Bárcenas: el secreto y el poder.-De la Barreda. El expresidente del PP de Tenerife y exdiputado del Congreso habla claro.-De la Barreda: “La Consejería de Industria era una oficina de UNELCO-ENDESA, de CEPSA, de grandes superficies…de poderes fácticos”.-Los tribunales obligan al Estado a revalorizar las pensiones.

 

Iniciativa Debate Público

Bárcenas: el secreto y el poder

Jaume Asens/Gerardo Pisarello | Público | 22/07/2013

El secreto –escribió Elias Canetti– ocupa la médula misma del poder. No se trata solo de que no haya poder sin secreto. Es la propia capacidad de decidir qué puede salir a la luz y qué debe mantenerse en la penumbra la que constituye la esencia del poder. El mismo poder que oculta el gran fraude fiscal propone un registro público de las familias morosas que no han podido pagar el alquiler. El mismo poder que se rebela contra las cámaras en las comisarías o contra la identificación de quienes disparan balas de goma en las manifestaciones pide sin rubor que se cuelguen en Internet fotos de manifestantes “incívicos” y les prohíbe ir con el rostro cubierto. Para no ser contestado, el poder de Estado o de mercado necesita hipervisibilizar y deformar la crítica de sus adversarios. Y asegurar, al mismo tiempo, la invisibilidad de sus desmanes. El secreto, la opacidad, se convierten así en garantía de la propia impunidad.

Luis Bárcenas ha cultivado con talento innegable el arte de manipular el secreto. Durante años fue su guardián más celoso. Sus libretas eran el testigo mudo de un trasiego constante entre política y dinero. Constructores, banqueros, dueños de grandes supermercados, dirigentes medios y altos del Partido Popular, futuros presidentes del Tribunal Constitucional. Una fotografía elocuente, guardada bajo siete llaves, del fraudulento capitalismo inmobiliario-financiero-caciquil que se ha abierto camino, casi sin rasguños, entre el franquismo y la monarquía parlamentaria.

Al sentirse amenazado, el extesorero del PP decidió entreabrir el baúl de los arcanos. Cuando los primeros papeles salieron a la luz, se supo que más del 70% de los donativos que registraban vulneraban de manera clamorosa la Ley de Financiación de Partidos Políticos. A pesar del escándalo, Fiscalía no dispuso su detención. Tampoco ordenó medidas esenciales para evitar la destrucción de pruebas, como la entrada y registro de su domicilio o de su despacho en la calle Génova. Tiempo después, Barcenas denunció el robo de dos ordenadores que deberían haber estado bajo custodia judicial. Pero dejó claro que mantenía bajo control suficientes secretos como para poder negociar con la dirigencia del PP el mantenimiento de una conveniente Omertà.

Fue precisamente para romper esa ley del silencio que el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), junto a otras entidades, presentó una querella contra Bárcenas por evasión fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. El objetivo era claro. Tratándose de delitos económicos cometidos desde las entrañas del Estado, era difícil que el Ministerio Fiscal pudiera actuar al margen del principio de dependencia jerárquica que lo vincula al gobierno de turno. En verdad, solo una acusación popular conectada de manera independiente a la sociedad civil podía cortocircuitar las complicidades público-privadas que conducían a la impunidad.

Naturalmente, para quebrar ese cerco hacía falta mucho más que presentar una querella. Y es que la desigualdad de poder existente fuera del proceso judicial no tarda en trasladarse a su interior. Es impensable que un imputado sin recursos, acusado de robar un bolso en la calle, pueda disponer de las mismas garantías que un Bárcenas o un Millet. No es lo mismo, de hecho, ser defendido por un abogado de oficio que por un ex magistrado de la Audiencia Nacional, con una dilatada experiencia profesional y buenos contactos en los juzgados.

