Bruselas censura el trabajo de la Guardia Civil contra la tortura.- Seguimos mirando al dedo.- Reino de España: el Gobierno Rajoy admite su fracaso ¿y ahora qué?

 

 

Bruselas censura el trabajo de la Guardia Civil contra la tortura

Iniciativa Debate Público

Silvia Martínez | Noticias de Álava | 30/04/2013

BRUSELAS. A la Guardia Civil no le gusta lo más mínimo que los expertos del comité europeo para la prevención de la tortura del Consejo de Europa indaguen sobre cómo trabajan y las condiciones que existen en la unidad de detención del servicio de información de la Dirección General de la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Un centro al que son trasladados prácticamente todos los detenidos en régimen de incomunicación, en su mayoría presos de ETA, y a cuyas dependencias siguen sin poder acceder con la facilidad que les gustaría. Así consta en un nuevo informe que publica hoy este organismo y al que ha tenido acceso este periódico. El documento constata también que siguen existiendo alegaciones “creíbles y consistentes” de malos tratos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

No es la primera vez que media docena de expertos de este organismo tratan de visitar el citado centro. Ya lo hicieron en 2007 y la conclusión cuatro años después es calcada. “La delegación del CPT se encontró con las mismas trabas para acceder a estas dependencias y no se había hecho nada para que esta situación no volviera a repetirse”, advierten sobre una visita realizada entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2011. “Durante algo más de una hora, oficiales de la Guardia Civil negaron a la delegación el acceso a la zona de detención, aduciendo que el edificio estaba fuera de uso. Otra traba fue el hecho de que las llaves de estas dependencias no estuvieran disponibles”, señalan en un texto de un centenar de páginas en el que explican que si consiguieron entrar fue gracias a que encontraron una puerta trasera y a que un encargado de la limpieza les abrió desde el interior.

Los expertos también cuentan que entrevistaron a once de los 16 detenidos en dos operaciones efectuadas por la Guardia Civil en el primer trimestre de 2011 y que una decena de ellos realizaron “alegaciones creíbles y consistentes” de malos tratos. Desde patadas, bofetadas, golpes y puñetazos hasta el uso de la bolsa de plástico en la cabeza y amenazas de abusos sexuales realizadas durante el traslado o en los interrogatorios en Guzmán el Bueno. “El CPT ha estado llamando la atención de las autoridades españolas durante dos décadas sobre el problema de los malos tratos que infringe la Guardia Civil. Los problemas siguen sin resolver”, advierten, instando a las autoridades españolas a realizar una “investigación rigurosa e independiente” en un plazo de tres meses.

ERTZAINTZA Entre la batería de recomendaciones del informe a España destacan la obligación de que un juez o fiscal registre las denuncias por escrito de inmediato y ordene un examen forense. Recuerdan que el régimen de incomunicación debe ser “excepcional y limitado” y que es necesario garantizar a los detenidos el derecho a comunicar a una persona de su elección el hecho de su detención y el lugar donde están detenidos, la elección de abogado, a entrevistarse sin testigos con el abogado de oficio designado e incluso a elegir el médico que quieren.

El informe también pide a las autoridades españolas una reforma de las celdas de detención de la calle Guzmán el Bueno y a la Ertzaintza que solucione “las deficiencias observadas en las celdas de detención en régimen de incomunicación en Arkaute” para equiparlas con “timbre e iluminación adecuada”. La lista de peticiones incluye nuevas medidas contra la masificación en las cárceles -se menciona el caso de Catalunya y La Modelo de Barcelona- y mejoras en las condiciones y personal de los centros de internamiento de extranjeros.

Dos guardias civiles trasladan a un acusado de pertenecer a ETA.FOTO: EFE

El Consejo de Europa vuelve a señalar al cuartel de Madrid y a las fuerzas policiales por los malos tratos cometidos

Fuente: http://www.noticiasdealava.com/2013/04/30/politica/bruselas-censura-el-trabajo-de-la-guardia-civil-contra-la-tortura

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Dos denuncias cada día: ¿dónde y quién tortura en España?
Aída Sánchez | Canal Solidario | 21/06/2010

El próximo sábado 26 de junio se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Una media de dos denuncias diarias por tortura durante los últimos seis años muestran que la persistencia de la tortura es fruto de la impunidad que la ampara.

Informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y otras ONG, de los distintos Relatores de la ONU, del Comité para la Prevención de la Tortura y del Comité Contra la Tortura (CAT), además de las condenas de los Tribunales españoles y del Tribunal Europeo deDDHH, muestran que la tortura subsiste y crece en España.

Hemos hablado con Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que nos ha hecho una radiografía de la tortura en el Estado español.

¿Dónde y quién tortura en el Estado español?
La denuncia por práctica de la tortura está generalizada en todos los cuerpos policiales y funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad. Existen denuncias, y condenas, contra agentes del cuerpo nacional de policía, guardia civil, policías locales, policías autonómicas (mossos d´esquadra, ertzaintza, policía foral de Navarra…), funcionarios de prisiones, personal de centros de menores y militares.

En cuanto al lugar donde se producen, hay denuncias y condenas en todas las comunidades autónomas del Estado, así como en todo tipo de dependencias donde existen personas privadas de libertad (cárceles, comisarías y cuartelillos, centros de menores….).

Igualmente existen numerosos casos de agresiones en el momento de la detención, en la calle, en descampados a los que se ha trasladado ilegalmente a algunas personas detenidas antes de ser llevadas a las comisarías, así como en los vehículos policiales durante los traslados de los detenidos.

¿Existen pruebas?
Existen pruebas de estas agresiones. No solo los testimonios de las personas agredidas, sino también los testimonios de testigos de las agresiones. Existen los partes médicos que acreditan la realidad de las lesiones sufridas… En ocasiones contamos con grabaciones de las agresiones, por cámaras de videovigilancia o grabaciones de particulares que han observado lo ocurrido,… y también, en ocasiones, muy pocas lamentablemente, existe el testimonio de funcionarios públicos que confirman la veracidad de la denuncia. No es la falta de pruebas el problema, sino la actitud de los jueces y fiscales ante las denuncias por tortura

¿Quién investiga estas torturas?
Los delitos de tortura deberían ser investigados por jueces y fiscales, quienes deben por imperativo legal actuar rápida y eficazmente ante cualquier indicio de tortura o maltrato. Por desgracia, como han denunciado reiteradamente los organismos internacionales de Derechos Humanos, por ejemplo el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en el último informe publicado sobre el Estado español, la actuación de jueces y fiscales contra la tortura deja mucho que desear.

De hecho el Estado español ha sido condenado tanto por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como por el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por no investigar suficientemente las denuncias por tortura, o por retraso inaceptable en las investigaciones de estos delitos.

El Estado español ha sido condenado por el Tribunal de Estrasburgo, por el Comité Contra la Tortura de la ONU y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por no investigar suficientemente las denuncias por tortura

En la práctica, son las asociaciones de Derechos Humanos y las personas agredidas quienes, en la mayoría de los casos, impulsan la investigación de las agresiones en los tribunales de Justicia.

También existe la posibilidad de que las agresiones por parte de los funcionarios sean investigadas por la propia administración (Ministerio del Interior, etc…). son muy pocas las investigaciones internas que han sido trasladadas a los Juzgados. En todo caso estas investigaciones internas están supeditadas, o deberían estarlo, a la investigación judicial de los hechos denunciados.

En las denuncias de las víctimas aparecen amenazas de muerte de los agentes con pistolas, cuchillos, azotes en las plantas de los pies con látigos, golpes en la cabeza, patadas, puñetazos e insultos, incluso estando esposadas, ¿es una tendencia que va a más o son “casos aislados”?
La Coordinadora para la Prevención hace público un informe anual en el que se da cuenta de entre 600 y 700 denuncias por tortura y/o malos tratos al año. Analizando estos casos (más de 7.000 en la última década) vemos que las agresiones o amenazas con cuchillos o los golpes con látigos son casos aislados y muy raros, al menos en cuanto a los casos conocidos por la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura.

Sin embargo las otras formas de agresión son muy comunes, si bien la inmensa mayoría de las agresiones que se producen son golpes con las manos, puñetazos y patadas a los detenidos, incluso cuando ya están esposados y tumbados en el suelo. Igualmente son muy habituales los insultos de todo tipo y las amenazas. Las amenazas de muerte con pistolas o revólveres también se han dado, si bien en menor medida.

¿Por qué hay tan pocas penas condenatorias sobre los autores de las torturas?
Hay muchas razones, pero podemos resumirlas en la ‘utilidad’ de la tortura y los malos tratos para el Estado, tanto para las fuerzas de policía como para algunos jueces. A ello hay que sumar el corporativismo de los funcionarios policiales, o de instituciones penitenciarias, que dificulta, cuando no imposibilita, identificar a los responsables de la agresión; la actitud de los responsables políticos (tanto a nivel estatal como local) de apoyo a los funcionarios denunciados, y la política de ocultación por parte de los medios de comunicación.

