: se ha reducido en un 20’5% la recaudación fiscal total. Se ha pasado de recaudar 200.676 millones por ingresos tributarios en el año 2007, a 159.536 en el año 2010. La principal causa de esta disminución es el impuesto sobre los beneficios de las empresas. En el año 2007 se recaudó 44.823 millones por este concepto, mientras que en el año 2010 solamente 16.198. Es decir, estos 28.625 millones de diferencia “supone el 70% de la caída global de la recaudación fiscal”. Y se trata, según Gestha, de un impuesto “fácilmente controlable”. Si no se controla con mayor rigor es porque no se quiere. La crisis económica está motivando que se deje de declarar una parte de los ingresos y se haga un correspondiente trasvase de determinades activades a la economía sumergida. El informe concluye que “resulta urgente frenar esta peligrosa deriva”. De forma espectacular, en el discurso escrito de investidura de Rajoy no se menciona ni una vez la economía sumergida.

En cuanto al análisis de la gestión tributaria en la lucha contra el fraude fiscal, hay muchas conclusiones interesantes, pero destaca la gran discriminación “entre la tributación de los asalariados frente a empresarios y profesionales”. Se recuerdan cifras que se han publicado por distintas vías. Así, los trabajadores y pensionistas declaran al año una media de 19.359 euros, cifra que contrasta con los 11.036 euros (es decir, 8.300 menos) que de media también declaran los profesionales liberales y los pequeños empresarios. Los llamados microempresarios aún declaran menos de media: 10.832. Son datos de la última estadística del IRPF del 2009 que se declaró en junio del 2010. Las perspectivas para el IRPF del 2010 que se ha declarado en 2011 dibujan una tendencia, a la espera de disponer de la estadística para este ejercicio, muy parecida. Los empresarios son mileuristas, parece ser.

Una de las recomendaciones de Gestha es “lograr una mayor efectividad del precepto del artículo 31 de la Constitución [2], para que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.” En el discurso de Rajoy no se menciona nada semejante. Conocida la lista de ministros del que ya es el primer gobierno del PP [3] después de las elecciones del 20 de noviembre, las perspectivas son más sombrías si cabe. Un ejemplo, mero ejemplo: el nuevo ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, fue presidente de Lehman Brothers España (y consejero de Endesa, de Unedisa, que es la editora de El Mundo y Expansión, del Banco Mare Nostrum) y fiel defensor de los intereses de la banca. En perfecta línea con lo que está sucediendo en otros estados europeos [4].

En claro contraste con lo que recomienda el informe de Gestha, el discurso de Rajoy sí anuncia de forma más o menos explícita una nueva (contra)reforma laboral (tres veces se menciona en la versión escrita). Después del primer consejo de ministros del 23 de diciembre, se perfilan las intenciones del partido postfranquista que se irán concretando en las próximas semanas. Además de la mencionada (contra)reforma del mercado laboral, también se anuncia el recorte de las administraciones públicas (y, como era de esperar tratándose del Partido Popular, con connotaciones políticas añadidas de granespañolismo carpetovetónico), el despido de muchos trabajadores públicos precarios, la rebaja salarial de los funcionarios, el debilitamiento de los sindicatos… Tambores de guerra. Tambores que pregonan la preparación de una nueva ofensiva contra las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora que ya desde mayo de 2010 el anterior gobierno del PSOE empezó de forma ardiente, según los dictados de la troika del BCE-FMI-Comisión Europea. En otras palabras, ataques contra casi toda la población para beneficio de los más ricos. Este empeño del PSOE con la fe del nuevo converso (quizás no tan nuevo) supuso el enajenamiento de la base social del hasta ahora partido gobernante y su suicidio electoral como quedó palmariamente constatado el 20 de noviembre. El Partido Popular, partido postfranquista, con la legitimidad que le proporciona la mayoría absoluta recientemente conquistada, se dispone a proseguir y radicalizar la obra de su antecesor. De modo que, según lo previsto, siguen pintando bastos para las clases trabajadoras o, dicho de forma menos castiza, se anuncia un recrudecimiento de la lucha de clases desde arriba.

