Bruselas censura el trabajo de la Guardia Civil contra la tortura.- Seguimos mirando al dedo.- Reino de España: el Gobierno Rajoy admite su fracaso ¿y ahora qué?

 

 

Bruselas censura el trabajo de la Guardia Civil contra la tortura

Iniciativa Debate Público

Silvia Martínez | Noticias de Álava | 30/04/2013

BRUSELAS. A la Guardia Civil no le gusta lo más mínimo que los expertos del comité europeo para la prevención de la tortura del Consejo de Europa indaguen sobre cómo trabajan y las condiciones que existen en la unidad de detención del servicio de información de la Dirección General de la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Un centro al que son trasladados prácticamente todos los detenidos en régimen de incomunicación, en su mayoría presos de ETA, y a cuyas dependencias siguen sin poder acceder con la facilidad que les gustaría. Así consta en un nuevo informe que publica hoy este organismo y al que ha tenido acceso este periódico. El documento constata también que siguen existiendo alegaciones “creíbles y consistentes” de malos tratos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

No es la primera vez que media docena de expertos de este organismo tratan de visitar el citado centro. Ya lo hicieron en 2007 y la conclusión cuatro años después es calcada. “La delegación del CPT se encontró con las mismas trabas para acceder a estas dependencias y no se había hecho nada para que esta situación no volviera a repetirse”, advierten sobre una visita realizada entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2011. “Durante algo más de una hora, oficiales de la Guardia Civil negaron a la delegación el acceso a la zona de detención, aduciendo que el edificio estaba fuera de uso. Otra traba fue el hecho de que las llaves de estas dependencias no estuvieran disponibles”, señalan en un texto de un centenar de páginas en el que explican que si consiguieron entrar fue gracias a que encontraron una puerta trasera y a que un encargado de la limpieza les abrió desde el interior.

Los expertos también cuentan que entrevistaron a once de los 16 detenidos en dos operaciones efectuadas por la Guardia Civil en el primer trimestre de 2011 y que una decena de ellos realizaron “alegaciones creíbles y consistentes” de malos tratos. Desde patadas, bofetadas, golpes y puñetazos hasta el uso de la bolsa de plástico en la cabeza y amenazas de abusos sexuales realizadas durante el traslado o en los interrogatorios en Guzmán el Bueno. “El CPT ha estado llamando la atención de las autoridades españolas durante dos décadas sobre el problema de los malos tratos que infringe la Guardia Civil. Los problemas siguen sin resolver”, advierten, instando a las autoridades españolas a realizar una “investigación rigurosa e independiente” en un plazo de tres meses.

ERTZAINTZA Entre la batería de recomendaciones del informe a España destacan la obligación de que un juez o fiscal registre las denuncias por escrito de inmediato y ordene un examen forense. Recuerdan que el régimen de incomunicación debe ser “excepcional y limitado” y que es necesario garantizar a los detenidos el derecho a comunicar a una persona de su elección el hecho de su detención y el lugar donde están detenidos, la elección de abogado, a entrevistarse sin testigos con el abogado de oficio designado e incluso a elegir el médico que quieren.

El informe también pide a las autoridades españolas una reforma de las celdas de detención de la calle Guzmán el Bueno y a la Ertzaintza que solucione “las deficiencias observadas en las celdas de detención en régimen de incomunicación en Arkaute” para equiparlas con “timbre e iluminación adecuada”. La lista de peticiones incluye nuevas medidas contra la masificación en las cárceles -se menciona el caso de Catalunya y La Modelo de Barcelona- y mejoras en las condiciones y personal de los centros de internamiento de extranjeros.

Dos guardias civiles trasladan a un acusado de pertenecer a ETA.FOTO: EFE

El Consejo de Europa vuelve a señalar al cuartel de Madrid y a las fuerzas policiales por los malos tratos cometidos

Fuente: http://www.noticiasdealava.com/2013/04/30/politica/bruselas-censura-el-trabajo-de-la-guardia-civil-contra-la-tortura

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Dos denuncias cada día: ¿dónde y quién tortura en España?
Aída Sánchez | Canal Solidario | 21/06/2010

El próximo sábado 26 de junio se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Una media de dos denuncias diarias por tortura durante los últimos seis años muestran que la persistencia de la tortura es fruto de la impunidad que la ampara.

Informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y otras ONG, de los distintos Relatores de la ONU, del Comité para la Prevención de la Tortura y del Comité Contra la Tortura (CAT), además de las condenas de los Tribunales españoles y del Tribunal Europeo deDDHH, muestran que la tortura subsiste y crece en España.

Hemos hablado con Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que nos ha hecho una radiografía de la tortura en el Estado español.

¿Dónde y quién tortura en el Estado español?
La denuncia por práctica de la tortura está generalizada en todos los cuerpos policiales y funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad. Existen denuncias, y condenas, contra agentes del cuerpo nacional de policía, guardia civil, policías locales, policías autonómicas (mossos d´esquadra, ertzaintza, policía foral de Navarra…), funcionarios de prisiones, personal de centros de menores y militares.

