La prescripción, esa gran desconocida.- ¿Revolución?.- Fascismo de Sitcom.


Teniente Kaffe / eldiario.es

Es la palabra comodín en prensa cuando se trata de los delitos “de cuello blanco”, o de aquellos cometidos por nuestros mandatarios políticos, cuando aprovechan el cargo para llevárselo crudo. Pero, ¿sabemos realmente lo que es la prescripción de un delito? La gente parece entender que es una fecha que, una vez llegada, deja los delitos impunes. Y, en pocas palabras, es así. Sólo que, si todo fuese tan sencillo, los abogados no tendrían trabajo.

Comencemos por el aspecto filosófico de la cosa. En teoría jurídica, se considera que el Estado no puede perseguir perpetuamente a sus ciudadanos. A ello se opone un principio básico recogido en nuestra Constitución: la seguridad jurídica, que no es, ni más ni menos, que el derecho a que el Estado sea predecible, que no salga por peteneras de repente, como un villano psicópata de película. Además, las “acciones”, que así se llaman los resortes a través de los cuales se hacen valer los derechos, no son eternos. Ninguno lo es. No existe el alquiler perpetuo, ni el contrato de trabajo interminable (aunque sea indefinido, y si no, recuerden la edad de jubilación forzosa). Por ello, el “ius puniendi”, el derecho que el Estado se atribuye para castigar la comisión de delitos, también tiene fecha límite.

Así que nuestro Código Penal recoge el asunto en en el artículo 130 y los que le siguen, junto a otros supuestos de extinción de la acción penal. Algunos de esos supuestos son de sentido común, como la muerte del delincuente, aunque pueden causar dolor añadido a la víctima, como ha sucedido con los padres de niños robados por la trama en la que, supuestamente, participaba la finada Sor María. Desaparecido el clavo sobre el que golpear, el martillo del Derecho Penal debe volver a la caja de herramientas. A menos, claro está, que aparezca otro clavo.

Junto al fallecimiento del culpable, está la prescripción. El artículo 131 establece una serie de plazos, según la gravedad del delito: cinco años para delitos menos graves, diez años para delitos graves castigados con menos de diez años de cárcel, y así vamos subiendo. Hasta que llegamos a los veinte años, fecha en la que prescriben hasta los delitos más graves. ¿Todos? No, en un rincón del Código, un pequeño grupo de tipos penales resiste ahora y siempre a la prescripción. Son algunos de los crímenes más horrendos, los de genocidio, los de lesa humanidad, los crímenes de guerra, o los asesinatos terroristas. Esto supone una disfunción, porque si las leyes penales españolas no contemplan la cadena perpetua, ¿cómo es que hay delitos que nunca dejan de ser perseguidos? Cosas que tiene el firmar determinados tratados internacionales, que te obliga a meter estas cuñas.

El caso es que, existiendo un plazo límite de prescripción, una vez cometido el delito se pone en marcha el contador y ya, ¿no? Pues no. El artículo 132, en su párrafo segundo, establece que la prescripción se interrumpe desde que el procedimiento se dirige contra el responsable. Es decir, si alguien comete un asesinato, la prescripción comienza a correr desde su comisión. Pero si, a los diez años, aparece una prueba de ADN que identifica a un sospechoso, el tiempo de prescripción se borra, desaparece, y se comienza a contar desde cero. Por eso, a veces, los no expertos en Derecho cuentan mal los plazos de prescripción, y dan por transcurrido el plazo, cuando hubo actuaciones judiciales que lo interrumpieron. Como ejemplo, hay quien da por prescritos hechos de los que se imputan a Iñaki Urdangarin, que todavía no lo están. Para que no haya dudas, la última redacción del Código introduce instrucciones precisas de cuándo se considera una causa dirigida contra su responsable.