Notas: [1] Puede descargarse desde http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=220.[2] Este artículo está en la sección de “De los derechos y deberes de los ciudadanos” y dice así: “1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.” [3] La servil fórmula de juramento que se declama en la toma de posesión como presidente del gobierno en la monarquía borbónica española es: “Juro/Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidente del Gobierno con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros”. [4] Recordemos lo que recientementeescribía Michael Hudson: “La imposición de austeridad económica, el desmantelamiento de los gastos sociales, la venta de activos públicos, la extinción de los sindicatos, la caída de los niveles de los salarios, los planes de pensiones y sanidad pública en detrimento de las reglas democráticas, requiere convencer a los votantes de que no hay otra alternativa. Se reivindica que sin un sector bancario próspero (da igual cuán predador) la economía quebrará mientras las pérdidas bancarias por malos préstamos y especulaciones deterioran el sistema de pagos. Ninguna agencia reguladora puede ayudar, ninguna política de impuestos mejorada, nada excepto la cesión del control a los grupos de presión para que rescaten a los bancos que han perdido las demandas financieras que ellos mismos construyeron.” Y eso es lo que el nuevo gobierno del PP va a facilitar, como antes el del PSOE, si cabe más entusiásticamente, a la banca.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Su último libro, coeditado con David Casassas, es La renta básica en la era de las grandes desigualdades (Montesinos, 2011).

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4650

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Nadal “in extremis”-¿Quiénes son los mercados?

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Vicenç Navarro

Cuando el Gobierno Zapatero afirmaba que tenía que llevar a cabo las políticas de reducción de derechos laborales (como debilitar los convenios colectivos) y sociales (como alargar la edad de jubilación, congelar las pensiones o recortar el gasto público social) como consecuencia de la presión de los mercados financieros, estaba, en realidad, intentando externalizar la responsabilidad de desarrollar unas políticas altamente impopulares. Algo semejante ocurrirá ahora con el Gobierno Rajoy. En ambos casos, los ejecutivos nos dicen que no son ellos sino los de fuera, es decir, los mercados, los que mandan mientras que los gobiernos no tienen otra alternativa que desarrollar tales políticas.

Con la ayuda de los mayores medios de información y persuasión del país, los gobiernos intentan presentar tales políticas como determinadas por fuerzas exteriores sobre las cuales tienen poquísima capacidad de influencia. El gran argumento, que justifica tales políticas, es que son necesarias para “dar confianza a tales agentes externos: los mercados financieros”. En otras palabras, hay que reducir el déficit y la deuda pública, y hay que reducir los salarios y debilitar a los sindicatos a fin de calmar a los mercados para que estos presten su dinero al Estado español, permitiéndole con ello poder pagar sus gastos. El problema con este esquema político-intelectual es que cada uno de los postulados sobre los que se basa es erróneo, es decir, los datos empíricos no lo sustentan. Veámoslos.

En primer lugar, no son los mercados financieros, sino principalmente los bancos, las compañías de seguros y los fondos especulativos españoles (el eje de lo que se llamaba antes la burguesía financiera, término abandonado en el lenguaje político-mediático actual por considerarlo “anticuado”) los que poseen casi la mitad de la deuda pública española. La mayoría de la otra mitad la poseen bancos, compañías de seguros y fondos especulativos europeos, gran número de ellos relacionados con los mismos fondos españoles. Sólo una mínima parte la poseen entidades financieras extranjeras (es decir, de fuera de la Unión Europea).