El apoyo de los ciudadanos europeos a la tortura está aumentando de forma importante, son relativamente habituales manifestaciones de apoyo explícito a su práctica, incluso a su legalización para supuestos de terrorismo

Por otra parte, lamentablemente, el apoyo de los ciudadanos europeos a la tortura está aumentando de forma importante, siendo relativamente habituales manifestaciones de apoyo explicito a su práctica, incluso a su legalización para supuestos de terrorismo.

ONG como SOS Racismo, Médicos del Mundo y Ferrocarril Clandestino han denunciado reiteradamente la práctica de torturas en los CIE. ¿Sufre más torturas la población inmigrante?
Hay una gran dificultad en conocer la incidencia real de la tortura y/o los malos tratos a personas privadas de libertad. Sabemos que existen casos denunciados que nunca llegan a conocimiento de la Coordinadora. Hay que tener en cuenta que los casos que la Coordinadora conoce anualmente se acercan a los 1.000 casos, pero una tercera parte, o más, de estos no se recogen en los informes por falta de datos suficientes para contrastarlos debidamente o, en muchos casos, por petición expresa de la persona agredida que, por temor a represalias u otras causas, nos pide que no incluyamos ni hagamos referencia a su caso de ninguna forma o bajo ningún concepto.

Finalmente, sabemos que son muchas las agresiones policiales que no se denuncian, muchas veces por miedo a represalias, como ya se ha dicho. Esta situación afecta a los sectores sociales más desfavorecidos: presos, personas detenidas por pequeños delitos contra la propiedad o tráfico de drogas… pero también afecta y en gran medida a los migrantes, tengan o no sus situaciones administrativas reguladas.

Es habitual que una denuncia contra los agentes policiales se vuelva en contra del migrante agredido, que se verá contradenunciado por atentado, por resistencia, etc.. lo que derivará en la apertura de un expediente de expulsión (tenga o no regularizada su situación) por aplicación de la ley de Extranjería. Es por ello que son muchas las personas migrantes que optan por no denunciar y silenciar la agresión sufrida.

A pesar de estas dificultades, la coordinadora tiene conocimiento de que, al menos, una media de 100 personas migrantes denuncia anualmente haber sido agredidas por agentes policiales (como ya se dijo, todos los cuerpos policiales se han visto denunciados por estas prácticas, y existen sentencias condenatorias contra agentes de todos estos cuerpos policiales).

El pasado año el Estado pidió una prórroga a la ONU para la puesta en marcha del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), ¿se ha avanzado?, ¿sigue sin que haber legislación al respecto?
La situación actual supone un retroceso importante en la lucha contra la tortura en el Estado español. El Estado en contra del criterio de todas las asociaciones contra la tortura y de la sociedad civil que habían participado en el proceso iniciado en el año 2006, designó en octubre de 2009, a la Oficina del Defensor del Pueblo como mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que, a nuestro criterio, supone desactivar de hecho las posibilidades de implementar en el Estado español un verdadero mecanismo de prevención de la tortura.

Por otra parte, casi un año después, no se ha desarrollado el reglamento interno del Mecanismo ni la constitución del que denominan “Consejo Asesor” del MNPT, sin embargo las manifestaciones de los responsables de la Oficina del defensor del Pueblo en el acto de presentación del MNPT, en mayo de 2010 en el Senado, no hace presagiar nada bueno al respecto.

¿Cambiaría la situación la instalación de cámaras de vigilancia en las zonas de detención y reclusión?
El problema no es tanto la instalación de cámaras de grabación en las zonas de reclusión, sino la gestión de las grabaciones.

Si son los mismos funcionarios encargados de la custodia de las personas privadas de libertad, o sus compañeros, los encargados de decidir si una actuación policial grabada debe o no enviarse a los Juzgados; si el plazo de conservación de las grabaciones no remitidas a los Juzgados es de uno o dos meses… de poco servirá la instalación de esta cámaras.

Por otra parte, sea cual sea la forma de instalarlas, siempre existirán zonas en las que no podrá instalarse una cámara, por respeto a la intimidad del detenido, servicios, etc…, y ‘zonas ciegas’, donde no alcanza la cámara, en las que puede continuarse la agresión. Son numerosos los testimonios de personas agredidas que narran como los funcionarios, antes de golpearles, les llevan a zonas donde o bien no hay cámaras, o bien son ‘puntos ciegos’.

¿Podemos hacer algo desde la sociedad civil para acabar con la tortura?
La labor de la sociedad civil es fundamental para erradicar la tortura. Tanto de las organizaciones de defensa de Derechos Humanos, como de los ciudadanos individualmente. La prevención y erradicación de la tortura es un problema de voluntad política y por eso es importante que nos unamos, por ejemplo, a campañas de presión.

http://www.canalsolidario.org/noticia/dos-denuncias-cada-dia-donde-y-quien-tortura-en-espana/24052

Bruselas censura el trabajo de la Guardia Civil contra la tortura

 

Seguimos mirando al dedo

Iniciativa Debate Público

Paco Bello | Iniciativa Debate | 30/04/2013

No me sorprenden ciertas actitudes porque sé bien dónde vivo, pero creo que si esto es así es porque muchas personas callamos más de la cuenta por no entrar en debates que tenemos perdidos de antemano. Nunca se ha podido dialogar con fanáticos. Tampoco eso es preocupante, porque son minoría: el problema es ese otro grupo mucho más numeroso que se suma a las modas sin convicción alguna, y por el simple hecho de sentirse parte de algo o no dar la nota.

La nuestra sigue siendo una sociedad hipócrita en muchos sentidos, quizá precisamente porque es poco dada a pensar. Nos cuelan “modernidades” por cada poro a la mínima que te descuides y dejes de reflexionar de manera independiente. Y “algunos y algunas” acaban convertidos en “antagonismos con patas” a las primeras de cambio.

Esto es más importante de lo que parece, porque la práctica totalidad de la política de control se basa en ello. Se sigue dividiendo convenientemente a la sociedad por colectivos de ficticia afinidad, que son asumidos por una parte del espectro partidista y denostados por la otra parte para poder diferenciarse en algo (algo artificial, desde luego).

Parece tan sencillo hablar de derechos, que es como que te den una hostia cuando te encuentras con que lo que se reivindica es esto: derechos LGBT, derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los … ¿no sería algo más sencillo y lógico hablar de los derechos de las personas? ¿Si precisamente lo que buscas es igualdad, por qué facilitas la diferenciación haciéndola tú mismo? No niego que toda lucha haya tenido utilidad, pero tampoco hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo funcionaba una alternativa con carácter general, sin distinciones.

He dejado de decir que soy de izquierdas porque creo que es más sencillo cargarse las etiquetas que explicar los conceptos, y también para que cada vez que digo lo que pienso sobre algunos asuntos, no me miren con cara de marsopa. Seguro que algunos sabéis a qué me refiero, y es que llega un momento en el que se te agotan las ganas de seguir explicando ciertas cosas. Hay quien sigue sin saber lo que es el espíritu crítico. Es aquello que ya he tratado en más de una ocasión de “aceptar el paquete completo”. Según el imaginario más extendido, si eres de izquierdas defiendes todos los clichés de la izquierda instrumental, y viceversa si eres de derechas. Lo preocupante es que mucha gente no tiene ni idea de lo que es tanto lo uno como lo otro (no es solo un problema de obreros que votan a la derecha), por mucho que se declaren o se crean afines a ideologías.

Creo firmemente en la igualdad, en la justicia y en la libertad (la tuya acaba donde empieza la de otro), y quisiera que la fraternidad y la solidaridad fueran valores a generalizar, pero ahí acaba mi vínculo con gran parte de lo que hoy son “las izquierdas”.

Me fastidia mucho comprobar que se hacen grandes esfuerzos en asuntos superficiales y mal tratados, y casi ninguno en otros de muchísima mayor relevancia. En algunos casos me importa un pito la opinión general, porque no se sostiene en cuanto empujas un poco y porque me da mucho miedo todo aquello que siendo defendible pasa a convertirse en fanatismo e integrismo.

Vamos, por poner en contexto lo que sigue, con algunos de estos temas controvertidos y de calado social.

Daría mi libertad por defender la normalidad absoluta y la no discriminación por razones de orientación sexual, y me sigue pareciendo increíble que pese a lo que se ha avanzado aún existan prejuicios en este sentido. Y sin embargo me parece discutible que para conseguir la normalidad se utilice de ariete a los que no han podido decidir. Y sí, me refiero a los hijos de parejas del mismo sexo. Por supuesto comprendo el derecho y la ilusión de una pareja a tener o adoptar un niño, y comprendo también que es fundamental que la sociedad evolucione y que para ello haya que hacer sacrificios, pero, en este conflicto de derechos, ¿quién ha consultado o ha pensado en el niño? Sabiendo la mucha ignorancia que aún existe, y que transmiten muchos padres a unos hijos que pueden llegar a ser en extremo crueles, ¿qué ponemos primero, la ilusión o la responsabilidad?

Es un asunto que me parece de una complejidad inabarcable, y sin embargo hay quien lo tiene todo muy claro al respecto (y esa seguridad me encoge).