Esta asimetría entre el débil y el fuerte también se proyecta en otros ámbitos. Ante los medios de comunicación, por ejemplo, el delincuente de poca monta comparece estigmatizado, siempre culpabilizado de antemano. El de cuello blanco, en cambio, suele gozar de todas las deferencias y es capaz de condicionar el propio proceso judicial desde los grandes rotativos y los plató de televisión. Bárcenas utilizó con descaro la editorial de El Mundo y otros medios para filtrar pruebas e instrumentalizarlos en beneficio de su estrategia de defensa. De ese modo, consiguió impulsar un auténtico proceso paralelo que le permitía seguir siendo el custodio de los secretos de Estado.

Si desde un primer momento se hubiera ordenado el registro del domicilio o del despacho de Bárcenas, sería la justicia quien dispondría de los medios de prueba, y no él. De este modo, hubiera perdido la posibilidad de presionar o, directamente, chantajear a los implicados en la contabilidad B del PP. Pero nada de ello ocurrió. En ese contexto, la decisión del Observatorio DESC de transmitir casi en directo a través de Twitter algunas declaraciones de interés general del extesorero no fue un gesto caprichoso. Fue un intento de democratizar un proceso que, a pesar de no haber sido declarado secreto, aparecía subordinado al grosero modus operandi de Bárcenas. Al adelantar algunas de sus revelaciones con anterioridad a la rueda de prensa de Rajoy, la acusación popular no hizo nada ilegal. Tampoco fue más allá de lo que los periodistas de los grandes medios o los propios funcionarios judiciales suelen hacer con frecuencia. Pero contribuyó, desde un espacio relativamente abierto como es la red, a poner de manifiesto una desigualdad de poder que mueve al escándalo. La que permite a Bárcenas, Undargarin, Millet, o Cristina de Borbón, contar con defensas y contactos que los parias del mundo que atestan los juzgados nunca tendrán. Y la que existe más allá del proceso, donde ni los fiscales ni el poder mediático son ajenos al juego del secreto y de la publicidad a medias que se disputa en función de espurios intereses de parte.

Los silencios selectivos del extesorero caído en desgracia, las negativas de Rajoy a dar la cara públicamente, las informaciones parciales filtradas por algunos periódicos, son un desplante inaceptable en un caso de esta gravedad. Esta tomadura de pelo colectiva, en realidad, sería inconcebible sin la confianza arrogante en la propia impunidad que el secreto genera. Minarla, desgarrar el velo de opacidad con que el poder de Estado y de mercado pretende cubrir sus crímenes, es una condición indispensable para activar los contrapoderes sociales capaces de acabar con ellos. Transparencia y publicidad plena. Luz y taquígrafos frente a la cleptocracia. He ahí una exigencia modesta, pero revolucionaria, de los tiempos que corren.

Fuente: publico.es

Posted: 22 Jul 2013 03:17 AM PDT

Iniciativa Debate Público

De la Barreda: “La Consejería de Industria era una oficina de UNELCO-ENDESA, de CEPSA, de grandes superficies…de poderes fácticos”

Ramón Pérez Almodóvar | Página 21 | 22/07/2013

“Rajoy está montado en un Estado de Derecho que no existe”.

Como consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisco de la Barreda defendió a las pymes canarias, que antes de la crisis generaban el mayor número de empleos, más estables y mejor pagados que las grandes superficies, presentó un recurso contra la instalación de Alcampo en el municipio grancanario de Telde (después retirado por el entonces presidente canario, Manuel Hermoso, de CC), no concedió la licencia comercial a Pryca en Santa Cruz porque lo impedía la Ley y planteó un plan de gasificación que hubiera acabado con el monopolio de DISA-CEPSA, además de bajar los costos de producción de UNELCO-ENDESA, lo que repercutiría en una bajada en las tarifas de la luz. En 1998 presentó un proyecto para generar electricidad en la isla de El Hierro solo a través de energías renovables, proyecto que aún no se ha terminado. Tanto el ex presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón, como el  presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, son jubilados de UNELCO.

Coincidió también este caso con su presencia en el Gobierno de Canarias como consejero. Usted presentó un recurso contra la licencia de Alcampo en Telde, no le dio la licencia comercial a Pryca, planteó crear GASCAN e impulsar las energías renovables, etc.