Los “mercados financieros” son, pues, básicamente nuestras instituciones financieras (españolas y europeas). Utilizo el término “nuestras” para indicar su identificación político territorial, pues de nuestros –en el sentido de posesión por parte de la mayoría de la población– tienen poco. Están controlados por un número pequeñísimo de personas (los gerentes, gobernadores y accionistas), menos del 0,1% de la población, que se benefician enormemente de que el Estado español tenga que pagar hasta un 7% de interés para conseguir dinero prestado de los bancos a los cuales el Estado debe pagar, dinero que procede de los recortes de gasto público en pensiones, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, entre otros. Las clases populares de España, que son las más afectadas por estos recortes, tienen que apretarse el cinturón para que el Estado pueda pagar a nuestra burguesía financiera, a la cual, por cierto, nuestro Estado ha ido reduciendo sus impuestos y ayudándola, prestándoles millones y millones de euros para que no colapsaran el sistema financiero como resultado de sus prácticas especulativas (y muy en particular en el sector inmobiliario) al estallar la burbuja del ladrillo que ellos crearon.

Pero, por si no fuera poco, tal burguesía financiera, tanto española como europea, ha recibido una enorme cantidad de dinero del Banco Central Europeo (BCE), que es una institución pública (sus dirigentes son nombrados por los estados de la Eurozona, incluido el Gobierno español), que está en la práctica controlado por nuestras (españolas y europeas) instituciones financieras. El BCE imprime millones y millones de euros y los da (bueno, dar, dar, es un decir, aunque los intereses son ridículamente bajos) a los bancos, los cuales, con este dinero, especulan y compran deuda pública a unos intereses desorbitados.

El segundo supuesto erróneo es asumir que no hay otra alternativa a la dependencia que los estados tienen de la banca privada. Ello no es cierto. El Estado puede generar recursos a base de, por ejemplo, incrementar, en lugar de bajar, los impuestos a la banca, a las rentas del capital y a las rentas superiores. Y el BCE, en lugar de dar dinero a la banca, se lo podría dar a los estados para comprar su deuda pública a los mismos intereses que se los da a la banca. Pero no lo hace, con lo cual el Estado tiene que pedir prestado a la banca. Un círculo virtuoso para la banca y desastroso para los estados. Pero las cosas han empeorado todavía más porque cuando por fin el BCE ha comenzado a enviar dinero a los estados comprando su deuda pública, el BCE (que es el lobby de la banca) ha impuesto unas condiciones draconianas, que se resumen en un ataque frontal a las clases populares y a su Estado del bienestar.

No son, pues, los mercados financieros, sino nuestra burguesía financiera, aliada con la burguesía financiera europea, quien está controlando nuestras instituciones públicas, las mismas que nos dicen que no hay alternativas. Y para el máximo abuso, nuestros representantes políticos en su última reunión en Bruselas, quieren ahora asegurar a los bancos (para darles, incluso, más confianza) que estos nunca, repito, nunca, perderán dinero. Es decir, que los estados les deberán pagar siempre el dinero que supuestamente les deben. Y todo ello se presenta con el argumento de que no hay alternativas.

Pero sí que hay alternativas. Los estados pueden controlar a los bancos, en lugar de ser al revés, estableciendo, por ejemplo, bancos públicos. Y pueden cambiar al BCE poniéndolo al servicio de la población y de la economía productiva, y no al servicio de la banca. Que no lo hagan se debe, no al poder de los mercados, sino a la excesiva influencia política y mediática de nuestras burguesías financieras.

Blog del autor: http://www.vnavarro.org/?p=6719

No sabemos qué titular define esta aberración

 

Urdangarin ingresó 420.000 euros con la fundación de discapacitados

Diego Torres e Iñaki Urdangarin, en un acto de Esade en 2004. | Santi CogolludoEl duque de Palma, Iñaki Urdangarin, llegó a ingresar al menos 420.000 euros en sólo dos años mediante la fundación de niños discapacitados y enfermos de cáncer que montó tras incumplir la orden de la Casa Real de abandonar todos sus negocios y que acabó empleando para evadir fondos a paraísos fiscales.

En concreto, durante su primer año de funcionamiento, la fundación percibió de las administraciones públicas y empresas privadas un total de 270.000 euros. Durante su segundo año de actividad, la recaudación se quedó en 150.000 euros.