Hablemos de la prostitución.

Aquí no se trata de si nos parece bien o mal la prostitución, ni de si una de sus principales causas es el propio capitalismo: sino de respeto. Hay posturas que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid confunden (en muchos casos intencionadamente) la más que imprescindible lucha contra la explotación sexual, con la condena de una práctica que debiera ser territorio únicamente personal. No somos quién para juzgar a los y las que libre y voluntariamente decidan cobrar por servicios sexuales. Y aquí sí tengo claro lo que pienso (no me gusta), pero no tiene por qué importar lo que no me compete. Esta sociedad en muchos casos se convierte en algo mucho peor que lo que critica con vehemencia.

Neolenguaje y machismo.

No entraré en una crítica que ya cuenta con opiniones mucho más autorizadas que la mía. Pero creo que aunque vaya en detrimento de la economía lingüistica, hay que procurar evitar el lenguaje sexista dentro de lo racional. Dicho lo cual, ciertas prácticas muy de moda, son mucho más aberrantes que el propio machismo históricamente integrado, y no se pueden entender ni como protesta transgresiva, porque haciendo uso de los mismos métodos criticados (y por buscarlos), pierde toda su legitimidad.

Por último, hablemos del sexismo, porque en realidad ese era el motivo para escribir algo.

Ayer quise publicar una imagen en el facebook de IDP. Lo hice siendo plenamente consciente de que despertaría opiniones encontradas, aunque deseaba sinceramente que no lo hiciera. Aclaro que no me han molestado los comentarios claramente contrarios, sino el silencio de los corderos.

Quince personas libres (hombres y mujeres) han entendido la imagen como lo que es, y han mostrado su aprobación, incluso en dos casos con comentarios desenfadados (hoy por hoy valientes). Es un porcentaje de aceptación minúsculo en comparación con otras imágenes (el número de “compartidos” todavía es peor).

Resulta extraño (y no voy a hacer la prueba), que esa izquierda tan reprimida como cierta derecha para algunas cosas, hable tan decididamente en otros casos no tan sencillos del derecho de la mujer sobre su cuerpo. ¿Curioso, no?

Sexismo y testosterona… el día que publicamos la fotografía de Nacho Vidal (el actor porno), nadie nos acusó de lo mismo (y podían haberlo hecho con mucha mayor autoridad moral desde cierta perspectiva). Y los comentarios de las mujeres fueron mucho más libres (visto está) que los ausentes comentarios de los hombres heterosexuales (más papistas que el Papa) en esta ocasión.

Desgraciadamente mis temores se han cumplido. Estamos tan condicionados como parece, y eso es lo que nos convierte en el tipo de sociedad que sufrimos.

¿Separación de poderes? Claro, claro…

Seguimos mirando al dedo

 

Reino de España: el Gobierno Rajoy admite su fracaso ¿y ahora qué?

Iniciativa Debate Público

Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós  | Sin Permiso | 28/04/2013

El pasado viernes 26 de abril, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno Rajoy reconoció el completo fracaso de las políticas de austeridad de su Primer Plan de Reformas. A continuación, anunció un Segundo Plan de Reformas.

Los datos del fiasco no pueden ser más elocuentes. En lo tocante a su objetivo principal, la reducción del déficit público, el gobierno Zapatero lo había dejado en 2011 en el 9,6% del PIB, pero a finales de 2013 se situará en el 10,6%. De ese montante, 4,3 puntos corresponden al rescate europeo del sistema bancario español, que la UE no contabiliza a efectos de los objetivos de ajuste presupuestario, pero que tienen que financiarse igualmente en el mercado de la deuda. Después de los recortes presupuestarios sangrantes del gasto público –que han afectado especialmente a la sanidad, la educación y la financiación de las comunidades autónomas y han supuesto 259.000 despidos—,  su incidencia en el déficit de la Administración Central y la Seguridad Social es de un mero 0,1% (del 5,2% en 2011 al 5,1% en 2012). En 2011 la deuda pública, después de tres años de crisis, representaba el 68,5% del PIB; en 2012 se situó en el 86,9%, en 2013 alcanzará el 90,5% y el FMI estima ahora que en 2015 se situará en el 99,8%. El pago de intereses en 2013 (40.000 millones de euros) es equivalente al rescate europeo de la banca. La maduración de la deuda pública a corto en 2013 es de 85.000 millones de euros. Al final de la legislatura no se habrá cumplido el objetivo comunitario de un 3% del PIB de déficit, porque la previsión para 2014 es del 4,1%.

En cuanto al segundo objetivo del gobierno Rajoy –relanzar el crecimiento de la economía española—, los datos revisados ahora ofrecidos son igualmente alarmantes: decrecimiento del 1,6% del PIB en 2013, ligero crecimiento del 0,5% en 2014 y del 0,9% en 2015. La economía sufre una doble recesión desde 2008. Para una economía como la española, que necesita crecimientos de alrededor del 2% del PIB para crear empleo neto, estas cifras suponen que desde 2011 se han destruido 1,6 millones de empleos y que cuando la legislatura acabe en 2015 la tasa de paro se situara en el 28,8%, tres puntos más que la recibida del gobierno Zapatero. Los efectos sociales de la recesión, con una caída importante del nivel de vida, se prolongarán, como poco, más allá de 2018.

Anuncio y alcance del II Plan de contrarreformas

El grueso de los datos de este terrible cuadro macroeconómico se conoció en la reunión de primavera del FMI, entre el escándalo Reinhart-Rogoff y la desolada constatación de la recaída en la recesión del núcleo central de la UE. Venían a confirmarse, y por lo magnífico, las predicciones más críticas con las políticas de austeridad. En una entrevista publicada el lunes 22 en el diario ultraliberal de Nueva York The Wall Street Journal, el ministro de economía Guindos adelantaba oficiosamente las cifras y aseguraba que el Reino de España preocupaba menos al FMI y había dejado de ser el principal foco de alarma, en especial desaparecidas las dudas sobre la estabilidad del euro gracias a la política del BCE. Christine Lagarde, directora del FMI, alentaba a “dar más tiempo a España”. Durante cuatro días, una campaña de prensa cimentada en ambiguos rumores intentó preparar a una opinión pública ya convenientemente amedrentada desde el ministerio del interior con la previsión de una violenta batalla campal en los alrededores del Congreso de los Diputados el día 25 (lo que se tradujo en uno de los mayores despliegues policiales conocidos en Madrid).

Cuando finalmente tuvo lugar la rueda de prensa el viernes 26, la neolengua habitual destacó por su originalidad eufemística: “reordenación de cifras”, “novedades tributarias”… No han faltado periodistas tentados a publicar su propio diccionario, y algún otro no ha podido evitar caer en el costumbrismo a costa de la escena. A pesar de la gravedad de la situación, Rajoy, que lleva escondido detrás de una pantalla de plasma desde el inicio del caso Bárcenas, sigue sin anunciar fecha de comparecencia en el Congreso. Su único contacto con la prensa tendrá lugar con ocasión de la visita a Granada de su homólogo irlandés, el domingo 28.

El anunció del Segundo Plan de Reformas, en parte adelantado por Rajoy en el debate sobre el llamado estado de la nación el pasado mes de febrero, es en realidad una repetición de los objetivos de la legislatura y de su Plan de 72 medidas, de las que se han ido aplazando más de 30, como la reforma de la administración local y autonómica o la ley de colegios profesionales. Pero hay tres, previstas en elmemorándum de rescate  bancario –cuya traducción oficial al español apareció en el BOE con cuatro meses de retraso—, que serán decisivas: la “evaluación” de la reforma laboral por un “organismo independiente” (FMI, OCDE, UE, pero no la OIT), que inevitablemente generará una nueva oleada de flexibilización y recorte de derechos en el mercado laboral; la reforma de las pensiones, con una segunda extensión de la edad de jubilación más allá de los 67 años; y la Ley de desindexación de la economía, que abrirá la puerta a recortes vía inflación en pensiones, subvenciones y contratos públicos.

La subida “extraordinaria y circunstancial” del IRPF de 2012 se prorroga durante toda la legislatura, y se anuncian “novedades fiscales” con aumento de los impuestos especiales, a excepción de los que gravan a los hidrocarburos, el daño medioambiental y los depósitos bancarios. El marasmo de la gestión del mecanismo de financiación de las Comunidades autónomas se atribuye a una “autoridad fiscal independiente”, como si no fuese un problema político central.

Cuando la culpa la tiene la realidad

¿Estamos ante el “hundimiento de la legislatura“, como advierte angustiado uno de los analistas más reconocidos de la derecha, José Antonio Zarzalejos? Las cifras y previsiones sobre el paro parecen, efectivamente, inasumibles socialmente. La intervención del estado en la economía vía ingresos fiscales es una de las más bajas de la UE (36,4% del PIB) –y ha caído desde 2008 más de 6 puntos, rebasando holgadamente en su retroceso el objetivo del 40%  defendido por el anterior presidente del BdE—, y la economía sumergida supera el 25% del PIB. Frente a la excusa de Rajoy –”quien me ha impedido cumplir mi programa ha sido la realidad”—, el diagnóstico de Zarzalejos resulta demoledor: “el naufragio del paquebote popular se ha producido por la combinación de tres factores: la quiebra de la fiabilidad política del Gobierno y del PP –todo lo que se ha prometido se ha incumplido—, la comprobación de su escasa competencia técnica en materia económico-social y en la gestión de los intereses de España en la Unión Europea y la ausencia de un discurso político que, además de cubrir los frentes mencionados, ofreciese respuesta a la crisis institucional, al fenómeno de la corrupción y a la precarización del modelo territorial a raíz de la apuesta independentista en Cataluña“.