Estoy convencido que todos aquellos movimientos en el PP no fueron por el caso de la finca El Tagre. Eso fue la chispa que hace que salte lo que estaba hirviendo. Los calderos se ponen al fuego  y las tapas van saltando. Con el transcurso del tiempo, tratando de hacer un análisis objetivo, tengo que decir que la Consejería de Industria, que tenía un presupuesto ridículo,  era una oficina de UNELCO-ENDESA, de CEPSA, de grandes superficies…de poderes fácticos. Recuerdo una anécdota sintomática: llamar continuamente al director general de Industria, Alfredo Vigara, y siempre me decían que estaba en la sede de UNELCO. Me vi obligado a prohibirle de manera taxativa, expresa y categórica que volviera a ir a UNELCO; que si algo necesitaban, se les atendería en la Consejería, como corresponde a una empresa que es la generadora y suministradora de la energía eléctrica de Canarias. Pero no podía ser que el director general de Industria pareciera que era un empleado y subordinado de UNELCO. Vi que era como una costumbre habitual.

Cuando me comunica la fallecida alcaldesa de Güímar (Vicenta Díaz) el problema con las torres eléctricas de Candelaria a Vilaflor, porque se había subido un arquitecto toda la noche en una torre, me reuní con los ingenieros de Industria para preguntar cómo estaba ese expediente. Tenía claro que aquello era una auténtica barbaridad y cuál fue mi sorpresa, que hizo que se agudizaran los problemas porque tuve que apretar las clavijas a esos poderes fácticos, al saber que las torres se habían instalado sin ningún permiso y sin tener ningún estudio de impacto ambiental en la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente.

¿Eso es un delito?

Eso es un delito flagrante, un abuso de derecho penalizado en los primeros artículos del Código Civil. Es algo que manifiesta indicios racionales de total y absoluta corrupción. Todo lo añadido fue más que clara la corrupción; que las instalaciones se empezaran por Vilaflor, por un bosque protegido. Estoy absolutamente convencido que todo se hizo para que las torres se instalaran donde las han colocado. Estoy obligado a decir que en el Consejo de Gobierno planteé que era el momento de hacer un área de servicio en la autopista del sur, para soterrar las líneas de alta y media tensión, la telefonía, etc. Lo importante era que esas torres y esos cables se deterioran cada equis tiempo y el mantenimiento es más costoso. Si se hacen soterradas no solo es el menor costo de mantenimiento, sino que supera en diez o quince veces la vida útil de las torres de alta tensión. Se cometieron unos delitos impresionantes, porque la negligencia (de UNELCO-ENDESA) está recogida en el Código Civil, por tener unas líneas que cuando se dio la tormenta Delta (30 de noviembre de 2005) no es que se cayeran por eso, sino por el abandono en que estaban las torres.

Sin embargo, la persona que denunció el estado de las torres, su evidente falta de mantenimiento, Juan Jesús González, del Foro Contra la Incineración, acabó siendo condenado en costas y su denuncia archivada por Evaristo González González, juez titular del Juzgado de primera Instancia e Instrucción nº 2 de Güímar.

Él vino a verme y le dije donde se metía, porque yo me he podido defender porque soy mi propio abogado. Pero hay que ser rico para poder defenderse, no digamos ahora con las tasas de Gallardón.

Una de las empresas canarias que aparece como donantes del PP en 2011 es Promociones Horneras, del empresario Ambrosio Jiménez, que construyó el centro comercial Alcampo en Telde, que usted denunció. ¿Qué pasó con su recurso?

Pues que lo retiró el presidente del Gobierno, Manuel Hermoso (CC), dentro de sus facultades y sin consultar conmigo,  viendo que iba a seguir el recurso que yo había planteado, porque el Alcampo de La Mareta, en Telde, quebrantaba la legalidad. El día que acababa el plazo del recurso vino una funcionaria y me dijo en mi ausencia, porque estuve en un viaje, se presentó el señor Bonis(consejero de Presidencia) y dijo que no se iba a presentar el recurso.