En cuanto al lugar donde se producen, hay denuncias y condenas en todas las comunidades autónomas del Estado, así como en todo tipo de dependencias donde existen personas privadas de libertad (cárceles, comisarías y cuartelillos, centros de menores….).

Igualmente existen numerosos casos de agresiones en el momento de la detención, en la calle, en descampados a los que se ha trasladado ilegalmente a algunas personas detenidas antes de ser llevadas a las comisarías, así como en los vehículos policiales durante los traslados de los detenidos.

¿Existen pruebas?
Existen pruebas de estas agresiones. No solo los testimonios de las personas agredidas, sino también los testimonios de testigos de las agresiones. Existen los partes médicos que acreditan la realidad de las lesiones sufridas… En ocasiones contamos con grabaciones de las agresiones, por cámaras de videovigilancia o grabaciones de particulares que han observado lo ocurrido,… y también, en ocasiones, muy pocas lamentablemente, existe el testimonio de funcionarios públicos que confirman la veracidad de la denuncia. No es la falta de pruebas el problema, sino la actitud de los jueces y fiscales ante las denuncias por tortura

¿Quién investiga estas torturas?
Los delitos de tortura deberían ser investigados por jueces y fiscales, quienes deben por imperativo legal actuar rápida y eficazmente ante cualquier indicio de tortura o maltrato. Por desgracia, como han denunciado reiteradamente los organismos internacionales de Derechos Humanos, por ejemplo el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en el último informe publicado sobre el Estado español, la actuación de jueces y fiscales contra la tortura deja mucho que desear.

De hecho el Estado español ha sido condenado tanto por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como por el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por no investigar suficientemente las denuncias por tortura, o por retraso inaceptable en las investigaciones de estos delitos.

El Estado español ha sido condenado por el Tribunal de Estrasburgo, por el Comité Contra la Tortura de la ONU y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por no investigar suficientemente las denuncias por tortura

En la práctica, son las asociaciones de Derechos Humanos y las personas agredidas quienes, en la mayoría de los casos, impulsan la investigación de las agresiones en los tribunales de Justicia.

También existe la posibilidad de que las agresiones por parte de los funcionarios sean investigadas por la propia administración (Ministerio del Interior, etc…). son muy pocas las investigaciones internas que han sido trasladadas a los Juzgados. En todo caso estas investigaciones internas están supeditadas, o deberían estarlo, a la investigación judicial de los hechos denunciados.

En las denuncias de las víctimas aparecen amenazas de muerte de los agentes con pistolas, cuchillos, azotes en las plantas de los pies con látigos, golpes en la cabeza, patadas, puñetazos e insultos, incluso estando esposadas, ¿es una tendencia que va a más o son “casos aislados”?
La Coordinadora para la Prevención hace público un informe anual en el que se da cuenta de entre 600 y 700 denuncias por tortura y/o malos tratos al año. Analizando estos casos (más de 7.000 en la última década) vemos que las agresiones o amenazas con cuchillos o los golpes con látigos son casos aislados y muy raros, al menos en cuanto a los casos conocidos por la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura.

Sin embargo las otras formas de agresión son muy comunes, si bien la inmensa mayoría de las agresiones que se producen son golpes con las manos, puñetazos y patadas a los detenidos, incluso cuando ya están esposados y tumbados en el suelo. Igualmente son muy habituales los insultos de todo tipo y las amenazas. Las amenazas de muerte con pistolas o revólveres también se han dado, si bien en menor medida.

¿Por qué hay tan pocas penas condenatorias sobre los autores de las torturas?
Hay muchas razones, pero podemos resumirlas en la ‘utilidad’ de la tortura y los malos tratos para el Estado, tanto para las fuerzas de policía como para algunos jueces. A ello hay que sumar el corporativismo de los funcionarios policiales, o de instituciones penitenciarias, que dificulta, cuando no imposibilita, identificar a los responsables de la agresión; la actitud de los responsables políticos (tanto a nivel estatal como local) de apoyo a los funcionarios denunciados, y la política de ocultación por parte de los medios de comunicación.

El apoyo de los ciudadanos europeos a la tortura está aumentando de forma importante, son relativamente habituales manifestaciones de apoyo explícito a su práctica, incluso a su legalización para supuestos de terrorismo

Por otra parte, lamentablemente, el apoyo de los ciudadanos europeos a la tortura está aumentando de forma importante, siendo relativamente habituales manifestaciones de apoyo explicito a su práctica, incluso a su legalización para supuestos de terrorismo.

