“La patria vale más que la democracia…”

 

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El País

El título del debate, Fuerzas Armadas y ordenamiento constitucional, no permitía prever el cariz que acabaría tomando el acto, pero el general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro se metió al público en el bolsillo cuando proclamó: “La patria es anterior y más importante que la democracia. El patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley”.

Un centenar de personas abarrotaba el pasado 6 de febrero el salón de la Gran Peña, un club de rancio aroma frecuentado por militares retirados en la Gran Vía madrileña. Entre los ponentes figuraban, además del general, el presidente de la Sala de lo Militar del Supremo, Ángel Calderón, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, y el magistrado y director de la Revista Jurídica Militar, José Antonio Fernández Rodera, como moderador.

El acto se desarrolló dentro de los cánones académicos hasta que tomó la palabra Chicharro, comandante general de la Infantería de Marina (un cuerpo con más 4.000 militares) hasta diciembre de 2010. Desde el principio dejó claro que la suya no era una intervención improvisada.

Según varios asistentes, se excusó alegando que en circunstancias normales habría declinado la invitación, pero que la actual “ofensiva separatista-secesionista” le obligaba a hablar. Como único militar entre los oradores, aseguró que en los ejércitos “hay un sentimiento generalizado de preocupación, temor, incertidumbre y confusión”, lamentó su ostracismo y criticó la destitución del general José Mena, en enero de 2006, por criticar el Estatuto catalán.

Aunque reprochó a los nacionalistas que busquen una interpretación tergiversada de la Carta Magna, se aventuró a ofrecer la suya. “El artículo 8.1 no implica la autonomía de las Fuerzas Armadas”, dijo, en alusión al mandato que encomienda a los ejércitos la misión de “defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. En línea con la jurisprudencia, recordó que la defensa de la Carta Magna corresponde al Tribunal Constitucional y al Gobierno, al que el artículo 97 de la Constitución atribuye la dirección “de la Administración civil y militar”.

Hasta ahí, la parte ortodoxa de su discurso. Recurriendo siempre al condicional y sugiriendo las respuestas en forma de preguntas, desarrolló luego una teoría justificativa del golpe de Estado. El problema se produciría, dijo, “si los responsables de la defensa de la Constitución no se comportaran como su función requiere”. Y ello le llevó a preguntarse “cuál es el rango normativo del título preliminar de la Constitución”.

No lo dijo, pero lo dio a entender: el artículo 8.1 forma parte del núcleo duro de la Carta Magna, lo que no sucede con el artículo 97, el que determina la subordinación de las Fuerzas Armadas al Gobierno, por lo que su fuerza imperativa sería menor.

El general se adentró por la peligrosa senda de las hipótesis al invitar a imaginarse qué sucedería si el PP perdiera la mayoría absoluta en las próximas elecciones y los nacionalistas le exigieran, a cambio de su apoyo, la reforma del artículo 2 de la Constitución, que consagra la unidad indisoluble de la Nación española. “¿Qué hacen entonces las Fuerzas Armadas?”, se preguntó. No dio ninguna respuesta. O tal vez sí, porque agregó enigmáticamente: “Una cosa es la normativa y otra la praxis”.

Si los mecanismos de defensa del orden constitucional no funcionan, por acción u omisión, entonces…”, concluyó. La única autoridad que pareció resistir su revisión constitucional fue la del Rey; convertido, como en el 23-F, en mando efectivo de las Fuerzas Armadas.

Si Chicharro quería ser ambiguo, el público no lo interpretó así. Su intervención fue recibida con una gran ovación, salpicada por gritos de “¡Bravo! ¡Bravo!”.

Ya en el coloquio, la mayoría de preguntas fueron incluso más lejos que el general. Quien cortó en seco la deriva fue el catedrático González-Trevijano. “La alternativa a la Constitución es un suicidio colectivo”, advirtió.

El general Chicharro está en la reserva, pero no retirado. Sigue sujeto al código disciplinario castrense, que castiga al militar que “exprese públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o sindicales”. Además, está destinado en la asamblea permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, un selecto órgano asesor del ministro de Defensa en materia de recompensas que evalúa la “conducta intachable” de los militares.