¿Las licencias comerciales concedidas a El Corte Inglés y a Pryca vulneraban la Ley de Comercio?

La de El Corte Inglés no me tocaba a mí. Ahí se da la paradoja que se ha dado la concesión del parking público al empresario a Antonio Plasencia (imputado en el caso Las Teresitas), que lo tiene alquilado a El Corte Inglés. Eso está bajo una plaza pública, el subsuelo es público y el Ayuntamiento lo ha concesionado. Por informaciones que tuve, hubo la desgracia de que murió un trabajador, pero no se publicó. Hablamos de la connivencia del poder ejecutivo, del judicial, pero no quiero despreciar la terrible connivencia de medios de comunicación, sin exclusión salvo honrosas excepciones. Es evidente lo que han hecho algunos periódicos. La prueba está en que si hablamos del PGO de La Laguna, está de concejal de Urbanismo el técnico que más sabe en todo el Estado, el sr. Bethencourt (Juan Manuel, ex jefe de prensa del Parlamento con Bravo de Laguna, ex asesor del Servicio Canario de Empleo y ex director del Diario de Avisos). Digo que tengo indicios de sospecha de que este señor es un mandado de los poderes fácticos. Ni siquiera me recibió cuando se produjo mi absolución. Sacaron una notita, como esas de agradecimiento de las familias.

Sí estaba cuando el tema de Pryca. Es muy sencillo: se rige por la Ley de Comercio y los criterios de equipamiento comercial. Pedían 19.000 metros cuadrados y solo había la posibilidad para construir unos 5.000 metros cuadrados. Estuvieron casi tres años con un agujero, sin poder construir. Al día siguiente de presentar mi dimisión, mi sustituto hizo unas declaraciones y vi por donde venía. Me presenté al pleno del Parlamento donde se iba a debatir el asunto y me senté en la parte de invitados, donde estaba Pablo Matos (actual diputado nacional del PP), que era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento y que me desacreditaba. Inmediatamente cambiaron la Ley, modificaron los criterios de equipamiento comercial para que entrara Pryca. Ahora es Carrefour, el centro Meridiano. Cuando fui una vez a uno de los cines que hay y vi lo que han construido, me dije que los 200 millones de pesetas que me ofrecieron era poquito para lo que es eso.

¿Siendo consejero de Industria le ofrecieron 200 millones de pesetas, 1,2 millones de euros, por autorizar la licencia comercial a Pryca?

Sí. Un día me llamó un empresario y quedamos frente a la antigua sede del partido, en el bar Continental, para tomar un café. Me dijo: mire, esto lo tiene muy fácil. ¿Quién se va a oponer a esto? ¿Dos, tres, quince periodistas? Un día. Al segundo día le garantizo a usted que no hay nadie que escriba nada más y usted se apunta ese tanto. Usted solo me tiene que decir a quién se lo entrego yo en Madrid. Con lo cual, la práctica ya era conocida. No me lo ofrecieron para mí, sino para el partido. Me dijo además que me tenía por un hombre honrado, que no admitiría nada para mí, pero que me apuntaba el tanto. Y le respondí: le voy a admitir algo, pague usted el cortado porque no tengo otra posibilidad que ir a denunciarlo al juzgado de guardia, pero resulta que no grabo conversaciones y además tienen escaso valor probatorio. Y encima me voy a ver en el problema de que es su palabra contra la mía. Yo digo que la mía es mil veces superior a la suya.  Me levanté y me fui. Ese empresario, llegando un día al aeropuerto de Madrid-Barajas, en la zona de recogida de equipajes, me dijo que me iba a presentar una querella porque yo iba diciendo por ahí que me había ofrecido 200 millones de pesetas. Entonces le dije en tono alto: sí, resulta que además de sinvergüenza tienes mala memoria. Y entonces me dijo que era una broma.