ONG como SOS Racismo, Médicos del Mundo y Ferrocarril Clandestino han denunciado reiteradamente la práctica de torturas en los CIE. ¿Sufre más torturas la población inmigrante?
Hay una gran dificultad en conocer la incidencia real de la tortura y/o los malos tratos a personas privadas de libertad. Sabemos que existen casos denunciados que nunca llegan a conocimiento de la Coordinadora. Hay que tener en cuenta que los casos que la Coordinadora conoce anualmente se acercan a los 1.000 casos, pero una tercera parte, o más, de estos no se recogen en los informes por falta de datos suficientes para contrastarlos debidamente o, en muchos casos, por petición expresa de la persona agredida que, por temor a represalias u otras causas, nos pide que no incluyamos ni hagamos referencia a su caso de ninguna forma o bajo ningún concepto.

Finalmente, sabemos que son muchas las agresiones policiales que no se denuncian, muchas veces por miedo a represalias, como ya se ha dicho. Esta situación afecta a los sectores sociales más desfavorecidos: presos, personas detenidas por pequeños delitos contra la propiedad o tráfico de drogas… pero también afecta y en gran medida a los migrantes, tengan o no sus situaciones administrativas reguladas.

Es habitual que una denuncia contra los agentes policiales se vuelva en contra del migrante agredido, que se verá contradenunciado por atentado, por resistencia, etc.. lo que derivará en la apertura de un expediente de expulsión (tenga o no regularizada su situación) por aplicación de la ley de Extranjería. Es por ello que son muchas las personas migrantes que optan por no denunciar y silenciar la agresión sufrida.

A pesar de estas dificultades, la coordinadora tiene conocimiento de que, al menos, una media de 100 personas migrantes denuncia anualmente haber sido agredidas por agentes policiales (como ya se dijo, todos los cuerpos policiales se han visto denunciados por estas prácticas, y existen sentencias condenatorias contra agentes de todos estos cuerpos policiales).

El pasado año el Estado pidió una prórroga a la ONU para la puesta en marcha del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), ¿se ha avanzado?, ¿sigue sin que haber legislación al respecto?
La situación actual supone un retroceso importante en la lucha contra la tortura en el Estado español. El Estado en contra del criterio de todas las asociaciones contra la tortura y de la sociedad civil que habían participado en el proceso iniciado en el año 2006, designó en octubre de 2009, a la Oficina del Defensor del Pueblo como mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que, a nuestro criterio, supone desactivar de hecho las posibilidades de implementar en el Estado español un verdadero mecanismo de prevención de la tortura.

Por otra parte, casi un año después, no se ha desarrollado el reglamento interno del Mecanismo ni la constitución del que denominan “Consejo Asesor” del MNPT, sin embargo las manifestaciones de los responsables de la Oficina del defensor del Pueblo en el acto de presentación del MNPT, en mayo de 2010 en el Senado, no hace presagiar nada bueno al respecto.

¿Cambiaría la situación la instalación de cámaras de vigilancia en las zonas de detención y reclusión?
El problema no es tanto la instalación de cámaras de grabación en las zonas de reclusión, sino la gestión de las grabaciones.

Si son los mismos funcionarios encargados de la custodia de las personas privadas de libertad, o sus compañeros, los encargados de decidir si una actuación policial grabada debe o no enviarse a los Juzgados; si el plazo de conservación de las grabaciones no remitidas a los Juzgados es de uno o dos meses… de poco servirá la instalación de esta cámaras.

Por otra parte, sea cual sea la forma de instalarlas, siempre existirán zonas en las que no podrá instalarse una cámara, por respeto a la intimidad del detenido, servicios, etc…, y ‘zonas ciegas’, donde no alcanza la cámara, en las que puede continuarse la agresión. Son numerosos los testimonios de personas agredidas que narran como los funcionarios, antes de golpearles, les llevan a zonas donde o bien no hay cámaras, o bien son ‘puntos ciegos’.

¿Podemos hacer algo desde la sociedad civil para acabar con la tortura?
La labor de la sociedad civil es fundamental para erradicar la tortura. Tanto de las organizaciones de defensa de Derechos Humanos, como de los ciudadanos individualmente. La prevención y erradicación de la tortura es un problema de voluntad política y por eso es importante que nos unamos, por ejemplo, a campañas de presión.

http://www.canalsolidario.org/noticia/dos-denuncias-cada-dia-donde-y-quien-tortura-en-espana/24052

Bruselas censura el trabajo de la Guardia Civil contra la tortura

 

Seguimos mirando al dedo

Iniciativa Debate Público

Paco Bello | Iniciativa Debate | 30/04/2013

No me sorprenden ciertas actitudes porque sé bien dónde vivo, pero creo que si esto es así es porque muchas personas callamos más de la cuenta por no entrar en debates que tenemos perdidos de antemano. Nunca se ha podido dialogar con fanáticos. Tampoco eso es preocupante, porque son minoría: el problema es ese otro grupo mucho más numeroso que se suma a las modas sin convicción alguna, y por el simple hecho de sentirse parte de algo o no dar la nota.