Pese a que el objeto formal de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social -que Urdangarin constituyó en 2006 tras su paso por el Instituto Nóos– residía en actividades sociales, esta entidad acabó concentrando sus esfuerzos en el desvío a paraísos fiscales de Belice y el Reino Unido de fondos obtenidos previamente por Nóos.

Así lo atestigua la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial, que ha intervenido en la sede de dicha fundación numerosos correos electrónicos que detallan un nuevo plan del marido de la Infanta Cristina y su socio Diego Torres para ganar el máximo posible destinando “lo mínimo” que se pudiera a fines sociales.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/21/espana/1324502154.html?cid=GNEW970103

El nuevo gobierno español…

 
El nuevo gobierno español, encabezado por el presidente Mariano Rajoy, del Partido Popular, ha tomado forma. Después de conocer los nombres, muchos ciudadanos se preguntan ¿Estamos o no estamos intervenidos? La prioridad del gobierno de España es satisfacer a los tiburones de los mercados. Este gobierno es lo mismo que poner al zorro al cuidado de las gallinas. Ex directivos de la banca y grandes empresas, Opus, franquistas, vendedores de armas, no falta de nada. Hay que empezar a luchar contra este nuevo gobierno al servicio de banqueros y políticos corruptos. Luis de Guindos, Ministro de Economía y ex miembro del Comité Operativo Europeo de Lehman Brothers. La Ministra de Empleo, abogada especializada en empresas, es una firme partidaria de bajar los impuestos a las empresas como principal medida para generar empleo. Ana Mato, que no será imputada en caso Gürtel, acusada por corrupción y cohecho, porque ya han prescrito los delitos, ahora será Ministra de Sanidad. El nuevo presidente ha nombrado a Soraya Sáenz de Santamaría única vicepresidenta de su Ejecutivo, además de portavoz y ministra de la Presidencia. Otro de los nombramientos más relevantes, tal vez el que más expectación había generado, es el de Luis de Guindos, que como ministro de Economía y Competitividad será el encargado de sacar el país de la crisis. Jorge Fernández Díaz será titular de Interior. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación será José Manuel García Margallo; el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Ana Pastor se hará cargo de Fomento y Pedro Morenés de Defensa. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas será Cristóbal Montoro y la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. José Manuel Soria estará al frente del departamento de Industria, Energía y Turismo, y Fátima Báñez de Empleo y Seguridad Social. José Ignacio Wert ha sido nombrado ministro de Educación, Cultura y Deporte y Arias Cañete de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Luis de Guindos, Ministro de Economía [51], ex jefazo del Comité Operativo Europeo de Lehman Brothers. Después se convirtió responsable del sector financiero de Price Waterhouse Coopers. Actualmente es director del Instituto de Empresa y pertenece al Consejo de Administración de Endesa, del Consejo de Administración de Unedisa (editora de El Mundo y Expansión, entre otros medios) y Banco Mare Nostrum (BMN, encabezado por la antigua Caja Murcia).

Fátima Báñez, Ministra de Empleo [44], esta abogada especializada en empresas, es una firme partidaria de bajar los impuestos a las empresas como principal medida para general empleo. Posee seis viviendas, un solar y dos fincas de secano, además de 326.884 euros suscritos en bonos del Estado y diversas participaciones en tres compañías multinacionales. También ha declarado que percibió 6.705 euros por rendimientos de actividades agrarias, 706 euros de diversos cursos y seminarios, así como 1.093 euros de rendimientos de diversas cuentas bancarias.

Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior [61], de profundas convicciones religiosas y próximo al Opus Dei, fue delegado provincial de Trabajo en Barcelona, y gobernador civil de Asturias y de Barcelona durante la transición, este representante de la derecha más recalcitrante ha equiparado el Valle de los Caídos con el cementerio de Arlington (EUA) de la guerra civil norteamericana o con el cementerio de la playa de Normandia.