Más allá del rancio “regeneracionismo” de sesgo conservador sobre la incapacidad de las “elites políticas (extractivas)” (sic), importa el diagnóstico de las causas, materiales e ideales, de la manifiesta crisis de la Segunda Restauración borbónica en el contexto de la crisis del proceso deconstituyente de la institucionalización neoliberal de la UE. (El lector interesado podrá, sin duda, encontrar algunos elementos consultando los archivos de SinPermiso, y, por lo pronto, nuestro análisis del último debate  sobre el estado de la nación).

Importa, ante todo, destacar el clima social en que se produce el reconocimiento del fracaso del Gobierno Rajoy. El conocido barómetro electoral de Metroscopia de abrilrecoge la caída, desde las elecciones de noviembre del 2011, en la intención de voto del PP: un tremendo precipicio del 20% (del 44,6% al 24,5%). Por su parte, el PSOE sigue en caída libre, con un descenso del 4,3% (del 28,7% —después de la perdida de 14 puntos desde 2008— al 23%). Menos difusión ha tenido el obSERvatorio del 15 de abril de la Cadena Ser, que muestra no sólo la apabullante desconfianza popular ante el bipartidismo dinástico (87%), sino la enorme radicalización y la creciente disposición a la movilización social de la opinión pública, incluida la convocatoria de una nueva huelga general (47%), a pesar del descrédito de los sindicatos mayoritarios (que sólo recogen un apoyo del 18%, frente, por ejemplo, a un espectacular 75% cosechado por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas encabezada por Ada Colau).

¿Qué margen le queda al gobierno Rajoy? En la crisis de la primavera de 2012 –acaso la experiencia política más importante de lo que llevamos de legislatura, porque ha determinado el repertorio de respuestas de las clases socialmente rectoras, de los partidos y de los sindicatos—, la respuesta de Rajoy fue: “España ha hecho todo lo que podía, ahora le toca a Europa”. El Consejo europeo de junio del 2012 no sólo aprobó el rescate bancario, sino que permitió la política de intervención del BCE en los mercados secundarios, evitando un segundo rescate, esta vez general, de la economía española. De nuevo, es la constatación en la UE de que es imposible que se puedan alcanzar sus ilusos objetivos de reducción del déficit lo que, sumado a los efectos de la recesión en Alemania, ha determinado el aplazamiento de dos años; no la presión ni la capacidad de negociación en Europa del gobierno Rajoy o del resto de los gobiernos conservadores de la periferia. Patético, por decir lo menos, es el intento de Rajoy de presentar las cosas como si el logro de ese nuevo margen fuera mérito propio, de su tenacidad en la aplicación de las políticas de ajuste y en la puntual observación de las condiciones del memorándum. Lo cierto es que en la UE Rajoy ha pasado de ser un supuesto aliado estratégico de Angela Merkel a convertirse en el esforzado alumno despechado, para terminar pretendiéndose un conspirador de capa y espada a favor de una iniciativa comunitaria para el crecimiento. Nada de ello es verdad, por supuesto. La modesta –y ridícula— verdad consiste en esto: hace lo que se le dice, como y cuando se le dice desde Berlín o Bruselas. Más que el guardián, es el pícaro del memorándum.

Una hipótesis de escenario político

Rajoy no gestiona, sobrelleva la crisis de la Segunda Restauración borbónica. Y en ese trance, sus principales activos son la holgada mayoría parlamentaria y la falta de una alternativa política creíble programática y organizativamente, es decir, verdaderamente amedrentante. Gracias a esos dos activos ha logrado esquivar el segundo rescate, poner sordina a los cantos de sirena de los pactos de estado o del gobierno de “unidad nacional” y mantener a raya y dispersa la crecida resistencia social. Lo que no ha logrado evitar es la incesante erosión de su legitimidad electoral, de su base electoral y de la del conjunto del régimen bipartidista. Tampoco ha escapado a las devastadoras dentelladas de la crisis financiera del estado de las autonomías, ni al destape generalizado de la corrupción, que es, sobre todo, manifestación de la ruptura del consenso hegemónico de las clases rectoras del capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos de la Transición. Ni, menos, al inopinado estallido del secesionismo catalán, manifestación inequívoca de la crisis de la monarquía y de su inveterada incapacidad para encontrar soluciones hacederas –fundadas en la autodeterminación— para la libre vertebración democrática de los pueblos de España. Lidiar con cualquiera de estos perentorios asuntos precisa de iniciativa vigorosa y apremiante; no digamos enfrentarse a todos ellos de consuno. Ínsito, en cambio, en la naturaleza del gobierno Rajoy parece estar el más inane de los inmovilismos. Tal vez el ejemplo más fatal de esa pasividad haya sido su total despreocupación respecto del proceso de normalización social y política en curso en el País Vasco, y a tal punto, que comienza a peligrar el proceso unilateral de pacificación. Se busca, ni que decir tiene, compensar esa parálisis política práctica con verborrea atrabiliaria y guerras culturales al estilo zapateril: como si lo único que le quedara al gobierno Rajoy fuera atizar el fuego de la polarización ideológica de sus votantes más extremistas. No otro es el triste y evidente papel de la contrarreforma de la Ley del Aborto impulsada por el ministro de justicia Gallardón.

El año que tenemos por delante, hasta las elecciones europeas, será decisivo. En el terreno social, la “evaluación” y ampliación de la reforma laboral, así como el nuevo retraso en la edad de jubilación, obligarán, quieras que no, a CC OO y UGT a convocar una nueva huelga general. Por lo que se refiere a la crisis financiera de las autonomías, que en buena medida es la del “estado del medioestar” español, la tensión de la negociación en torno al traslado asimétrico a las autonomías del nuevo margen de déficit (del 0,7% al 1,2%) concedido al Reino de España por la UE no solo creará graves tensiones entre las comunidades gobernadas por el PP, sino que obligará al gobierno PSOE-IU andaluz a una mayor y más pugnaz confrontación, y muy probablemente terminará bloqueando el juego de alianzas asimétricas de supervivencia ensayado por la Generalitat de Mas con ERC y PSC, obligando a la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. En lo atinente a la cúspide institucional coronada, la probable condena de Urdangarín y su socio, tras la imputación de la Infanta Cristina, hará inevitable la abdicación del monarca, las bases legales de la cual ya se negocian más o menos discretamente entre los dos principales partidos dinásticos. Las elecciones europeas, proporcionales en una sola circunscripción, supondrán un durísimo voto de castigo tanto para el PP como para el PSOE, lo que verosímilmente contribuirá a acelerar la crisis de la Segunda Restauración.

En este escenario de crisis cada vez más evidente de todo el régimen político monárquico de 1978, la estrategia sindical de CCOO y UGT –resumida en susmanifiestos para el 1 de Mayo— pasa esencialmente por la defensa de un programa mínimo que amplíe el margen concedido por la UE, para dar cabida a la fórmula de un Pacto por el Empleo y relanzar la negociación de los convenios colectivos, muchos de los cuales caducan el próximo mes de junio. Al propio tiempo, se insiste en la necesidad de mantener el proceso de acumulación de fuerzas ciudadanas de la Cumbre Social, verosímilmente para cargarse de razones de cara a una huelga general que prevén tan inevitable como crecientemente difíciles las condiciones sociales en que habrá de realizarse (con una población trabajadora desmoralizada por una desocupación sostenida sin ejemplo histórico y con unas organizaciones sindicales mayoritarias que no logran romper el descrédito ante la opinión pública que recogen las encuestas). En este sentido, la mayoría sindical vasca y otros sindicatos han convocado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra una huelga general para el próximo 30 de mayo. Los sindicatos mayoritarios han dejado caer en el olvido, en el peor momento, lo que no hace tanto parecieron haber empezado a comprender, y es a saber: que sin una alternativa política realista y unitaria, que pasaría hoy mismo por una campaña de movilizaciones ciudadanas para forzar la dimisión del gobierno Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas, el ciclo de resistencia social choca con los límites objetivos de la deslegitimada mayoría absoluta del PP y del tenebroso callejón sin salida a que aboca la estólida estrategia de “unidad nacional” o mera alternancia bipartidista del PSOE de Rubalcaba.