La nuestra sigue siendo una sociedad hipócrita en muchos sentidos, quizá precisamente porque es poco dada a pensar. Nos cuelan “modernidades” por cada poro a la mínima que te descuides y dejes de reflexionar de manera independiente. Y “algunos y algunas” acaban convertidos en “antagonismos con patas” a las primeras de cambio.

Esto es más importante de lo que parece, porque la práctica totalidad de la política de control se basa en ello. Se sigue dividiendo convenientemente a la sociedad por colectivos de ficticia afinidad, que son asumidos por una parte del espectro partidista y denostados por la otra parte para poder diferenciarse en algo (algo artificial, desde luego).

Parece tan sencillo hablar de derechos, que es como que te den una hostia cuando te encuentras con que lo que se reivindica es esto: derechos LGBT, derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los … ¿no sería algo más sencillo y lógico hablar de los derechos de las personas? ¿Si precisamente lo que buscas es igualdad, por qué facilitas la diferenciación haciéndola tú mismo? No niego que toda lucha haya tenido utilidad, pero tampoco hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo funcionaba una alternativa con carácter general, sin distinciones.

He dejado de decir que soy de izquierdas porque creo que es más sencillo cargarse las etiquetas que explicar los conceptos, y también para que cada vez que digo lo que pienso sobre algunos asuntos, no me miren con cara de marsopa. Seguro que algunos sabéis a qué me refiero, y es que llega un momento en el que se te agotan las ganas de seguir explicando ciertas cosas. Hay quien sigue sin saber lo que es el espíritu crítico. Es aquello que ya he tratado en más de una ocasión de “aceptar el paquete completo”. Según el imaginario más extendido, si eres de izquierdas defiendes todos los clichés de la izquierda instrumental, y viceversa si eres de derechas. Lo preocupante es que mucha gente no tiene ni idea de lo que es tanto lo uno como lo otro (no es solo un problema de obreros que votan a la derecha), por mucho que se declaren o se crean afines a ideologías.

Creo firmemente en la igualdad, en la justicia y en la libertad (la tuya acaba donde empieza la de otro), y quisiera que la fraternidad y la solidaridad fueran valores a generalizar, pero ahí acaba mi vínculo con gran parte de lo que hoy son “las izquierdas”.

Me fastidia mucho comprobar que se hacen grandes esfuerzos en asuntos superficiales y mal tratados, y casi ninguno en otros de muchísima mayor relevancia. En algunos casos me importa un pito la opinión general, porque no se sostiene en cuanto empujas un poco y porque me da mucho miedo todo aquello que siendo defendible pasa a convertirse en fanatismo e integrismo.

Vamos, por poner en contexto lo que sigue, con algunos de estos temas controvertidos y de calado social.

Daría mi libertad por defender la normalidad absoluta y la no discriminación por razones de orientación sexual, y me sigue pareciendo increíble que pese a lo que se ha avanzado aún existan prejuicios en este sentido. Y sin embargo me parece discutible que para conseguir la normalidad se utilice de ariete a los que no han podido decidir. Y sí, me refiero a los hijos de parejas del mismo sexo. Por supuesto comprendo el derecho y la ilusión de una pareja a tener o adoptar un niño, y comprendo también que es fundamental que la sociedad evolucione y que para ello haya que hacer sacrificios, pero, en este conflicto de derechos, ¿quién ha consultado o ha pensado en el niño? Sabiendo la mucha ignorancia que aún existe, y que transmiten muchos padres a unos hijos que pueden llegar a ser en extremo crueles, ¿qué ponemos primero, la ilusión o la responsabilidad?

Es un asunto que me parece de una complejidad inabarcable, y sin embargo hay quien lo tiene todo muy claro al respecto (y esa seguridad me encoge).

Hablemos de la prostitución.

Aquí no se trata de si nos parece bien o mal la prostitución, ni de si una de sus principales causas es el propio capitalismo: sino de respeto. Hay posturas que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid confunden (en muchos casos intencionadamente) la más que imprescindible lucha contra la explotación sexual, con la condena de una práctica que debiera ser territorio únicamente personal. No somos quién para juzgar a los y las que libre y voluntariamente decidan cobrar por servicios sexuales. Y aquí sí tengo claro lo que pienso (no me gusta), pero no tiene por qué importar lo que no me compete. Esta sociedad en muchos casos se convierte en algo mucho peor que lo que critica con vehemencia.

Neolenguaje y machismo.

No entraré en una crítica que ya cuenta con opiniones mucho más autorizadas que la mía. Pero creo que aunque vaya en detrimento de la economía lingüistica, hay que procurar evitar el lenguaje sexista dentro de lo racional. Dicho lo cual, ciertas prácticas muy de moda, son mucho más aberrantes que el propio machismo históricamente integrado, y no se pueden entender ni como protesta transgresiva, porque haciendo uso de los mismos métodos criticados (y por buscarlos), pierde toda su legitimidad.

Por último, hablemos del sexismo, porque en realidad ese era el motivo para escribir algo.