El plazo no vuelve a arrancar hasta que no se paraliza la causa en el Juzgado. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no se llevan a cabo actuaciones relevantes, que hagan avanzar la causa. En la segunda mitad de la década pasada, hubo bastantes delitos de difusión de pornografía infantil que prescribieron porque el material informático quedaba atascado en los laboratorios de policía científica. Imaginen el panorama: un grupo de menos de quince técnicos, para toda España, tenían que realizar análisis forenses a los centenares de discos duros incautados en cada operación policial del territorio nacional, de esas de las que explotaba una prácticamente cada semana. Se generó un cuello de botella que llevó a tiempos de espera de dos, tres y hasta cuatro años para obtener una prueba pericial en regla. Los delitos de ese tipo, cometidos antes de 2004, prescribían a los tres años.

Eso me lleva a los delitos tributarios y de corrupción. Así como nadie sabe cómo suena un árbol al caer en el bosque, si no hay nadie allí para oírlo, nadie sabe cómo suena el dinero público al esfumarse, porque no suele haber allí nadie más que el que lo trinca. En consecuencia, el agujero suele descubrirse años después. Encima, se trata de delitos que conllevan penas de prisión relativamente cortas para lo que la sociedad demanda (aunque colgar a los culpables por sus gónadas es una pena que no puede entrar en nuestro Código, así que me temo que esa demanda quedará mucho tiempo insatisfecha), por lo que el descubrimiento de los hechos suele producirse peligrosamente cerca del final del plazo de prescripción, o directamente transcurrido el mismo, como sucedió con el famoso caso Fundescam.

¿Solución? Hay quien propone la imprescriptibilidad de esos delitos, lo que, directamente, me parece una barbaridad. Puede que sea una solución subir la pena que conllevan, como se ha hecho recientemente con el fraude fiscal, lo que hace subir correlativamente el plazo de prescripción, aunque con ello corremos el riesgo de cargarnos todo el principio de proporcionalidad.

Otra solución, con todos los matices que se quiera, consistiría en que el plazo de cómputo comience en el momento en que aparezcan indicios de la comisión del delito. O que la aparición de esos indicios actúe como causa de interrupción del plazo. Al fin y al cabo, un delito de homicidio se conoce porque suele aparecer un cadáver (aunque no siempre), y un robo con fuerza deja tras de sí una puerta forzada, o una caja de caudales reventada. Quizás el comienzo del plazo de prescripción debería contemplar la dificultad de afloramiento del delito, y adecuarse a él.

¿Imposible? Miren, los juicios de Nuremberg fueron una barbaridad en términos de Derecho Penal contemporáneo: tribunales constituidos ad hoc (los que formaron los aliados), para condenar por tipos penales que no existían, porque no había leyes que los contemplasen (ni había ni hay nada parecido a un Código Penal internacional). Simplemente, era algo tan terrible que sus culpables no podían irse de rositas. Sin más.

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La prescripción, esa gran desconocida

¿Revolución?