José Manuel García-Margallo [67], Ministro de Asuntos Exteriores, también próximo al Opus Dei, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Máster en Derecho por la Universidad de Harvard, con especialización en Derecho Societario y Regulación del Mercado de Valores. Proveniente inicialmente también del franquismo, el ascenso de su carrera de diputado arrancó con las Cortes Constituyentes en 1977 por la UCD de Adolfo Suárez.

José Ignacio Wert, Ministro de Educación y Cultura [61], considerado la mano derecha de Pedro Arriola, asesor de cabecera de Génova y oráculo de las encuestas del PP, que también es el marido de la vicepresidenta del Congreso Celia Villalobos. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha sido jefe del Servicio de Estudios de RTVE, subdirector del gabinete técnico CIS y profesor de Sociología Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1987 hasta 2003 ha sido presidente de Demoscopia, instituto privado dedicado a la investigación de opinión y mercado. En 1994 presidió Sofres AM, empresa de medición de audiencias televisivas, y a continuación fue nombrado consejero delegado de la compañía de encuestas Sofemasa, propiedad del Grupo Sofres, cargo en que cesó ese mismo año para volver a Demoscopia. Ha sido también Presidente de ESOMAR, la Asociación Global de Investigadores de Opinión y Mercado. El BBVA lo fichó posteriormente como director de relaciones corporativas y ha presidido la EFQM (European Foundation for Quality Management) en representación del BBVA.

Ana Pastor, Ministra de Fomento [54], de profundas convicciones religiosas, ha dejado preferentemente que fueran otros quienes se pronunciaran contra la ley que permitía el matrimonio de personas del mismo sexo, la reforma de la regulación del aborto o las polémicas educativas. Tiene tres pisos en copropiedad (dos en Pontevedra y uno en Madrid), más un garaje en Madrid. Además es cotitular de dos cuentas corrientes y es copropietaria de dos coches. Tiene además una hipoteca de 200.000 euros. Tiene un plan de pensiones con Novacaixagalicia, intervenida por su nefasta gestión.

Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda [61], propone poner freno a la presión fiscal que tienen las empresas, la flexibilidad en el mercado de trabajo y la contención salarial. Todavía hay quien recuerda cómo siendo secretario de Estado de Hacienda logró hundir la cotización en Bolsa de los grandes bancos al advertir, en plena crisis asiática, de los riesgos asumidos por las entidades en América Latina. Fue un lunar que llegó a convertirse en absceso con el caso Gescartera, una agencia de valores que estafó 120 millones de euros a miles de inversores y que tenía como mascarón de proa (presidenta) a la hermana del secretario de Estado de Hacienda de entonces, Enrique Giménez-Reyna, subordinado de Montoro. El secretario de Estado se vio obligado a dimitir y su hermana fue condenada a tres años y medio de carcel.

Pedro Morenés, Ministro de Defensa [63], también próximo al Opus Dei, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, y diplomado en Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto. Durante los últimos ocho años ha sido secretario general del Círculo de Empresarios y presidente del Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte. Traficante legal de armas al servicio de empresas multinacionales del armamento, actualmente dirige la filial española de la empresa europea de misiles MDBA y, desde hace pocas semanas, Seguribérica, la firma que presta seguridad a los atuneros españoles que faenan en el Índico, para defender lo que robamos a los pescadores locales.

Miguel Arias Cañete, Ministro de Medio Ambiente [61], proveniente del franquismo, ejerció como abogado del Estado de 1974 a 1978, antes de dedicarse activamente a la política. Durante la crisis de las vacas locas defendió el consumo del chuletón. En febrero de 2008, salió en defensa de la propuesta que había hecho Rajoy de crear un contrato de integración para los inmigrantes. Al hacerlo culpó a los extranjeros del colapso de las urgencias y cuestionó la capacidad de muchos extranjeros para servir mesas como camareros. En su última declaración de la Renta, presentó unos ingresos de 95.590 euros por su actividad como abogado -aparte de 6.494 euros de trienios-, 22.500 euros en retribuciones en Consejos de Administración, 24.788 euros de asignación del partido, 43.122 euros de dividendos procedentes del BBVA, Santander, Mapfre y Petrolíferas Ducar, 860 euros de intereses de cuentas bancarias, 3.810 euros por conferencias y 4.808 euros por rendimientos de alquileres. También ha declarado poseer cuatro viviendas, un local de oficina, cuatro coches y una plaza de garaje, aparte de más de 77.000 euros en depósitos bancarios.