Ayer quise publicar una imagen en el facebook de IDP. Lo hice siendo plenamente consciente de que despertaría opiniones encontradas, aunque deseaba sinceramente que no lo hiciera. Aclaro que no me han molestado los comentarios claramente contrarios, sino el silencio de los corderos.

Quince personas libres (hombres y mujeres) han entendido la imagen como lo que es, y han mostrado su aprobación, incluso en dos casos con comentarios desenfadados (hoy por hoy valientes). Es un porcentaje de aceptación minúsculo en comparación con otras imágenes (el número de “compartidos” todavía es peor).

Resulta extraño (y no voy a hacer la prueba), que esa izquierda tan reprimida como cierta derecha para algunas cosas, hable tan decididamente en otros casos no tan sencillos del derecho de la mujer sobre su cuerpo. ¿Curioso, no?

Sexismo y testosterona… el día que publicamos la fotografía de Nacho Vidal (el actor porno), nadie nos acusó de lo mismo (y podían haberlo hecho con mucha mayor autoridad moral desde cierta perspectiva). Y los comentarios de las mujeres fueron mucho más libres (visto está) que los ausentes comentarios de los hombres heterosexuales (más papistas que el Papa) en esta ocasión.

Desgraciadamente mis temores se han cumplido. Estamos tan condicionados como parece, y eso es lo que nos convierte en el tipo de sociedad que sufrimos.

¿Separación de poderes? Claro, claro…

Seguimos mirando al dedo

 

Reino de España: el Gobierno Rajoy admite su fracaso ¿y ahora qué?

Iniciativa Debate Público

Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós  | Sin Permiso | 28/04/2013

El pasado viernes 26 de abril, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno Rajoy reconoció el completo fracaso de las políticas de austeridad de su Primer Plan de Reformas. A continuación, anunció un Segundo Plan de Reformas.

Los datos del fiasco no pueden ser más elocuentes. En lo tocante a su objetivo principal, la reducción del déficit público, el gobierno Zapatero lo había dejado en 2011 en el 9,6% del PIB, pero a finales de 2013 se situará en el 10,6%. De ese montante, 4,3 puntos corresponden al rescate europeo del sistema bancario español, que la UE no contabiliza a efectos de los objetivos de ajuste presupuestario, pero que tienen que financiarse igualmente en el mercado de la deuda. Después de los recortes presupuestarios sangrantes del gasto público –que han afectado especialmente a la sanidad, la educación y la financiación de las comunidades autónomas y han supuesto 259.000 despidos—,  su incidencia en el déficit de la Administración Central y la Seguridad Social es de un mero 0,1% (del 5,2% en 2011 al 5,1% en 2012). En 2011 la deuda pública, después de tres años de crisis, representaba el 68,5% del PIB; en 2012 se situó en el 86,9%, en 2013 alcanzará el 90,5% y el FMI estima ahora que en 2015 se situará en el 99,8%. El pago de intereses en 2013 (40.000 millones de euros) es equivalente al rescate europeo de la banca. La maduración de la deuda pública a corto en 2013 es de 85.000 millones de euros. Al final de la legislatura no se habrá cumplido el objetivo comunitario de un 3% del PIB de déficit, porque la previsión para 2014 es del 4,1%.

En cuanto al segundo objetivo del gobierno Rajoy –relanzar el crecimiento de la economía española—, los datos revisados ahora ofrecidos son igualmente alarmantes: decrecimiento del 1,6% del PIB en 2013, ligero crecimiento del 0,5% en 2014 y del 0,9% en 2015. La economía sufre una doble recesión desde 2008. Para una economía como la española, que necesita crecimientos de alrededor del 2% del PIB para crear empleo neto, estas cifras suponen que desde 2011 se han destruido 1,6 millones de empleos y que cuando la legislatura acabe en 2015 la tasa de paro se situara en el 28,8%, tres puntos más que la recibida del gobierno Zapatero. Los efectos sociales de la recesión, con una caída importante del nivel de vida, se prolongarán, como poco, más allá de 2018.

Anuncio y alcance del II Plan de contrarreformas

El grueso de los datos de este terrible cuadro macroeconómico se conoció en la reunión de primavera del FMI, entre el escándalo Reinhart-Rogoff y la desolada constatación de la recaída en la recesión del núcleo central de la UE. Venían a confirmarse, y por lo magnífico, las predicciones más críticas con las políticas de austeridad. En una entrevista publicada el lunes 22 en el diario ultraliberal de Nueva York The Wall Street Journal, el ministro de economía Guindos adelantaba oficiosamente las cifras y aseguraba que el Reino de España preocupaba menos al FMI y había dejado de ser el principal foco de alarma, en especial desaparecidas las dudas sobre la estabilidad del euro gracias a la política del BCE. Christine Lagarde, directora del FMI, alentaba a “dar más tiempo a España”. Durante cuatro días, una campaña de prensa cimentada en ambiguos rumores intentó preparar a una opinión pública ya convenientemente amedrentada desde el ministerio del interior con la previsión de una violenta batalla campal en los alrededores del Congreso de los Diputados el día 25 (lo que se tradujo en uno de los mayores despliegues policiales conocidos en Madrid).