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España y otras dictaduras árabes


Iniciativa Debate Público

Santiago Alba | Cuarto Poder | 27/02/2013

Vista desde Túnez, dos años después de la revolución que derrocó a Ben Ali, España resulta inquietantemente familiar. En el año 2010, el 55% de los jóvenes diplomados tunecinos estaba en paro y esa es también la cifra hoy en nuestro país. En el año 2010, la aplicación de políticas neoliberales en Túnez, con la privatización de más de 400 empresas públicas, había agravado la pobreza en las regiones y las desigualdades en las ciudades, y esa misma política de “reformas”, “ajustes” y “recortes” ha condenado ya a miles de españoles a la muerte civil. En el año 2010, un sistema tentacular de corrupción mafiosa, como una garrapata nacional, extraía riqueza en Túnez de cada cuerpo y cada institución, y hoy en España sale a la luz la normalidad subterránea de una clase política y empresarial que -desde la Corona a los partidos- se ha dedicado durante años a la doble contabilidad, la desviación de fondos, el fraude fiscal y la succión vampírica del dinero público.

En el año 2010, miles de jóvenes tunecinos emigraban o intentaban emigrar al extranjero para ganarse la vida y hoy son miles también, todos los días, los jóvenes que abandonan España para tratar de encontrar trabajo en Alemania, Suiza, Brasil o Argentina. A finales del año 2010, cuando estallaron las revueltas en Sidi Bouzid, el dictador tunecino que había empobrecido y humillado a su pueblo declaró a los pacíficos manifestantes “terroristas contra la legalidad” y “enemigos del Estado” y mandó a su policía a reprimirlos; y hoy en España, de forma muy parecida, los mismos que han desnudado a los ciudadanos, vaciando para ello de sentido las elecciones y el Parlamento, acusan de “golpistas” y “antisistema” -birlibirloque freudiano- a los cientos de miles de personas que salen a la calle, con sus pechos y sus carteles, a defender la sanidad y la enseñanza públicas y mandan contra ellos sus policías y sus leyes de excepción. A finales del año 2010, la inmolación de Mohamed Bouazizi en un pueblo de Túnez levantó una trágica acta de acusación contra el régimen de Ben Ali y hoy, en España, tras decenas de suicidios inducidos de víctimas de desahucios, la inmolación por el fuego de una mujer de 47 años en una sucursal bancaria -socialización extrema del dolor individual- cose con una puntada atroz, a la vista de todos, la muerte y la política. El que se cuelga de una soga en su habitación, tenga o no razones, está impugnando el cosmos; el que se prende fuego en un espacio público, con fundamento o no, está reclamando justicia. Ninguna ley puede condenar al gobierno por una muerte inferida con la propia mano, pero sí debería haber una que pudiese condenarlo por prevaricación, fraude electoral, denegación de auxilio y violación de la constitución.

Muchas de las causas que llevaron a la revolución tunecina se mantienen desgraciadamente vivas, pero sirva este paralelismo apenas forzado para iluminar la situación en nuestro país. Nuestras mareas de indignados denuncian una “dictadura de los mercados”; pero podríamos decir también, sin perder la moderación, que España se ha convertido en “otra dictadura árabe”: paro, corrupción, criminalización de las protestas, desprestigio de las instituciones del Estado, colapso de la democracia. ¿Es lo mismo? No, no lo es. Más allá de la violencia mortal directa -que no hay que descartar si la marea no baja- encontramos al menos dos diferencias.

La segunda diferencia -empecemos por ella- está relacionada con la velocidad de la crisis y la composición sociológica de la población. En Túnez, la dificultad para acceder a bienes de consumo y la lucha -cuando no la supervivencia- clandestina transformaron la sumisión, apenas estalló la revuelta, en una inmediata aprehensión de los peligros y las oportunidades. En España, el rapidísimo descenso al Tercer Mundo desde una posición de consumo privilegiada y desde un Estado del bienestar relativamente bien asentado vuelve casi “increíble” la crisis, impide interiorizar su carácter estructural y entorpece en parte la asunción subjetiva de la necesidad de resistencia ciudadana.