La izquierda política federal, IU e ICV, y la izquierda soberanista (EH Bildu, Anova, CUP, así como sectores de ERC y Compromís) ha empezado a situarse en la perspectiva, más realista, de un incierto proceso destituyente de fin de régimen. Comprender eso es, al menos, el primer paso para plantearse una contraofensiva constituyente: sólo esa contraofensiva –o siendo realistas, el horizonte, la promesa, de ella— podría dar sentido, esperanza, unidad y vertebración política a la miríada de movilizaciones sociales (incluidas las sindicales) más o menos dispersas y más o menos espontáneas que van acumulándose de modo creciente, con radicalidad creciente, con rabia creciente y, ¡ay!, con desesperación creciente. Lejos del narcisismo onanista de las cabezas de ratón, lejos de las ilusas y fatigantes intrigas manipulatorias de la sectícula política de turno, esa perspectiva precisa de algo más que alentar la resistencia; necesita perentoriamente la articulación unitaria de un amplio bloque político, social e intelectual alternativo que, hoy por hoy –reconozcámoslo—, no termina de arrancar.

Es iluso pensar que la distancia entre el timorato programa mínimo avanzado ahora por los sindicatos mayoritarios y la incipiente aspiración a un programa de tipo constituyente de las izquierdas alternativas y soberanistas es sólo ideológica, o sólo de comprensión política del momento. Esa distancia responde en buena parte también a las distintas condiciones objetivas en que desarrollan su actividad. Comprender eso tiene que ayudar a salir de la mera denuncia moral (o hipermoral) estéril, para comenzar a tender puentes a través de la movilización y de la coordinación unitaria territorial, que adopta ya diversas formas.

A medida que crezca la polarización social y política inducida por la crisis, se hará más evidente el dilema entre el proyecto de la pseudorreforma constitucional limitada que hoy propugnan el PSOE de Rubalcaba y sectores de la derecha –un proyecto incapaz de frenar el peligrosísimo proceso deconstituyente en curso–, y el de las fuerzas sociales y políticas que trabajan en una contraofensiva republicana constituyente. Sea ello como fuere, las posibilidades de esa pseudorreforma constitucional que fantasea con contener el descalabro de la Segunda Restauración dependen crucialmente de que los partidos dinásticos, señaladamente el PP y el PSOE, sigan teniendo la mayoría institucional de 2/3 necesaria. Es lo más probable que su legitimidad entre en proceso de erosión irreversible con las elecciones europeas de 2014 y las municipales y autonómicas posteriores. Lo que a estas alturas cotiza como seguro es que las elecciones generales de 2015 pondrán fin a la mayoría política del régimen bipartidista. Para entonces, el paro puede rondar ya el 30%. Y no valdrán las medias tintas.

Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Gustavo Buster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5924

Reino de España: el Gobierno Rajoy admite su fracaso ¿y ahora qué?

Los condenados por el ‘caso Pallerols’ no irán a prisión hasta que se resuelva su indulto.-Si no lo leo no lo creo (volvemos a los 50)

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Iniciativa Debate Público

Jesús García | El País | 29/04/2013

El exsecretario de organización de Unió Democràtica (UDC), Vicenç Gavaldà; su hermano Lluís Gavaldà, exdirector de Trabajo de la Generalitat; y el empresario andorrano, Fidel Pallerols; los tres condenados por el caso Pallerols (financiación irregular de Unió a través de las subvenciones de la UE para formación de parados), no ingresarán en prisión hasta que el Gobierno decida su indulto, según lo ha acordado por la Audiencia de Barcelona.

Ante la insistencia del tribunal de que ingresaran en prisión, los condenados pidieron el indulto al Ministerio de Justicia. En un auto, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha acordado  suspender durante un año el ingreso, a la espera de que se acuerde o no el indulto solicitado, porque entiende que se corría el riesgo de que cuando se resolviera su petición de gracia ya hubieran cumplido la condena.

El empresario andorrano Fidel Pallerols y el exsecretario de Organización de UDC fueron condenados en enero pasado a siete meses de prisión cada uno y el exdirector general de Empleo Lluís Gavaldà a año y medio por el desvío de subvenciones públicas del caso Pallerols, en el que el partido democristiano fue condenado como responsable civil subsidiario.

Las peticiones de indulto recuerdan que los hechos ocurrieron hace muchos años —en la década de los 90— y que los condenados llevan ahora una vida normal, están “socializados” y no van a cometer nuevos delitos. En el caso de los dos excargos de Unió, además, hace años que abandonaron la vida política.

Los condenados por el ‘caso Pallerols’ no irán a prisión hasta que se resuelva su indulto

 

 

Iniciativa Debate Público

Paco Bello | Iniciativa Debate | 28/04/2013

Si no lo leo no lo creo (volvemos a los 50)

El Supercomisario Conesa debe estar dando saltos de alegría en su ataúd… “mis chicos aprendieron bien la lección”.

Hemos tenido acceso a un atestado policial tramitado con ocasión de las detenciones habidas esta semana. En concreto, ésta se refiere a la noche del martes al miércoles 24 de abril, … y nunca la vergüenza ajena había tenido tanto significado. Los “mass media” y las fuentes policiales han vinculado las detenciones de esa noche a la Convocatoria “25-A”, pero desde luego no parece que se pueda objetivar tal conexión. Pero no es de esto de lo que quiero hablar ahora.

El caso es que ya había leído informes y atestados ridículos y caducos, empezando por el de mi imputación por “delitos contra altas instancias del Estado”, pero… ni punto de comparación, oiga. Este es “especial”.

Para empezar, los agentes incautan una mochila con todo este material subversivo y criminalizante que pasan a detallar:

Por si no fuera suficiente, parece ser que muy cerca de donde son detenidos había esto (es terrible, deberían aplicarles la perpetua):

Podría parecer que esto es solo un formalismo (un tanto risible, pero formalismo). Pero lo que deshace esta teoría es que los profesionales agentes del orden político-social, argumentan después en base a estas “evidencias”.
Hoz y martillo, y apoyo a las trabajadoras de la limpieza, ergo delincuentes. Tanto es así, que al liberar al detenido solo le devuelven la grabadora, los apuntes, y… sorpresa: también el libro (esto lo atribuyo al desconocimiento del autor por parte de los policías). Del resto, nada (deben ser pruebas ¿?).

Yo ni quito ni pongo Rey, pero ¿se juzgan delitos o ideología? ¿Eso no era ilegal? Y más allá de estos anacronismos: ¿no es lamentable que unos hombretones hechos y derechos tengan que actuar como niños de párvulos?

Vivir para ver.

Si no lo leo no lo creo (volvemos a los 50)

El terror del capitalismo.- La OTAN y el Oktoberfest de 1980

 

 

Iniciativa Debate Público

Vijay Prashad / CounterPunch

Traducido por Germán Leyens.

DELHI – El miércoles 24 de abril, un día después de que las autoridades bangladesíes pidieran a los propietarios que desocuparan su fábrica de prendas de vestir que empleaba a unos 3.000 mil trabajadores, el edificio colapsó. El edificio Rana Plaza, ubicado en el suburbio Savar de Dhaka, producía prendas de vestir para la cadena que se extiende de los algodonales del Sur de Asia, pasando por las máquinas y trabajadores de Bangladesh, a los comercios en del mundo atlántico. Marcas famosas se cosían en el lugar, así como ropa exhibida en las satánicas estanterías de Wal-Mart. Los rescatadores pudieron salvar a 2.000 personas hasta el momento de escribir estas líneas y se confirma que hay más de 300 muertos. Esta última cifra está condenada a aumentar. Vale la pena mencionar que la cantidad de muertos en el incendio de Triangle Shirtwaist Factory en la ciudad de Nueva York en 1911, fue de 146 personas. En este caso ya asciende al doble. Este “accidente” tiene lugar cinco meses (24 de noviembre de 2012) después del incendio de la fábrica de prendas de vestir Tazreen en el que murieron por lo menos 112 doce trabajadores.

La lista de “accidentes” es larga y dolorosa. En abril de 2005, colapsó una fábrica de prendas de vestir en Savar, matando a 75 trabajadores. En febrero de 2006, otra fábrica colapsó en Dhaka, matando a 18. En junio de 2010, un edificio colapsó en Dhaka matando a 25. Son las “fábricas” de la globalización del Siglo XXI, refugios miserablemente construidos para un proceso de producción orientado a largos días de trabajo, máquinas de pésima calidad y trabajadores cuyas vidas están sometidas a los imperativos de la producción puntual. Escribiendo sobre el régimen de la manufactura en Inglaterra durante el Siglo XIX, Karl Marx señaló: “Pero en su ciega e incontrolable pasión, esa hambre de hombre lobo por mano de obra sobrante, el capital sobrepasa no solo la moral, sin incluso los límites máximos simplemente físicos del día de trabajo. Usurpa el tiempo para el crecimiento, desarrollo y mantención saludable del cuerpo. Roba el tiempo requerido para el consumo de aire fresco y luz del sol… Todo lo que le interesa es simple y solamente el máximo de poder laboral que puede ser mantenido durante un día de trabajo. Logra este fin reduciendo la duración de la vida de un trabajador, como un agricultor codicioso aumenta la producción del suelo reduciendo su fertilidad” (El Capital, capítulo 10).