Iniciativa Debate Público

Manuel Castells / La Vanguardia

Sin dimisión, revolución!”, coreaban los manifestantes contra la corrupción política en las calles del país. Fuerte palabra, evocadora de destrucción y violencia. Y, sin embargo, técnicamente hablando, una revolución política es el proceso de cambio estructural de las formas de gobierno por caminos no previstos institucionalmente. Frecuentemente con acciones pacíficas, aun con episodios de violencia aislada. Las revoluciones surgen de la combinación entre una situación insoportable y el bloqueo institucional a la expresión mayoritaria de la voluntad popular de cambio político. Esa parece ser la situación en España en este momento. De ahí surge el “que se vayan todos” o “el pueblo unido funciona sin partido”. En un reciente artículo, el prestigioso periodista Manuel Campo Vidal señalaba la coincidencia de una grave crisis económica y social; la convicción generalizada de que la corrupción política es sistémica y afecta a todos los partidos; una crisis de legitimidad de la monarquía envuelta en escándalos de índole diversa; y un avance notable del soberanismo catalán y, en menor medida, vasco. Según una encuesta de Metroscopia realizada antes de la insustancial comparecencia de Rajoy, la expectativa de voto del PP ha caído al 23,9%, 22 puntos menos que en las legislativas. Y el PSOE, en lugar de ser alternativa, se sitúa por debajo, con un 23,5%. Pero ese porcentaje es sobre votos válidos con una participación, según la encuesta, del 53%. No sólo el primer partido es la abstención, sino que nos gobierna una arrogante entelequia que cuenta con el apoyo de apenas un 13% de los ciudadanos. Y así las cosas, se enroca el presidente, se blinda el PP y se invoca la Constitución que de tanto mentarla para justificar entuertos acabará en la basura de la historia. El 76% no se cree las explicaciones del PP. Y ante todo eso, lo único que pide Rubalcaba, tras titubear, es que dimita Rajoy y pongan a otro de la misma trama, puesto que lo que parecieran revelar los papeles de Bárcenas es una trama extendida al conjunto del liderazgo del PP y organizada en su origen por Aznar. Si Rajoy está pringado, lo están todos. Y si Rubalcaba no pide elecciones es porque sabe que el revolcón le alcanzaría a él y se podría estar en una situación de hundimiento de los grandes partidos. Si el rechazo contra el PP y los partidos es generalizado, en promedio un 80% según los temas, y los partidos se niegan a convocar elecciones, en medio de una crisis total, no es disparatado hablar de la necesidad de una revolución política pacífica. ¿Pero cuál?

He consultado fuentes diversas, tanto dentro del 15-M como de ciudadanos indignados por libre. Y se perfilan algunos escenarios posibles. No son fantasías juveniles, sino que tienen el precedente de Islandia, donde las movilizaciones del 2008 y el 2009 obligaron a convocar elecciones en las que se hundieron los dos grandes partidos tradicionales y pasó a gobernar una coalición que nacionalizó los bancos y elaboró una nueva Constitución con amplia participación ciudadana por internet. Hoy Islandia crece más que Alemania y goza de estabilidad financiera y política. Es un pequeño país, pero la democracia no depende del tamaño de la población, sino de la voluntad del pueblo.

El cambio político podría empezar con la convocatoria inmediata de elecciones mientras administra el país un gabinete técnico de consenso. Pero por sí mismas las elecciones no resuelven el problema, porque casi todos los partidos actuales forman parte de ese sistema deslegitimado para la mayoría de los ciudadanos. La palanca del cambio podría ser una coalición compuesta por asociaciones cívicas con apoyo de alguno de los pequeños partidos existentes coincidentes, como en Islandia, en un solo punto programático: elaborar una nueva Constitución que reforme el sistema político, incluyendo una ley electoral, control de la financiación y medidas concretas contra la corrupción previa investigación y sanción de las irregularidades cometidas. El mecanismo de reforma de la Constitución debería ser ampliamente participativo, como en Islandia, e incluiría el debate sobre las nacionalidades del Estado y sobre el control de la banca. Una plataforma electoral de este tipo tendría una posibilidad real de llegar al Gobierno contando con un apoyo de los movimientos sociales, de jueces realmente defensores de la justicia y de periodistas profesionales que influyeran en sus medios. Lo demás sería cuestión de iniciar una reforma política en profundidad mientras un gabinete provisional y supeditado a los electos gestiona la crisis defendiendo los intereses de la gente.

Precisamente porque es posible un cambio pacífico por vía electoral los grandes partidos rechazan las elecciones. Y ahí se plantea cómo obligarlos a su convocatoria. Mis interlocutores hablan de una movilización multiforme que incluya manifestaciones, ocupaciones del espacio público y ocupaciones de edificios en los que funciona una administración que en la práctica ha usurpado el poder. Edificios que podrían ser ocupados desde dentro por quienes ahí trabajan. Claro que la policía impide ocupar el Parlamento, pero sería imposible prevenir la ocupación de centenares de edificios en todo el país. Lo cual requeriría que millones, no miles, fueran los ocupantes. Por tanto, se trata de conseguir una movilización mucho mayor de la ciudadanía. Y ahí es donde la ocupación simbólica del espacio de la comunicación por los profesionales de los medios y por internet desempeña un papel decisivo. Si la intransigencia de los políticos continúa, formas de desobediencia civil más radicales pueden desarrollarse, desde suspender el pago de hipotecas hasta retener el pago de impuestos esperando un gobierno que el movimiento considere democrático. Y con la posible cooperación de unos policías que cada vez están menos dispuestos a ser los malos de la película en temas en los que en realidad están de acuerdo. Si una clase política deslegitimada (para el 60% la mayoría de políticos no son honestos) rechaza una reforma creíble de sí misma, una revolución, adaptada en formas y contenidos a nuestro contexto histórico, tiene más visos de realidad que la permanente ocupación del Estado por unos representantes en los que los ciudadanos no se reconocen representados.