Ana Mato, Ministra de Sanidad [52], próxima al Opus Dei, siempre se le ha identificado con Aznar, porque formó parte de su círculo de confianza. Su actividad no ha estado exenta de polémica por la implicación de su ex marido, Jesús Sepúlveda, en el caso Gurtel y por declaraciones como las que ponían en cuestión el modelo educativo andaluz. También se le suele asociar con negocios turbios y escándalos que relacionaban a cargos del PP con corrupción urbanística.

José Manuel Soria, Ministro de Industria y Energía [53], desde la dirección del PP en Canarias desempeñó una activa labor de apoyo a la política de José María Aznar y en 2003 fue elegido diputado en el Parlamento de Canarias, tarea que compaginó con la presidencia del Cabildo de Gran Canarias hasta que salió del Gobierno insular tras una moción de censura presentada por Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias en 2007. A pesar de los escándalos que relacionaban a cargos del PP con corrupción urbanística (caso Bango, Eólico, Faycán y Salmón), entró en el Gobierno regional, tras pactar con CC en 2007, como vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda. En 2010 rompió el pacto con los nacionalistas por el apoyo de estos a los presupuestos estatales (del PSOE) y en las elecciones locales de ese mismo año, a pesar de ser la fuerza más votada, el PP se quedó en la oposición tras el pacto entre socialistas y nacionalistas.

Soraya Saénz de Santamaría, Ministra de Presidencia [40], licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ha ejercido como Abogada del Estado. Es propietaria de un apartamento en Madrid y copropietaria de un adosado, también en Madrid, que es su vivienda habitual. Tiene un Audi A3 y posee además 91.952 euros en depósitos y cuentas corrientes. Debe 171.204 euros de una hipoteca de 214.050, y 254.815 euros de otra hipoteca de 385.000 euros. En 2010 declaró haber recibido 51.440 euros por su labor de portavoz del Partido Popular. También ha cobrado 1.771 euros por los trienios de la Abogacía del Estado y 934 euros de los intereses de sus cuentas.

Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia [53], licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU. Es abogado y miembro de la Carrera Fiscal en excedencia (obtuvo el segundo puesto en las oposiciones a la Fiscalía). Afiliado al partido Alianza Popular desde los 18 años, en 1977, no comenzaría su carrera política hasta 1983 cuando fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido senador por Madrid entre 1987 y 1995 y diputado de la Asamblea de Madrid desde 1987. También fue elegido portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y en la Asamblea de Madrid. En junio de 1995 fue elegido presidente de la Comunidad de Madrid y reelegido en julio de 1999 hasta junio de 2003. Alcalde de Madrid desde 2003. En el XVI Congreso del PP, el 21 y 22 de junio de 2008, es nombrado miembro del Comité de Dirección, máximo órgano de poder del partido.

David Arrabalí Campos. Democracia Real Ya

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=141772

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N de IDP:

A pesar de ser el consejo de ministros más pequeño de nuestra historia reciente, la edad total del nuevo gabinete, incluyendo a su presidente (56), alcanza la curiosa y respetable cifra de 777 años. Eso supone una media de 56 años. La media de edad de los varones (59) supera en once años a la de las mujeres (48). La más joven es la paya Soraya (40), y el más viejo, García-Margallo (67). Entre las mujeres, la más veterana es Ana Pastor (54), y el más tierno de los varones es Luis de Guindos (51). Casi la mitad de los ministros (seis, todos varones) han cumplido ya los 61.