Cuando finalmente tuvo lugar la rueda de prensa el viernes 26, la neolengua habitual destacó por su originalidad eufemística: “reordenación de cifras”, “novedades tributarias”… No han faltado periodistas tentados a publicar su propio diccionario, y algún otro no ha podido evitar caer en el costumbrismo a costa de la escena. A pesar de la gravedad de la situación, Rajoy, que lleva escondido detrás de una pantalla de plasma desde el inicio del caso Bárcenas, sigue sin anunciar fecha de comparecencia en el Congreso. Su único contacto con la prensa tendrá lugar con ocasión de la visita a Granada de su homólogo irlandés, el domingo 28.

El anunció del Segundo Plan de Reformas, en parte adelantado por Rajoy en el debate sobre el llamado estado de la nación el pasado mes de febrero, es en realidad una repetición de los objetivos de la legislatura y de su Plan de 72 medidas, de las que se han ido aplazando más de 30, como la reforma de la administración local y autonómica o la ley de colegios profesionales. Pero hay tres, previstas en elmemorándum de rescate  bancario –cuya traducción oficial al español apareció en el BOE con cuatro meses de retraso—, que serán decisivas: la “evaluación” de la reforma laboral por un “organismo independiente” (FMI, OCDE, UE, pero no la OIT), que inevitablemente generará una nueva oleada de flexibilización y recorte de derechos en el mercado laboral; la reforma de las pensiones, con una segunda extensión de la edad de jubilación más allá de los 67 años; y la Ley de desindexación de la economía, que abrirá la puerta a recortes vía inflación en pensiones, subvenciones y contratos públicos.

La subida “extraordinaria y circunstancial” del IRPF de 2012 se prorroga durante toda la legislatura, y se anuncian “novedades fiscales” con aumento de los impuestos especiales, a excepción de los que gravan a los hidrocarburos, el daño medioambiental y los depósitos bancarios. El marasmo de la gestión del mecanismo de financiación de las Comunidades autónomas se atribuye a una “autoridad fiscal independiente”, como si no fuese un problema político central.

Cuando la culpa la tiene la realidad

¿Estamos ante el “hundimiento de la legislatura“, como advierte angustiado uno de los analistas más reconocidos de la derecha, José Antonio Zarzalejos? Las cifras y previsiones sobre el paro parecen, efectivamente, inasumibles socialmente. La intervención del estado en la economía vía ingresos fiscales es una de las más bajas de la UE (36,4% del PIB) –y ha caído desde 2008 más de 6 puntos, rebasando holgadamente en su retroceso el objetivo del 40%  defendido por el anterior presidente del BdE—, y la economía sumergida supera el 25% del PIB. Frente a la excusa de Rajoy –”quien me ha impedido cumplir mi programa ha sido la realidad”—, el diagnóstico de Zarzalejos resulta demoledor: “el naufragio del paquebote popular se ha producido por la combinación de tres factores: la quiebra de la fiabilidad política del Gobierno y del PP –todo lo que se ha prometido se ha incumplido—, la comprobación de su escasa competencia técnica en materia económico-social y en la gestión de los intereses de España en la Unión Europea y la ausencia de un discurso político que, además de cubrir los frentes mencionados, ofreciese respuesta a la crisis institucional, al fenómeno de la corrupción y a la precarización del modelo territorial a raíz de la apuesta independentista en Cataluña“.

Más allá del rancio “regeneracionismo” de sesgo conservador sobre la incapacidad de las “elites políticas (extractivas)” (sic), importa el diagnóstico de las causas, materiales e ideales, de la manifiesta crisis de la Segunda Restauración borbónica en el contexto de la crisis del proceso deconstituyente de la institucionalización neoliberal de la UE. (El lector interesado podrá, sin duda, encontrar algunos elementos consultando los archivos de SinPermiso, y, por lo pronto, nuestro análisis del último debate  sobre el estado de la nación).

Importa, ante todo, destacar el clima social en que se produce el reconocimiento del fracaso del Gobierno Rajoy. El conocido barómetro electoral de Metroscopia de abrilrecoge la caída, desde las elecciones de noviembre del 2011, en la intención de voto del PP: un tremendo precipicio del 20% (del 44,6% al 24,5%). Por su parte, el PSOE sigue en caída libre, con un descenso del 4,3% (del 28,7% —después de la perdida de 14 puntos desde 2008— al 23%). Menos difusión ha tenido el obSERvatorio del 15 de abril de la Cadena Ser, que muestra no sólo la apabullante desconfianza popular ante el bipartidismo dinástico (87%), sino la enorme radicalización y la creciente disposición a la movilización social de la opinión pública, incluida la convocatoria de una nueva huelga general (47%), a pesar del descrédito de los sindicatos mayoritarios (que sólo recogen un apoyo del 18%, frente, por ejemplo, a un espectacular 75% cosechado por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas encabezada por Ada Colau).