Fascismo de Sitcom

Iniciativa Debate Público

Daniel Bernabé / GRUNDmagazine

Muchos análisis caracterizan esta crisis no sólo como una crisis económica, sino también de régimen. Una crisis que debido al impacto que está teniendo en la vida cotidiana de muchas personas hace que estas se empiecen a plantear todos los ámbitos que conforman este modelo social: la organización económica, la estructura política, el carácter de la democracia, e incluso todo el andamiaje cultural o de valores. Esto es cierto, pero sólo a medias.

Es cierto en cuanto a que esta crisis revela la verdadera naturaleza del capitalismo decadente y ruinoso de principios de Siglo XXI, un sistema incapaz de desarrollar ninguno de sus factores productivos, abandonado a la ruleta especulativa que enriquece enormemente a unos pocos y condena a la miseria al resto.

Pero este análisis de crisis como fin de régimen no es cierto en cuanto a que aún la mayoría de la población no lo percibe como tal. Han hecho falta cinco años para que el descontento empiece a aflorar, un descontento con una naturaleza parcial y estanca. Un día abren el telediario unos señores estafados por las preferentes; otro día unas señoras enfadadas porque les cierran el ambulatorio de su pueblo; unos obreros despedidos por esa estafa llamada ERE para al minuto siguiente ver como cubren sus puestos con trabajadores precarios. Los ejemplos son cientos y reflejan el ambiente de enfado y descontento, pero sobre todo de desorientación, algo así como una pesadilla que, aunque cerremos los ojos muy fuerte, no desaparece al abrirlos. El descrédito de la izquierda reformista (la que acepta el capitalismo como sistema menos malo); la incapacidad de la izquierda transformadora para adaptar su análisis y acción a la fragmentación de la clase obrera; y sobre todo, un tenaz y refinado sistema de control ideológico que hizo olvidar a los trabajadores quién son ellos y quién su enemigo; explican esta situación por la que el enfado no se transforma en ideología liberadora, por la que no se establecen relaciones entre las causas y los efectos y todos los problemas permanecen fraccionados sin encontrar complicidades.

Sin embargo hay una idea que sí ha tenido un éxito completo en este entorno (se ha asumido como propia y se replica constantemente a sí misma). La idea de la clase/casta política. Esta idea básicamente opone esa abstracción llamada ciudadanía frente a los políticos. Viene a decir que los políticos son los culpables máximos de la situación, que sus intereses propios son los que nos han llevado a donde estamos.

Que esta idea haya tenido tanto éxito tiene diversas explicaciones. La primera de ellas es el bajo nivel político general de este país y la cobardía inmensa -arrastrada como una rémora desde el franquismo- de hablar de política en público. Es una idea de fácil aceptación en la barra del bar; bravata que no nos compromete con nadie y nos hace parecer gente preocupada por la situación que nos rodea. No hace tanto, quien se atrevía a hablar en público de política desde unas posiciones de izquierda que no tragaba con aquella gran estafa del milagro económico español (ese ladrillazo en el que usted, querido lector, fue víctima propiciatoria) era tratado como poco con extrañeza, cuando no con hostilidad.