En cuanto a la primera diferencia, tiene que ver con la composición misma de las élites gobernantes. En Túnez el poder estaba concentrado en un dictador y en una familia y frente a ellas la chispa de la rebelión convocó enseguida una especie de unanimidad nacional de la que formaban parte también sectores empresariales y élites reprimidas. No es sólo una cuestión de que en Túnez el poder estuviese más localizado y menos legitimado (que también); se trata de que en España la ciudadanía está mucho más sola. La “dictadura de los mercados”, en efecto, ha cooptado y corrompido al conjunto de las instituciones y ha implicado a casi todos los partidos y sindicatos, alimentando un desprestigio de la política que, además de fecundar el terreno para las alternativas neo-populistas y neo-fascistas, dificulta la legitimación social y la organización política de las protestas. Digamos la verdad: si la mayor parte de la población apoya virtualmente las reivindicaciones, ninguna fuerza política organizada -salvo grupos muy pequeños o por razones tácticas muy interesadas- está dispuesta a acompañar a las mareas ciudadanas hasta el final. La marea puede evaporarse como una rambla fugaz si no choca y derriba los obstáculos; y su fuerza misma depende de que encuentre canales para aumentar la presión y, llegado el caso, proponerse como alternativa de poder.

Como en Túnez en 2010, en España el malestar es vago e intenso; y la demanda de democracia y dignidad vagas e intensas también. La derecha, consciente de los peligros, ha comprendido que la crisis económica y política conduce sin remedio a la necesidad de un nuevo proceso constituyente y una “segunda transición”. Ante el derrumbe del PSOE y el desgaste del PP, preparan los recambios e incluso aceleran de manera controlada el fin de régimen para poder seguir sosteniendo las bridas en medio de la tormenta e inclinar el malestar ciudadano una vez más a su favor. ¿Y las izquierdas? Las izquierdas deberían comprender que, si ese malestar y esa demanda son potencialmente anticapitalistas, no son ellas las que están en mejor posición para gestionarlas; sus sensatísimos programas son “inaudibles” porque sus partidos y sus sindicatos, sus líderes y sus símbolos, han quedado también impugnados por la irrumpiente subjetividad de la crisis. Cuando los peligros son pequeños y las posibilidades de intervención nulas, uno puede enorgullecerse de ser una minoría y dedicarse a conservar los propios himnos y las propias banderas. Cuando los peligros son gigantescos y el margen de maniobra mucho mayor -porque hay gente en la calle o dispuesta a salir a la calle- no se puede renunciar a ser mayoría, porque el más pequeño parche, en estas condiciones, sólo se puede poner desde el gobierno y porque, en estas condiciones, el más pequeño parche tiene ya una dimensión revolucionaria.

Que esta “vaga intensidad negativa” conduzca a un nuevo proceso constituyente democrático o a una “segunda transición” hacia un capitalismo aún más duro dependerá en parte de la capacidad de la izquierda para volcar su programa en el molde de un programa común; es decir, el de esa “gente común” que ha tomado conciencia del fraude y aspira, como en Túnez, a una verdadera democracia basada en la dignidad, la libertad y la justicia social.

(*) Santiago Alba Rico es escritor y filósofo.

¿Hay algún criptógrafo en la sala?

 

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AbsurdosCospedalPP

Paco Bello | Iniciativa Debate | 27/02/2013

Lo que digan o dejen de decir desde el circo de la actual política de partidos, poco nos debiera importar. Pero traigo esta declaración simplemente por el auténtico despropósito que supone.

Groucho no hubiera tenido narices a desarrollar semejante discurso, y eso que fue un tipo realmente brillante. Para demostrarlo os dejo también una muestra para que podáis hacer la comparación. A ver con cual de los dos os reís más.

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¿Declaración de o contra la soberanía de Cataluña?

 

Published On: Lun, feb 25th, 2013

Sociedad | por Paco Bello

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Daniel Escribano y Àngel Ferrero | sinpermiso.info | 24/02/2013

Una versión preliminar de este artículo se publicó el 13 de febrero en catalán en la página web del semanario Directa. La presente versión castellana es de los propios autores.