¿Qué margen le queda al gobierno Rajoy? En la crisis de la primavera de 2012 –acaso la experiencia política más importante de lo que llevamos de legislatura, porque ha determinado el repertorio de respuestas de las clases socialmente rectoras, de los partidos y de los sindicatos—, la respuesta de Rajoy fue: “España ha hecho todo lo que podía, ahora le toca a Europa”. El Consejo europeo de junio del 2012 no sólo aprobó el rescate bancario, sino que permitió la política de intervención del BCE en los mercados secundarios, evitando un segundo rescate, esta vez general, de la economía española. De nuevo, es la constatación en la UE de que es imposible que se puedan alcanzar sus ilusos objetivos de reducción del déficit lo que, sumado a los efectos de la recesión en Alemania, ha determinado el aplazamiento de dos años; no la presión ni la capacidad de negociación en Europa del gobierno Rajoy o del resto de los gobiernos conservadores de la periferia. Patético, por decir lo menos, es el intento de Rajoy de presentar las cosas como si el logro de ese nuevo margen fuera mérito propio, de su tenacidad en la aplicación de las políticas de ajuste y en la puntual observación de las condiciones del memorándum. Lo cierto es que en la UE Rajoy ha pasado de ser un supuesto aliado estratégico de Angela Merkel a convertirse en el esforzado alumno despechado, para terminar pretendiéndose un conspirador de capa y espada a favor de una iniciativa comunitaria para el crecimiento. Nada de ello es verdad, por supuesto. La modesta –y ridícula— verdad consiste en esto: hace lo que se le dice, como y cuando se le dice desde Berlín o Bruselas. Más que el guardián, es el pícaro del memorándum.

Una hipótesis de escenario político

Rajoy no gestiona, sobrelleva la crisis de la Segunda Restauración borbónica. Y en ese trance, sus principales activos son la holgada mayoría parlamentaria y la falta de una alternativa política creíble programática y organizativamente, es decir, verdaderamente amedrentante. Gracias a esos dos activos ha logrado esquivar el segundo rescate, poner sordina a los cantos de sirena de los pactos de estado o del gobierno de “unidad nacional” y mantener a raya y dispersa la crecida resistencia social. Lo que no ha logrado evitar es la incesante erosión de su legitimidad electoral, de su base electoral y de la del conjunto del régimen bipartidista. Tampoco ha escapado a las devastadoras dentelladas de la crisis financiera del estado de las autonomías, ni al destape generalizado de la corrupción, que es, sobre todo, manifestación de la ruptura del consenso hegemónico de las clases rectoras del capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos de la Transición. Ni, menos, al inopinado estallido del secesionismo catalán, manifestación inequívoca de la crisis de la monarquía y de su inveterada incapacidad para encontrar soluciones hacederas –fundadas en la autodeterminación— para la libre vertebración democrática de los pueblos de España. Lidiar con cualquiera de estos perentorios asuntos precisa de iniciativa vigorosa y apremiante; no digamos enfrentarse a todos ellos de consuno. Ínsito, en cambio, en la naturaleza del gobierno Rajoy parece estar el más inane de los inmovilismos. Tal vez el ejemplo más fatal de esa pasividad haya sido su total despreocupación respecto del proceso de normalización social y política en curso en el País Vasco, y a tal punto, que comienza a peligrar el proceso unilateral de pacificación. Se busca, ni que decir tiene, compensar esa parálisis política práctica con verborrea atrabiliaria y guerras culturales al estilo zapateril: como si lo único que le quedara al gobierno Rajoy fuera atizar el fuego de la polarización ideológica de sus votantes más extremistas. No otro es el triste y evidente papel de la contrarreforma de la Ley del Aborto impulsada por el ministro de justicia Gallardón.

El año que tenemos por delante, hasta las elecciones europeas, será decisivo. En el terreno social, la “evaluación” y ampliación de la reforma laboral, así como el nuevo retraso en la edad de jubilación, obligarán, quieras que no, a CC OO y UGT a convocar una nueva huelga general. Por lo que se refiere a la crisis financiera de las autonomías, que en buena medida es la del “estado del medioestar” español, la tensión de la negociación en torno al traslado asimétrico a las autonomías del nuevo margen de déficit (del 0,7% al 1,2%) concedido al Reino de España por la UE no solo creará graves tensiones entre las comunidades gobernadas por el PP, sino que obligará al gobierno PSOE-IU andaluz a una mayor y más pugnaz confrontación, y muy probablemente terminará bloqueando el juego de alianzas asimétricas de supervivencia ensayado por la Generalitat de Mas con ERC y PSC, obligando a la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. En lo atinente a la cúspide institucional coronada, la probable condena de Urdangarín y su socio, tras la imputación de la Infanta Cristina, hará inevitable la abdicación del monarca, las bases legales de la cual ya se negocian más o menos discretamente entre los dos principales partidos dinásticos. Las elecciones europeas, proporcionales en una sola circunscripción, supondrán un durísimo voto de castigo tanto para el PP como para el PSOE, lo que verosímilmente contribuirá a acelerar la crisis de la Segunda Restauración.