La segunda causa del éxito de esta idea es que ha sido replicada desde la ultraderecha populista (donde nace, busquen el libro que acaudilla el término) hasta por sectores del 15M, sobre todo en aquel primer momento -el más masivo- donde lo que parecía importar, más que la pedagogía política de explicar por qué estamos en este desatre, era crear una catarsis que diera salida al descontento para que no fuera una amenza real para el sistema. Es decir, el constructo casta política se ve apadrinado por campos aparentemente antagónicos, lo que le da una imagen de globalidad para la sociedad que lo adopta.

El tercer elemento que explica el éxito de esta falacia es en apariencia el más obvio: el carácter profundamente inútil, corrupto y procaz de la mayoría de políticos nacionales, autonómicos y municipales. La crisis ha servido como desmaquillador para esos cargos públicos electos que decían preocuparse por los “currantes”, esos hombres llanos que un día ponían los pies encima de la mesa de la Casa Blanca y al siguiente echaban una partidita de dominó con cualquier paisano.

Los que nos oponemos frontalmente al término de casta política, no lo hacemos porque defendamos a Bárcenas o a Rato, sino porque sabemos que esta idea es inútil, en cuanto a lo que pretende criticar, e interesada, ya que oculta a los verdaderos responsables de la crisis.

El concepto de clase política es una de esas ideas impuestas que, sin tener base real, han tomado la realidad misma. Una clase es un grupo social que tiene unos intereses propiosen base a su relación con el sistema económico. Esa clase puede mutar, tener subdivisiones, adoptar otras formas, pero siempre que mantenga los intereses y la relación, seguirá existiendo. Y los políticos no son todos iguales, ni tienen intereses propios, ni tienen una relación directa con el sistema productivo. La primera idea nos va quedando clara, ¿verdad? Los políticos no son una clase social en sí misma.

“Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa” decian Marx y Engels en el Manifiesto Comunista escrito en 1848. Como ven lo que ocurre no es nuevo. Esta es la idea principal. No existe clase política, lo que existe es una mayoría de políticos y una mayoría de partidos que pretenden legitimar un sistema económico injusto y voraz con algún tipo de sistema electoral y parlamentario. Que legislan no de acuerdo a sus intereses (y por supuesto no de acuerdo a los intereses que dicen defender) sino a los intereses de sus jefes: los grandes empresarios y los banqueros, fundamentalmente.

De aquí podemos extraer decenas de análisis concretos. Por ejemplo, en la tan de moda corrupción. Si se fijan, desde los grandes medios se insiste en el carácter individual del asunto, en la manzana podrida, en el malvado metido a político. Nada más lejos de la realidad. La corrupción bajo el capitalismo es sistémica, es decir, es el capitalismo quien necesita a la corrupción para funcionar. ¿O para qué creen que sirve el dinero de los sobres? Para obtener jugosos contratos públicos, leyes favorables, tratos de favor. Bien es cierto que existen paises donde la corrupción es más sibilina, donde el poder sabe lo importante que es mantener su apariencia de legalidad para conservar la legitimidad a ojos de la gente. O paises donde directamente la corrupción se ejerce de forma legal mediante la forma de lobbys de presión o financiación de candidatos presidenciales.

De ahí la inutilidad del movimiento ciudadanista o de profundización democrática cuando sólo se queda en aspectos técnicos (sistema electoral, democracia directa, asamblearismo, sin duda importantes) y rehuye la crítica global del sistema económico-político. Las desigualdades no surgen de las decisiones políticas, sino que determinados políticos son los ejecutores de las necesidades del poder económico. Así, por ejemplo, la privatización de la sanidad no es un capricho de Güemes, sino que este ejerce de mamporrero -de pelo absurdamente frondoso y brillante- para los inversores que posiblemente apostaron por él. Esto tiene su efecto en las protestas: si nos fijamos se rodea el congreso pero no la sede de la CEOE o de Goldman Sachs. ¿Ignorancia o desvío de la atención?. Algunas veces parece que seguimos teniendo ese carácter infantil que nos hacía gritar al lobo del guiñol, cuando la verdad es que detrás del lobo había una mano que lo manejaba.