Estas fábricas bangladesíes forman parte de un paisaje de globalización copiado en las fábricas a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, en Haití, en Sri Lanka y en otros sitios que abrieron sus puertas al hábil uso de la industria de la prendas de vestir del nuevo orden manufacturero y comercial de los años 90. Países sometidos que no tenían ni la voluntad patriótica de luchar por sus ciudadanos y ninguna preocupación por el debilitamiento a largo plazo de su orden social se apresuraron a acoger la producción de prendas de vestir. Los grandes productores de prendas de vestir ya no querían invertir en fábricas, se volvieron hacia subcontratistas ofreciéndoles márgenes muy limitados de beneficio, obligándolos así a manejar sus fábricas como prisiones laborales. El régimen de subcontratación permitió que esas firmas negaran toda culpabilidad por lo que hacían los verdaderos propietarios de esas pequeñas fábricas, lo que les permitía gozar de los beneficios de los productos baratos sin que sus conciencias fueran perturbadas por el sudor y la sangre de los trabajadores. También permitió que los consumidores del mundo atlántico compraran grandes cantidades de mercaderías, a menudo mediante un consumo financiado con deudas, sin preocuparse de los métodos de producción. Un estallido ocasional de sentimiento liberal se volvió contra una u otra compañía, pero no hubo un aprecio general de la manera en que el tipo Wal-Mart de cadena minorista hacía que resultara normal el tipo de prácticas de negocios que ocasionaba esta o aquella campaña.

Los trabajadores bangladesíes no han sido tan sumisos como los consumidores del mundo atlántico. Recién en junio de 2012, miles de trabajadores de la Zona Industrial Ashulia, en las afueras de Dhaka, se manifestaron por salarios más elevados y mejores condiciones laborales. Durante muchos días, estos trabajadores cerraron 300 fábricas, bloqueando la carretera Dhaka-Tangali en Narasinghapur. Los trabajadores ganan entre 3.000 taka (35 dólares) y 5.500 taka (70 dólares) mensuales; pedían un aumento de entre 1.500 taka (19 dólares) y 2.000 taka (25 dólares) al mes. El gobierno envió 3.000 policías para restablecer la normalidad y la primera ministra hizo promesas anodinas de que consideraría el asunto. Se estableció un comité de tres miembros, pero no hubo ningún resultado sustancial.

Consciente de la futilidad de negociar con un gobierno subordinado a la lógica de la cadena comercial, Dhaka estalló en violencia a medida que llegaban más y más noticias del Edificio Rana. Los trabajadores han cerrado el área industrial alrededor de Dhaka, bloqueando calles y destrozando coches. La insensibilidad de la Asociación de Fabricantes de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA) aumentó la cólera de los trabajadores. Después de las protestas de junio el jefe de BHMEA, Shafiul Islam Mohiuddin, acusó a los trabajadores de estar involucrados en “alguna conspiración”. Argumentó que “no existe lógica alguna para aumentar los salarios de los trabajadores”. Esta vez, el nuevo presidente de la BGMEA, Atiqul Islam, sugirió que el problema no era la muerte de los trabajadores o las malas condiciones en las que trabajan sino “la interrupción de la producción debido a la agitación y las hartals [huelgas]”. Esas huelgas, dijo, son “solo otro fuerte golpe al sector de las prendas de vestir”. No es sorprendente que los que salieron a las calles tengan tan poca confianza en los subcontratistas y en el gobierno.

Los intentos para cambiar esta situación han sido frustrados por la presión concertada del gobierno y las ventajas de los asesinatos. Cualquier decencia que pueda contener la Ley Laboral de Bangladesh es eclipsada por el débil control del Departamento de Inspecciones del Ministerio del Trabajo. Hay solo 18 inspectores y ayudantes de inspectores para controlar 100.000 fábricas en el área de Dhaka, donde se encuentra la mayoría de las fábricas de prendas de vestir. Si se detecta una infracción, las multas son demasiado bajas como para generar alguna reforma. Cuando los trabajadores tratan de formar sindicatos, la dura reacción de la administración basta para restringir sus esfuerzos. La administración prefiere los estallidos anárquicos de violencia a la consolidación del poder de los trabajadores. De hecho, la violencia condujo al gobierno de Bangladesh a crear una Célula de Control de Crisis y una Policía Industrial, no para controlar las violaciones de las leyes laborales, sino para espiar a los organizadores sindicales. En abril de 2012, agentes del capital secuestraron a Aminul Islam, uno de los principales organizadores del Centro Bangladesí por la Solidaridad de los Trabajadores. Apareció asesinado unos días después, con su cuerpo marcado por la tortura.

Bangladesh ha sido convulsionado por protestas a través de su historia, la terrible violencia desencadenada contra los combatientes por la libertad en 1971 por Jamaat-e-Islami llevó a miles de personas a Shanbagh, en Dhaka; esta protesta se transformó en la guerra civil política entre los dos principales partidos, dejando a un lado los llamados a la justicia para las víctimas de esa violencia. Esta protesta ha inflamado al país, que de otra manera se ha mostrado bastante indolente respecto al terror diario contra los trabajadores del sector de las prendas de vestir. El “accidente” del edificio Rana puede significar un giro progresista para un movimiento de protesta que aparte de eso está a la deriva.

En el mundo atlántico, mientras tanto, la concentración en las guerras contra el terror y en los problemas de la economía impide toda auténtica introspección respecto a un modo de vida que se basa en el consumismo alimentado por las deudas, a costa de los trabajadores de Dhaka. Los que murieron en el edificio Rana son víctimas no solo de la maldad de los subcontratistas, sino también de la globalización del Siglo XXI.

Vijay Prashad es profesor y director de Estudios Internacionales en el Trinity College, Hartford.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=167367

La OTAN y el Oktoberfest de 1980

Iniciativa Debate Público

Rafael Poch / La Vanguardia

Estación central de Duisburg, a cuatro horas de tren de Berlín. Si no fuera porque su realidad supera toda ficción, Andreas Kramer podría ser un personaje de John le Carré. Este hombre de 48 años, sensible, historiador interesado en Bizancio y de hablar un tanto atropellado, ha jurado este mes ante un tribunal de Luxemburgo que su padre, Johannes Kramer, un oficial de los servicios secretos alemanes (BND) que trabajaba para los grupos terroristas de la OTAN (Gladio-stay Behind), fue el autor no solo de la mayoría de los 24 atentados con bomba registrados en el Gran Ducado entre 1984 y 1985, sino también del más mortífero atentado terrorista de la Alemania de posguerra: el de la Oktoberfest de Munich, el 26 de septiembre de 1980, con 13 muertos y 213 heridos, una carnicería nunca aclarada con niños entre las víctimas y muchos miembros amputados.

Esta información ha causado revuelo en Luxemburgo, en lo que se conoce como el “juicio del siglo”, pero no en Alemania. Ningún juez alemán se ha interesado por el asunto, ni ha llamado a declarar a Kramer. Nadie le ha acusado de mentir, ni de ser un charlatán. Ningún medio de comunicación importante se ha hecho eco. Silencio. Ese silencio es lo que me lleva a Duisburg. Kramer me recibe en la estación de esa ciudad del Ruhr y me conduce a una cafetería, donde espera Giselle, su compañera, postrada en una silla de ruedas. Ambos son seres frágiles, pero determinados. Dos individuos se sientan en la mesa de al lado y nos cambiamos de sitio.

¿Le vigila la policía?
Nadie me ha denunciado, no hay ningún proceso judicial contra mí.

¿Controlan su teléfono, su correo electrónico?
Eso sí. Hace dos semanas mi ordenador fue intervenido. Especialistas detectaron que habían instalado en él un programa de espionaje.

¿Cómo es que su padre le contaba sus secretos?
Quería que entrara en Gladio-Stay Behind (la red terrorista de la OTAN, reconocida en resoluciones del Parlamento Europeo y del Senado Italiano) y que fuera director de operaciones. Me entrenaba. No confiaba en nadie pero en mí sí, e hizo algo a lo que no tenía derecho: rompió el secreto de Gladio con su hijo.

¿Acaso era Gladio un asunto familiar?
Claro que no. No era normal reclutar a parientes. Mi madre no sabía nada. Yo era su único hijo varón y confiaba.

¿Cómo era la relación entre ustedes?
Complicada y difícil de resumir. Una relación de confianza basada en mi admiración y respeto. Eso cambió después del atentado de Munich. Para mí fue un punto de inflexión porque me di cuenta de que era un asesino.

Usted tenía 16 años entonces, ¿qué papel tuvo su padre en aquello?
Era oficial de coordinación de Gladio-Stay Behind y tenía el encargo de la ACC (Allied Clandestine Commission) de la OTAN de preparar un atentado. Para eso necesitaba utilizar a otros, gente a la que embarcar como autores. Mi padre los llamaba “tontos útiles”. Mi padre tenía contacto con círculos de extrema derecha e implicó al “Grupo deportivo militar Hoffmann” (la banda neonazi Wehrsportgruppe Hoffmann) en el asunto. Mi padre contactó con Karl-Heinz Hoffmann como camarada, los dos eran de 1937, y se ofreció a ayudarle en su guerra contra la República Federal Alemana. El grupo de Hoffmann estaba a punto de ser ilegalizado. También conocía a Gundolf Köhler (autor del atentado de Munich y único culpable indentificado, fallecido al estallar la bomba) desde la época del Das Kommando, un periódico que editaba el grupo. En una edición de los setenta se ve a Köhler con un casco nazi. Mi padre decía que Köhler era el tipo ideal y que daba igual si moría. No se identificó como agente de la OTAN porque si Hoffmann lo hubiera sabido le habría mandado a sus matones contra él.