Se ha generado una gran polémica por el viaje de Ana Mato a Disneyworld con cargo a la trama Gürtel. Pero el ministro Soria, siendo presidente del Cabildo de Gran Canaria y diputado autonómico, viajó a Austria y Noruega (a pescar salmón) en el jet privado del empresario Bjorn Lyng, propietario de Anfi Tauro (junto al empresario Santiago Santana Cazorla), un proyecto para construir 3.000 camas hoteleras en el sur de la isla, con la moratoria turística en vigor. El señor Soria votó en el Parlamento a favor de declarar de interés general la urbanización Anfi Tauro (3.000 camas), en sesión presidida por Gabriel Mato, hermano de la ministra. También dijo que tramitaría el proyecto hotelero de Meloneras (3.000 camas) presentado por la empresa Lopesan, que aparece como donante en los papeles de Bárcenas. Y el señor Soria también ha estado viviendo en un chalet del empresario Esquível, con intereses en el sector eólico, pagando sin facturas.

Y el secretario general del PP en Canarias, el diputado autonómico Manuel Fernández, también era apoderado de Anfi Tauro y también votó a favor.

¿Todo eso es legal?

Absolutamente ilegal.

¿Por qué la Fiscalía no actuó de oficio?

Pues porque no existe el Estado de Derecho. El poder ejecutivo no puede nombrar a un juez. Tiene que haber división de poderes. Sobre el presidente del Tribunal Constitucional, lo grave es que lo nombra el poder ejecutivo. Los jueces tienen que elegir quienes los dirigen. Es un Estado de Derecho absolutamente degenerado.

Entonces, ¿cuando el señor Rajoy dice lo del chantaje al Estado de Derecho?

Está montado en un Estado de Derecho que no existe. Mandela decía que no cabe hablar de educación, de derechos sociales, de todos los problemas que nos afectan como ciudadanos, cuando no hay un Estado de Derecho. Esto es como hablar de una naranja pero solo existe la cáscara.

Siendo diputado, también le envió una carta al presidente regional del PP, José Manuel Soria, donde le recriminaba unas declaraciones que hizo. ¿Qué pasó entonces?

Antes, cuando todavía no estábamos hablando de estos casos, era un miembro del comité y un hombre muy resbaladizo. Era un cobarde, no te podías fiar nada de lo que te dijera. Él fue presidente del PP por todas las desaveniencias que hubo en el partido, Bravo de Laguna estaba liquidado y no había nadie más. Me di cuenta que aprovechó lo que pasó para ponerse como presidente regional y sé que sabe que no soy lo que se dijo de mí. Se lo diría en la cara. Cuando fue el sobreseimiento provisional del caso Bango, aprovechó para mentir descaradamente, durante una visita a El Hierro, actuar de forma torticera y  delante de todos los medios decir que había que expulsarme del partido inmediatamente. Primero: no han podido; segundo: no me expulsaron, tercero: me quitan de presidente y me dejan en el Comité Ejecutivo. Mi conclusión (sobre Soria): soberbia, prepotencia, falta de respeto a la Ley, falta del reconocimiento a los elementales derechos y garantías…en la carta le digo que ha hecho esas afirmaciones sin haberme oído ni un solo minuto. Nunca he podido hablar con él. También sé que no permite que hablen mal de mí. Seguramente porque está temiendo. Sería interesante  tener una entrevista con él, aunque como ahora es ministro…

¿Cree que el ministro Soria beneficia a las compañías eléctricas en detrimento de las energías renovables?

Absolutamente. Tengo una cosa muy clara. Luché contra un monopolio amplio y descarado como es el gas en Canarias. Es negocio de DISA, donde hay participaciones de muchas empresas y de familias, también canarias. Igual que existe otra especie de monopolio que, siendo más grande, no se ha metido en Canarias, como es Repsol.