Por otro lado, esto de la casta política, en un momento de crisis, sirve para que opciones políticas con tradición de combatividad y postulados actuales anticapitalistas no crezcan, o al menos no lo hagan lo suficiente. Porque sí, porque todos los políticos no son iguales. Porque decir que Montoro y Alberto Garzón son lo mismo es una canallada política; porque decir que las CUP y CIU son lo mismo es grotesco; porque meter en el mismo saco a Tania Sánchez Melero y Ana Botella es terrorismo intelectual. Y la cuestión, no es siquiera las personas individuales -aquí es como en la corrupción pero justo a la inversa- es entender que hay organizaciones políticas que responden a unos intereses diferentes de los del poder económico. Es comprobar cómo la dialectica entre los trabajadores y sus organizaciones se demuestra cierta, y cuanto más avanza el combate, la protesta y la manifestación social, más espacio hay para alternativas políticas que respondan a ese movimiento. Podríamos decir que mientras que las organizaciones de izquierda son máquinas (mejor o peor engrasadas, ese es otro tema) para la lucha política de los que menos tienen, de los de abajo, de los trabajadores, los partidos de derecha son cáscaras huecas sustituibles según sea oportuno (Francia es un buen ejemplo de esto).

Lo fundamental es entender, por nuestros intereses, que no se trata de clase política y ciudadanos, se trata de diferentes clases de políticos y diferentes clases de ciudadanos; ciudadanos con intereses contrapuestos: unos tienen el poder económico y otros la fuerza de trabajo; unos la necesidad de explotar a los otros para mantener sus niveles de vida escandalosos y otros de librarse de esa explotación para tomar las riendas de sus vidas.

Llegados a este punto deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿lo de la casta política es producto de la confusa situación de indignación o hay algo más detrás?

Partiendo de la base de, como he dicho antes, que el nacimiento del término tiene lugar en esas sacristías de la reacción que son los medios ultraderechistas, y que sus voceros no tienen reparo en hacer uso del término una y otra vez, deberíamos empezar a sospechar lo peor. Y no sólo en el sentido del interés de alimentar la confusión que evite que la izquierda transformadora crezca.

¿Qué es el PP? A mí me recuerda a aquella película llamada La invasión de los Ultra Cuerpos. Un envoltorio en el que caben diferentes intereses, todos relacionados con la posesión de los medios de producción: desde los pequeños caciques regionalistas, hasta la gran burguesía centralista; desde las sectas ultracatólicas, hasta los creyentes en ese dios llamado especulación; desde el gran financiero, hasta el negrero de polígono industrial; pasando por elementos declaradamente franquistas o émulos del tea-party norteamericano. El único pegamento que mantiene unido al Partido Popular no es una ideología concreta, sino el amor al dinero y el odio hacia todo lo que huela a pérdida de sus privilegios. ¿Soy el único que se acuerda de cómo en el 2004 hubo hostias -literales- en Valencia entre zaplanistas y campsistas?¿Respondía esto a algún tipo de escaramuza ideológica o más bien a qué familia controlaba el dinero público?. El Partido Popular es el partido de la burguesía española, responde sobre todo a los intereses de los grandes bancos y las multinacionales (empresas públicas privatizadas) que son quienes dominan este país. Pero su base de afiliados se fundamenta en el clientelismo, en esa corrupción institucionalizada y socializada, tan zafia y casposa, retratada por Berlanga en La Escopeta Nacional o en los palmeros de chándal de táctel aplaudiendo a Camps a la salida del juicio.

El poder no juega nunca con una sola mano de cartas. Mientras que las cosas iban medio bien para el PP no importaba atizar desde el tdt-party con lo de la casta política: los votantes de derechas suelen ser profundamente acríticos con sus partidos. El mensaje iba dirigido, sobre todo, a esa masa de personas desinformadas, adictas al lenguaje grosero y populista de los medios ultras, pero que por su posición social (la mayoría de ellos trabajadores con problemas económicos) podían girar en tiempos de crisis a opciones de izquierdas.