En este escenario de crisis cada vez más evidente de todo el régimen político monárquico de 1978, la estrategia sindical de CCOO y UGT –resumida en susmanifiestos para el 1 de Mayo— pasa esencialmente por la defensa de un programa mínimo que amplíe el margen concedido por la UE, para dar cabida a la fórmula de un Pacto por el Empleo y relanzar la negociación de los convenios colectivos, muchos de los cuales caducan el próximo mes de junio. Al propio tiempo, se insiste en la necesidad de mantener el proceso de acumulación de fuerzas ciudadanas de la Cumbre Social, verosímilmente para cargarse de razones de cara a una huelga general que prevén tan inevitable como crecientemente difíciles las condiciones sociales en que habrá de realizarse (con una población trabajadora desmoralizada por una desocupación sostenida sin ejemplo histórico y con unas organizaciones sindicales mayoritarias que no logran romper el descrédito ante la opinión pública que recogen las encuestas). En este sentido, la mayoría sindical vasca y otros sindicatos han convocado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra una huelga general para el próximo 30 de mayo. Los sindicatos mayoritarios han dejado caer en el olvido, en el peor momento, lo que no hace tanto parecieron haber empezado a comprender, y es a saber: que sin una alternativa política realista y unitaria, que pasaría hoy mismo por una campaña de movilizaciones ciudadanas para forzar la dimisión del gobierno Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas, el ciclo de resistencia social choca con los límites objetivos de la deslegitimada mayoría absoluta del PP y del tenebroso callejón sin salida a que aboca la estólida estrategia de “unidad nacional” o mera alternancia bipartidista del PSOE de Rubalcaba.

La izquierda política federal, IU e ICV, y la izquierda soberanista (EH Bildu, Anova, CUP, así como sectores de ERC y Compromís) ha empezado a situarse en la perspectiva, más realista, de un incierto proceso destituyente de fin de régimen. Comprender eso es, al menos, el primer paso para plantearse una contraofensiva constituyente: sólo esa contraofensiva –o siendo realistas, el horizonte, la promesa, de ella— podría dar sentido, esperanza, unidad y vertebración política a la miríada de movilizaciones sociales (incluidas las sindicales) más o menos dispersas y más o menos espontáneas que van acumulándose de modo creciente, con radicalidad creciente, con rabia creciente y, ¡ay!, con desesperación creciente. Lejos del narcisismo onanista de las cabezas de ratón, lejos de las ilusas y fatigantes intrigas manipulatorias de la sectícula política de turno, esa perspectiva precisa de algo más que alentar la resistencia; necesita perentoriamente la articulación unitaria de un amplio bloque político, social e intelectual alternativo que, hoy por hoy –reconozcámoslo—, no termina de arrancar.

Es iluso pensar que la distancia entre el timorato programa mínimo avanzado ahora por los sindicatos mayoritarios y la incipiente aspiración a un programa de tipo constituyente de las izquierdas alternativas y soberanistas es sólo ideológica, o sólo de comprensión política del momento. Esa distancia responde en buena parte también a las distintas condiciones objetivas en que desarrollan su actividad. Comprender eso tiene que ayudar a salir de la mera denuncia moral (o hipermoral) estéril, para comenzar a tender puentes a través de la movilización y de la coordinación unitaria territorial, que adopta ya diversas formas.

A medida que crezca la polarización social y política inducida por la crisis, se hará más evidente el dilema entre el proyecto de la pseudorreforma constitucional limitada que hoy propugnan el PSOE de Rubalcaba y sectores de la derecha –un proyecto incapaz de frenar el peligrosísimo proceso deconstituyente en curso–, y el de las fuerzas sociales y políticas que trabajan en una contraofensiva republicana constituyente. Sea ello como fuere, las posibilidades de esa pseudorreforma constitucional que fantasea con contener el descalabro de la Segunda Restauración dependen crucialmente de que los partidos dinásticos, señaladamente el PP y el PSOE, sigan teniendo la mayoría institucional de 2/3 necesaria. Es lo más probable que su legitimidad entre en proceso de erosión irreversible con las elecciones europeas de 2014 y las municipales y autonómicas posteriores. Lo que a estas alturas cotiza como seguro es que las elecciones generales de 2015 pondrán fin a la mayoría política del régimen bipartidista. Para entonces, el paro puede rondar ya el 30%. Y no valdrán las medias tintas.

Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Gustavo Buster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5924

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