“Mi padre creó un equipo con dos oficiales del BND, cuyos nombres no voy a dar, además de Köhler y Naumann, y confeccionaron la bomba en un garaje de Donaueschingen. Mi padre era el principal porque era especialista en explosivos. La bomba tenía que ser fácilmente manipulable y verosímil, en el sentido de que se creyese que gente como Köhler la hubiese podido fabricar. Construyeron varias, hicieron pruebas. Tardaron año y medio. El detonador vino de Uelzen, el explosivo de la Naval Weapons Station de Den Helder (Holanda) y fue entregado por el servicio secreto holandés, donde mi padre tenía contactos con oficiales del Gladio-Stay Behind. Ellos trajeron el explosivo junto con el extintor que se usó. El extintor venía de Inglaterra, era material del MI-6 de los años cincuenta. El explosivo fue transportado en coches particulares, incluido el de mi familia, matrícula BN-AE 500, hasta Donauschingen. Mi padre me informó a lo largo de año y medio de los preparativos. El día del atentado, cuando salió la noticia por la tele, mi padre estaba ante el televisor con nosotros y dijo, “yo no quería eso”. Salimos de la sala, fuimos a otra habitación a hablar, le dije, “¿por qué lo hiciste?”. “Déjame en paz”, me respondió. Estuvo dos días sin hablar.”

¿Estaba deprimido?

¿O sea que no deseaba aquel baño de sangre?
En aquel momento se dio cuenta de que era un vulgar asesino, de que ya no podía volver atrás. Ya no tenía nada que ver con ser soldado, con matar con cierta legitimación en acciones dirigidas contra los rusos enemigos, sino liquidar civiles, contra el propio pueblo. Algunos de los muertos eran jóvenes de mi edad, “has matado a gente como yo”, le dije.

¿Y qué contestó?
“Calla, eso no es asunto tuyo”.

Un año después del atentado de Munich se detuvo a un guardabosques de extrema derecha llamado Heinz Lembke que había dado explosivos al grupo de Hoffmann, pero el día antes de que declarara ante el juez fue encontrado ahorcado en su celda…
Mi padre me dijo que la víspera de aquel 1 de noviembre de 1981, Lembke fue visitado por gente del BND de su equipo en la cárcel y que no había muerto de muerte natural.

En Munich hay un grupo de abogados y de familiares de víctimas que sigue buscando, sin ningún éxito, explicaciones a aquel atentado, ¿se han puesto en contacto con usted tras su declaración en Luxemburgo?
No. Tampoco yo me he puesto en contacto con ellos: cuanta más gente meta en esto, más peligro para mí….

Pero la publicidad es la mejor protección…
Esa gente tiene derechos como víctimas, pero hasta el día de hoy, la fiscalía de Munich ha impedido cualquier clarificación, denegando las reclamaciones de abogados y familiares. Igual que en Luxemburgo (más de 80 documentos) en el caso de Munich se han destruido pruebas, en mi opinión por obra del BND. De lo contrario no es posible destruir pruebas de un caso tan importante.

En Luxemburgo usted dijo que no habló antes de todo esto porque su padre, fallecido en noviembre, le había amenazado.
Sí, pero ya antes de que muriera contacté con Daniele Ganser (el profesor suizo, autor de la gran investigación sobre este tema, “Los ejércitos secretos de la OTAN”, 2005). Mi padre me advirtió expresamente contra cualquier contacto con Ganser. “Se ha acercado demasiado a nuestros secretos y tu sabes demasiado sobre ellos, si contactas con él, me encargaré de que os liquiden a los dos”, me dijo. Eso me animó a contactar con Ganser. Me encontré con él en algún lugar de Europa. Lo importante es que aparezcan los documentos secretos, que el adversario los ponga en circulación. ¿Cómo? Muy simple: yo he golpeado un nido de avispas, les he puesto la trampa de la miel poniendo las cosas encima de la mesa, ahora tienen que venir las moscas. Es un nido de avispas porque Gladio no es un problema alemán, sino internacional. En los años ochenta todos los estados miembros de la OTAN tenían sus grupos Gladio-Stay Behind. Todos. En Italia se investigó, hubo una comisión de investigación en Bélgica, y ahora en Luxemburgo, pero en Alemania no se aclara nada. La justicia alemana está ciega del ojo derecho. Me podrían haber abierto un proceso por difamación desde el BND o el BfV (la policía política), pero no han hecho nada. Algunos periodistas de grandes medios me han llamado pero no han escrito nada. El segundo canal (ZDF) me grabó una entrevista, pero no la ha emitido.

Además de su participación en Munich y Luxemburgo, usted afirma que su padre también estuvo implicado en las llamadas “masacres de Brabante” en Bélgica…
En Luxemburgo no hubo víctimas, en Bélgica 28, que se suman a los 13 muertos de Munich…

¿Cómo justificaba su padre toda esa locura?
Se trataba de quitarse de en medio a los comunistas. En Europa la mayoría de los gobiernos de nuestro entorno eran socialistas y subvertidos por los comunistas, la meta era eliminar a esos gobiernos. En Europa solo se querían gobiernos de derecha para tener un baluarte contra el comunismo ya que en Europa el Pacto de Varsovia superaba ala OTANen3 a1 en armas convencionales. Se pensaba que los comunistas tenían demasiada influencia.

Pero, ¿podía creer alguien en serio que en un país como Luxemburgo existiera un peligro comunista?
Si se empaqueta bien cualquier mentira puede ser vendida como verdad, como un caramelo…

¿…y cuál era el envoltorio en este caso?
Crear miedo y fortalecer la seguridad interna. Para eso había que escenificar un terrorismo. Y la gente que lo hizo eran oficiales en contacto con Estados Unidos, gente que tenía que ver con la guerra de Vietnam. Los atentados sucedieron no mucho después de la guerra de Vietnam concluida en 1975. No aprendieron nada de aquellas barbaridades y aterrorizaron a sus propios aliados europeos. Así creían luchar contra el comunismo.

Vamos a madurar o el viento nos hará caer verdes

 

 

Iniciativa Debate Público

Paco Bello | Iniciativa Debate | 28/04/2013

Demócratas. Somos muy demócratas. Creemos que lo cívico y responsable es votar, elegir, participar, y… yo lo comparto. ¿Cuándo empieza eso?

Voy a comentar algo que no se plantean, al menos públicamente, las personas “influyentes”. De esto nunca se habla, porque es muy incómodo y peligroso, así que es mejor convertirlo en algo poco serio, y casi casi infantil. Irrelevante.

Para hacerlo, y poder ejemplarizarlo, vamos a obviar a los dos partidos más queridos y odiados de este país, porque sería demasiado fácil que estuvierais de acuerdo. Y vamos a utilizar para la hipótesis al tercero en liza: IU (lo voy a utilizar porque es el único partido notorio, y con un ideario sobre el papel, con el que pueda sentir alguna afinidad).

Supongamos que hoy se celebran unas elecciones con una participación normal (entre el 70 y el 75%). Supongamos que IU consigue diez millones de votos y con ello la mayoría absoluta. Bien, acabamos de darle un cheque en blanco a un partido por toda una legislatura.

Si atendemos a los antecedentes en aquellas instituciones que este partido ha dominado (a nivel provincial, local o de comunidad autónoma en coalición), se da la circunstancia de que nunca ha consultado sus decisiones, e incluso han puesto en cuestión que se consulte en ciertos casos (y eso que estamos hablando de un partido con tintes progresistas). Por esto, tampoco valdría de mucho que pretendieran consultar solo aquellas cosas que ellos decidieran relevantes, porque nadie debe valorar motu proprio lo que es o no importante para los demás.

Retomo: supongamos ahora que IU decide algo como crear una banca pública (algo con lo que yo mismo estaría encantado), supongamos que no consulta a nadie (porque no lo haría). ¿Es legal? Sí, y además es norma. ¿Es legítimo y democrático? En absoluto. Supongamos ahora que decide tomar una medida contraria a mis principios ¿Tengo que rendir pleitesía por haber elegido una opción concreta? ¿Tengo que comerme el paquete completo de propuestas por aquello de que son “el menos malo”? Ahora supongamos que hacen algo contrario a su programa, como por ejemplo plegarse por responsabilidad a las exigencias de Bruselas (harto probable, porque no se descarta en su tendencia) ¿Por el hecho de haberles votado tengo que aceptar lo que ellos digan? ¿No eran demócratas?