Se perdía el monopolio de DISA, se creaba GASCAN, donde podían participar esas empresas (DISA, UNELCO, CEPSA, las Cajas de Ahorro y ciudadanos). Otra reacción fue de UNELCO, ya que estaban obligados a cambiar sus centrales térmicas por otras de ciclo combinado. Me viene el presidente, Ángel Ferrera, y me dice que se han gastado 90.000 millones de pesetas en las centrales térmicas de Granadilla en Tenerife y Juan Grande en Gran Canaria. Existiendo centrales de ciclo combinado en el mundo prefirieron las térmicas. Pero como tienen un monopolio si sube el precio del fuel oil…pues se lo tienen que pagar. ¿Y CEPSA? Me llamó Carlos Pérez Bricio sábados y domingos, estuvo correctísimo. Luego me dijo que se había arrepentido, porque también podía tener el 25%. Pero eso suponía que CEPSA, de entrada, dejaba de ganar, de todo el fuel oil que se produce en Canarias, el 60% que va para el suministro de las centrales térmicas de UNELCO-ENDESA.

El gas abunda más, se diversifica energéticamente, es más barato y menos contaminante; el fuel oil es mucho más contaminante. Como no se puede montar de la noche a la mañana todo sobre energías renovables, planteé el plan de gasificación. Estaban cabreados, empezaron a hablar los unos con los otros, porque venía Gascan, que iba a tener el 100% del gas, donde iban a estar todos ellos, más las cajas de ahorro, más ciudadanos. DISA depende de CEPSA así que si tenían cada uno el 25% con un 1% más tenían mayoría. A Ferrera le dije que se invertían 57.000 millones de pesetas y se podía generar una facturación de 60.000 millones abasteciendo con gas-ciudad solo a las principales ciudades de Tenerife y Gran Canaria. Solo bastaba una planta off shore en Granadilla y un pequeño puerto para barcos butaneros. Me dicen que el peligro está en la planta de regasificación; sé que es un tema controvertido con los ecologistas, pero el peligro también está en todos los camiones circulando con bombonas por las vías, teniendo bombas de relojería en las gasolineras, donde en cada esquina hay cientos de bombonas, los trabajadores cargando las bombonas…Eso no lo ven: pero si tienen un parque de bombonas, de bombas explosivas, por todos los sitios y yo tengo una y controlada, con inspecciones técnicas como debe ser. Y eso generaba 60.000 millones de pesetas, mínimo, de facturación.

Y en 1998 presenté el proyecto para abastecer solo de energías renovables a la isla de El Hierro y convertirlo en un referente mundial, con la planta desalinizadora también abastecida por energías renovables. ¿Cuándo va a acabar esa obra? No solo es por UNELCO; es que no les interesa porque es un modelo que puede servir. En aquel momento nos pusimos los segundos de España en generación a través de energías renovables y ahora estamos los últimos.

Carta de Francisco de la Barreda a José Manuel Soria

 

Los tribunales obligan al Estado a revalorizar las pensiones

Tamara Fariñas | Diagonal | 19/07/2013

En diciembre, el Partido Popular (PP) incumplió una promesa electoral. En esta ocasión se trataba de las pensiones: el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha repetido en numerosas ocasiones que no tocaría estas prestaciones. “De todas las partidas de presupuestos hay una que no hemos querido recortar, y es la de las pensiones”, afirmaba el popular ante los micrófonos de Onda Cero. “Mi primera prioridad es mantener el poder adquisitivo de las pensiones”, recalcaba en una entrevista concedida al diario El País.

Sin embargo, el 30 de noviembre el Gobierno aprobó un decreto-ley en el que recogía, entre otras medidas, la no actualización de las pensiones con la desviación del IPC interanual. Este decreto provocaba que las pensiones no fueran revalorizadas en base al IPC, es decir, que se mantuvieran estáticas a pesar de la subida de impuestos de 2011,obligando a las personas que cobran pensiones a disminuir considerablemente su poder adquisitivo.

“El pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222 euros”Tras una serie de manifestaciones de descontento popular, el Gobierno rectificó a medias y añadió una concesión a los pensionistas: se seguirían sin actualizar las pensiones en función del IPC, pero aquéllas cuya cuantía fuera superior a mil euros se revalorizarían en un 1% y las inferiores a esa cantidad, en un 2%. Este decreto fue finalmente publicado el 28 de diciembre de 2012, y aplicado a los presupuestos del año vigente.