Cuando las cosas empiezan a ir mal para el cascarón vacío que utiliza el poder para llevar a cabo sus propósitos, ya tenemos el caldo de cultivo para que nos impongan una tecnocracia desde la Troika; o remozar al PP al modo (aún más) ultra (o en serio piensan que Pedro J., uno de los personajes más oscuros y dañinos de este país, ha destapado lo de Bárcenas por su espíritu democrático…); o bien apostar por una tercera opción comodín como puede ser UPyD.

¿Qué es UPyD sino un cascarón vació donde cabe todo? UPyD puede ser el recambio del PSOE si este se acaba de desplomar definitivamente, UPyD puede ser el recambio del Partido Popular si es imposible mantenerlo por el desgaste de la crisis o la escandalosa financiación ilegal. O incluso UPyD puede ser ese fascismo de rostro amable con actor cabeza-hueca pero atractivo para el público, que diga esa frase de: “En este país lo que hace falta es mano dura y orden” aprovechando las contradicciones con la burguesía de derechas nacionalista del PNV o CIU. Nunca se fíen del “no somos de derechas ni de izquierdas”, los fascismos empezaron igual.

El fascismo no es otra cosa que la respuesta desesperada de la burguesía ante la posible revolución. Esto es, antes de perder sus privilegios prefieren otorgar el poder a esa alternativa populista que les despega de la culpa y que instaura el sistema de la dialéctica de las pistolas. O dicho de otra forma, la democracia que vivimos, esa que otorga el voto al vagabundo que se muere de hambre, les vale mientras que salgan los partidos que defienden sus intereses; cuando ven peligrar su modo de vida, no tienen ningún pudor en financiar otra opción que les permita seguir conservando su riqueza aunque sea en base a cargarse su legitimidad -y la libertad y la vida de muchos-.

¿Exageración? Miren a Grecia y su Amanecer Dorado y la connivencia con el PP griego, la policía y el ejército. Ya buscaremos luego la cabeza de turco para justificar las medidas “excepcionales”: los inmigrantes, el paro, algún “estado terrorista” de la orilla sur del Mediterráneo… Lo que sea. Que nadie se espere un general de bigote afilado y mirada torva: el fascismo del siglo XXI será un fascismo con rostro de sitcom.

A mí me parece estupendo dar caña al bipartidismo, principal mediador político de la situación de herrumbre de este país; o al sistema institucional, un mero aparato para salvaguardar los intereses de clase de la burguesía. Me parece genial destapar de una vez por todas esa mentira llamada “ejemplar” Transición, donde unos lo cedieron todo y otros casi nada. Pero me parece estupendo siempre que esta crítica -despiadada si es necesario- vaya unida indefectiblemente al sistema económico del que surge toda la desigualdad criminal: el capitalismo.

Lo otro, lo de la casta política, al final vale para leer aberraciones tan grandes como proponer como salida a esta situación “Una Constitución cuya redacción sea tutelada, si es necesario, por juristas constitucionalistas de los EE. UU. y la Unión Europea. Si no sabemos hacerlo mejor, pidamos ayuda a aquellos que sí saben” (Cristian Campos, El Virus se extiende, Jot Down) y que decenas de miles de lectores lo aplaudan enfervorecidos, sin darse cuenta de que precisamente esa es ya la situación actual: nuestra soberanía económica es dictada a manu militari por la mafia financiera internacional, y su representación institucional, llamada Troika.

Nunca me he fiado de los advenedizos, ni de la gente que se da golpes en el pecho con el palillo en la boca, ni de los que dicen “verdades como puños”. Y lo de la casta política es eso, alimento putrefacto envenenado por el apoliticismo.

Lo único que nos queda, en un momento tan jodido como este, es el análisis, la ideología, la organización. El espíritu sumamente crítico incluso con lo que parezca indignación, porque quizá, precisamente por ahí, es por donde intentarán colarnos a los nuevos camisas pardas.

http://www.grundmagazine.org/2013/fascismo-de-sitcom/

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