Pues en realidad no, porque eso no es democracia, e incluso no lo sería con el 100% de los votos, porque la mecánica está viciada. Personalmente, ni con la medida que me gusta estaría de acuerdo, porque me pongo en la piel de aquellos que no la aprueban y no han podido decidir, y porque les estamos imponiendo una medida, y eso se hace en las dictaduras. Para qué hablar entonces de lo que no me gusta o de aquello con lo que me han estafado.

Bueno, pues olvidad ahora que hemos puesto a IU (que nunca ha gobernado a nivel nacional) como ejemplo, pues eso mismo, y sin conjeturas, les estará pasando y les ha pasado a los votantes de PSOE y PP. Aunque un partido se aproxime a tu línea ideológica (si es que la tienes), no tienes por qué estar de acuerdo con un programa monolítico, ni tienes por qué aceptarlo, y tienes derecho a sentirte utilizado. Al hilo de esto, empieza a parecer ridículo mantener las clásicas y manidas excusas para justificar semejante disparate.

No hay ninguna razón de peso para seguir aceptando este absurdo, por mucho que insistan los interesados en autorizar una práctica que no superaría la mínima prueba lógica. Por mantener la paz y por espíritu democrático, sí debemos aceptar la decisión de la mayoría… pero la mayoría no son unos pocos elegidos que deciden por los demás una vez alcanzan el poder. La democracia es un ejercicio diario, y no algo que se pone en valor una vez cada cuatro años y que pierde su esencia en cuanto se cierran las urnas.

Lo peor de todo, aunque no modifique el fundamento de la injusticia, es que según se prevé, en las próximas elecciones se podría alcanzar una mayoría absoluta con tan solo cinco millones de votos. El partido ganador, con el soporte de cinco millones de personas, podría imponer sus decisiones a 30 millones que no lo han votado pudiendo hacerlo. Esto no puede continuar. El sistema no puede seguir permitiéndose funcionar de arriba a abajo ni un día más, pero tendremos que esperar algún tiempo para saber si lo que queremos es ser súbditos o ciudadanos.

Para ello habrá que saber si somos conscientes de que nuestro miedo no tiene sentido. Que lo que debería hacernos estremecer es dejar nuestro futuro en manos de personas que se arrogan la potestad de decidir por nosotros. Hoy, como ayer, unos pocos prepotentes están actuando al margen de nuestra voluntad, y yo, sin querer ponerme ahora en la piel de los demás, no me siento… no puedo sentirme representado por aquellos a los que no he concedido semejante privilegio. Si algo me va a afectar y no me consultas, estás ejerciendo de déspota, aunque constantemente, y ensuciándola, te llenes la boca de la palabra democracia.

Tenemos miedo de dejar el país en manos de una población en casi todos los casos con un comportamiento más que responsable en su cotidianidad, y en otros tantos, además, con varias carreras y un Babel de idiomas… y preferimos que unos personajes egoístas y que a duras penas hablan el castellano, dirijan nuestro destino (bien orientados para servir a ciertos intereses, todo hay que decirlo). Esto habrá que repensarlo.

Pero lo que deberemos pensar muy seriamente es hasta qué punto estamos condicionados (seguramente mucho más de lo que creemos). Y cómo es posible que hayamos sustentado esta farsa durante tanto tiempo, y además ufanos por nuestro modelo de convivencia.

Ya es momento de cambiar. Librémonos de esta casta que nos desprecia. Despojémonos de ataduras y tradiciones malsanas y acabemos con este sinsentido.

Es posible y es necesario.

Cómo:

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O implícate, y sé una/o más para repartirnos todo el trabajo que hay por delante:

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Si queremos, podemos.

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http://iniciativadebate.org/2013/04/24/solo-os-pedimos-algo-que-podeis-dar-sin-tener-nada-y-no-es-vuestro-silencio/

Vamos a madurar o el viento nos hará caer verdes

 

 

Revolución vs. Involución

Posted: 27 Apr 2013 10:16 AM PDT

Iniciativa Debate Público

Eldiario.es

Islandia está a punto de devolver el poder a los impulsores de las políticas neoliberales que llevaron al país al colapso económico a finales del año 2008. El centroderecha encabeza todas las encuestas para proclamarse vencedor en las elecciones legislativas que se celebran este sábado.

Los colegios electorales han abierto sus puertas a las 9:00 horas en una jornada en la que cerca de 230.000 islandeses están llamados a las urnas para elegir a los 63 integrantes del Parlamento. Alrededor del diez por ciento del electorado ha votado ya por anticipado, según los datos de la Autoridad Electoral.

Los principales sondeos apuntan a una mayoría cómoda del centroderecha frente al desplome de la coalición de izquierda que ha gobernado Islandia en los últimos cuatro años, y la única duda parece ser si ganará el conservador Partido de la Independencia o el centrista Partido del Progreso, virtualmente empatados. Ambos han estado en los últimos años en la oposición.

Centristas y conservadores gobernaron juntos entre 1995 y 2007, un período donde comenzó la ola privatizadora, empezando por los principales bancos de la isla, que en una onda expansiva insólita llegaron a tener un tamaño equivalente a diez veces el PIB de Islandia y cuya quiebra situó al país en una crisis sin precedentes.

Las duras protestas de enero de 2009 se llevaron por delante al gobierno del conservador Geir H. Haarde, que tuvo que dimitir en pleno, y auparon al poder a la Alianza Socialdemócrata y al Movimiento de Izquierda Verde en un ejecutivo encabezado por Johánna Sigurdardóttir.

Aciertos y errores del gobierno de izquierdas

A la luz de las encuestas, el primer gobierno de izquierda en 69 años de independencia de Islandia no ha cumplido las expectativas generadas, y pese a que ambos partidos han cambiado de líderes, los sondeos les vaticinan una pérdida de al menos la mitad de los votos obtenidos en 2009.

Aunque ha logrado estabilizar las finanzas obteniendo un ligero crecimiento económico y reducido el paro y la inflación, el programa de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el gobierno ha seguido a rajatabla ha tenido un coste social elevado.

La coalición de la primera ministra socialdemócrata, Jóhanna Sigurdardóttir, no ha resuelto el alto endeudamiento hipotecario de las familias, ni ha sacado adelante la reforma del sistema de cuotas pesqueras, ni una iniciativa popular para reformar la Constitución.

Si a ello se le añaden las disputas en el seno de la coalición por cuestiones como la UE y el litigio sobre las indemnizaciones a ahorradores extranjeros por la quiebra del banco Icesave se entiende por qué el Gobierno quedó en minoría a mitad de la legislatura y con unas cotas de impopularidad muy elevadas.

Ese descontento ha sido aprovechado por el Partido del Progreso, tradicional “hermano pequeño” de los conservadores y que por primera vez podría ganar unos comicios gracias a su oposición a los acuerdos firmados por el Gobierno en el caso Icesave y a su propuesta para reducir un 20 % la deuda hipotecaria de los islandeses.

Socialdemócratas y “rojiverdes” se agarran al ligero repunte que muestran las últimas encuestas, aunque los sitúan todavía lejos del centroderecha, aun recurriendo al apoyo del centrista “Futuro Brillante”, una nueva formación que al igual que el “Partido Pirata” cuenta con muchas opciones de entrar en el Parlamento.

Las hipotecas y el ingreso en la UE, en el centro de la campaña

La campaña electoral ha girado en torno al problema de las hipotecas, muchas vinculadas a la inflación -que se disparó con la crisis-, y a otros temas como el empleo o la sanidad, además del ingreso en la UE, que ahora mismo parece una quimera.

Forzada por sus aliados “rojiverdes”, Jóhanna Sigurdardóttir suspendió temporalmente las negociaciones con Bruselas en enero, apelando a la imposibilidad de concluirlas antes de los comicios, cuando hace cuatro años la líder socialdemócrata hablaba de hacer un “ingreso exprés” antes incluso que Croacia.

El conflicto con varios países de la UE por el caso Icesave y por las cuotas de captura de caballa y la crisis del euro han hecho renacer el tradicional euroescepticismo de los islandeses.

Según una encuesta publicada hace dos días por la televisión pública “RÚV”, el 52,2% se opone al ingreso frente al 27,6%, aunque hay una mayoría favorable a concluir las negociaciones. Tanto el Partido de la Independencia como el Partido Progresista no solo son contrarios a la adhesión, sino que defienden el fin de las conversaciones y la retirada de la solicitud de ingreso.

La “congelación” de la constitución ciudadana

La legislatura ha terminado en Islandia sin que se haya tramitado la reforma constitucional que nació de las protestas de la calle. El actual gobierno ha expresado su intención de volverlo a intentar si repite al frente del país, sin embargo, el Partido del Progreso, que ha encabezado hasta ahora la oposición, ha adelantado que no seguirá adelante con la reforma si regresa al poder.

El texto de la nueva carta magna, elaborado por un grupo de 25 ciudadanos, es considerado una referencia internacional para una salida alternativa a la crisis política y económica. El texto avanza en aspectos como la soberanía del pueblo, los cambios en el sistema electoral, la separación de poderes o la propiedad de los recursos naturales.

Revolución vs. Involución