El año 2013 comenzó para los pensionistas con una bajada de las pensiones catastrófica: el IPC interanual al mes de noviembre –la fecha establecida para realizar el cálculo de actualización– era del 2,9%. La diferencia de valor ha provocado pérdidas que a final de año se han materializado en cantidades entre los 97 y los 385 euros, según datos del Gabinete Técnico Confederal de UGT a partir de los datos del Ministerio de Empleo. En condiciones normales, los perceptores deberían haber recibido esa diferencia como compensación por la desviación de precios. No obstante, “el pensionista medio no cobró 15,89 euros que le correspondían en cada una de sus catorce pagas, por lo que en enero tendría que recibir una paga compensatoria de 222,45 euros”, según los datos del informe sobre la revalorización de las pensiones elaborado por el sindicato UGT, cuantía que tampoco recibió ese pensionista medio.

Asimismo, la revalorización de su pensión para 2013 debería haberse realizado sobre ese 2,9%, sin embargo, al hacerla sobre el 1% o el 2% –según la cuantía de la pensión percibida– en tan sólo dos años la merma del poder adquisitivo ha sido doble: la pérdida de la compensación del año 2012 y la pérdida de revalorización para 2013.

Las pensiones a tribunal

Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013 de acuerdo al valor de los impuestos al consumo, y obligó al Gobierno a pagar a ambos “una paga única compensatoria por el desvío del IPC durante 2012 calculada sobre un 2,9%”, así como a proceder a la “revalorización de su pensión para el año 2013 sobre un 2,9% de la percibida el año anterior”. La Federación Metal, Construcción y Afines de UGT (MAC-UGT) manifestó entonces su acuerdo con la sentencia y declaró que esperaba que se abriera así “el camino a que se les reconozca a todos los pensionistas” su derecho legítimo, sustraído tras la publicación del decretazo.

Varios tribunales han fallado a favor de la revalorización ligada al IPC. El primero, en San Sebastián, falló a mediados de junio a favor de dos ciudadanos para revalorizar sus pensiones de 2013El pasado 5 de julio, otro tribunal, en este caso de Burgos, falló a favor de 25 vecinos de la provincia, quienes verán revalorizadas sus pensiones en base al 2,9% del IPC interanual y recibirán de la Tesorería los atrasos correspondientes.

También a mediados del mes de junio otro ciudadano de Barcelona presentó su demanda, apoyado por elCol·lectiu Ronda, organismo en defensa de los trabajadores y su protección social, contra la decisión del Gobierno de no revalorizar su pensión. Antes del juicio, que fue archivado a la espera de sentencia en el plazo máximo de un año, una veintena de pensionistas presentaron sus propias demandas.

Fundamentación legal

Que las demandas hayan llegado a buen puerto es signo de que el decreto-ley aprobado por los populares tiene algo de irregular. UGT ha recalcado, con el apoyo de los fallos de los tribunales, que el decretazo es contrario al artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, que implica que “las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año”.

La ultraactividad de los convenios entra en barrena

La reforma laboral del Gobierno de Rajoy daba un año de límite para que los convenios pendientes de renovación se prorrogaran de forma automática. La fecha límite llegó el lunes 8 de julio, y con ella cerca de 1.324 convenios que afectan a 1,8 millones de personas quedan en el aire, según datos de CC OO y UGT.

El aumento previsible de la conflictividad —y de los casos llevados a los tribunales— llevó a los sindicatos de concertación y a las patronales a firmar el 23 de mayo un acuerdo confederal. No obstante, como ha dicho un representante de la patronal CEOE, el acuerdo no es sino “un código de buenas prácticas en las mesas de negociación”.

http://www.diagonalperiodico.net/global/tribunales-obligan-al-estado-revalorizar-pensiones.html

Los tribunales obligan al Estado a revalorizar las pensiones

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