Ninguna nación merece la independencia hasta que es independiente. Ninguna nación es digna de ser libre hasta que es libre.

James Connolly, “Economic Conscription (I)”, Workers’ Republic, 18 de diciembre de 1915

El pasado 23 de enero, el Parlament de Cataluña aprobó la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, por 85 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones. Vessar tinta, mala astrugància,(1) dice el refrán. De todas propuestas y enmiendas presentadas y debatidas dentro y fuera del Parlament, la declaración finalmente aprobada, vendida como “solución de consenso” —¿“consenso” entre quién y con qué objetivos?—, es la peor para los derechos nacionales y sociales del pueblo catalán.

Pero vayamos por partes. La propuesta de declaración de Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) contenía un preámbulo claro, pero, en el apartado declarativo, sobraba el eufemismo —que encontraremos en todas las demás propuestas— del “derecho a decidir”, que, jurídicamente hablando, no solamente no significa nada, sino que evita mencionar el derecho de autodeterminación, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (en vigor desde 1976 y ratificado por España en 1977) y al que debería apelar la nación catalana en un verdadero proceso de independencia.(2) Sobre la relación con la Unión Europea (UE), en el texto sólo se hablaba de sus “principios”, sin decir explícitamente que, en el caso de que Cataluña se constituyera en estado independiente, tuviera que ser miembro de ella. A esta propuesta siguieron rápidamente las de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) y la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres (CUP-AE).

La propuesta de ICV se abría con un preámbulo históricamente ignorante. Así, se afirmaba que el Estatuto aprobado por las Cortes españolas el 9 de septiembre de 1932 representaba la “voluntad de autogobierno del pueblo catalán”. Pero ¿desde cuándo una ley de las Cortes españolas es fundamento de una declaración de soberanía catalana? Huelga decir que el texto omitía cualquier referencia al Proyecto aprobado por la Diputación provisional de la Generalidad de Cataluña el 14 de julio y avalado con el voto afirmativo del 99% de los votantes (hombres) que participaron en el referéndum y, por ello, al brutal tijeretazo de que fue objeto en las Cortes españolas, que redujeron los 52 artículos del proyecto a 18 y una disposición transitoria (además de los recortes en las facultades autónomas de los escasos artículos no suprimidos).Estas omisiones plantean serias dudas sobre la sinceridad de las protestas federalistas de la coalición, por cuanto, en el preámbulo del Proyecto, el estatuyente proclamaba que “Cataluña quiere que el Estado español se estructure de manera que haga posible la federación de todos los pueblos hispánicos, ya establecida de momento mediante estatutos particulares como el nuestro, ya de manera gradual”. Conforme a esta concepción federalista, el artículo primero definía a Cataluña como “un Estado autónomo dentro de la República española”. Como deberían saber los redactores de esta propuesta, el constituyente republicano rechazó la propuesta federalista catalana e impuso ya desde el primer artículo de la ley fundamental el “Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones”. Lo expresó con toda claridad el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Jiménez de Asúa, en su discurso ante las Cortes, el 27 de agosto de 1931, con motivo de la presentación del Proyecto de Constitución: “Deliberadamente no hemos querido decir en nuestra Constitución que España es una República federal; no hemos querido declararlo, porque hoy tanto el unitarismo como el federalismo están en franca crisis teórica y práctica. […] Se han federado aquellos países que vivieron dispersos y que más tarde quisieron vivir en régimen colectivo. El caso de España es inverso: Estado unitario hasta ahora; varias de sus regiones pretenden autonomía”.(3) Por ello, en la definición del texto estatutario aprobado por las Cortes españolas, Cataluña quedó reducida a la categoría de “región autónoma dentro del Estado español” (art. 1).

En lo tocante al apartado declarativo de la propuesta de ICV, el apartado quinto del punto segundo ofrecía al poder español la base para bloquear sine die el proceso soberanista: “Se impulsarán, de modo conjunto por los grupos parlamentarios favorables al derecho a decidir, en el Parlament de Cataluña y en las Cortes generales, todas las iniciativas legislativas que puedan ser necesarias para el ejercicio de este derecho. Al mismo tiempo, se promoverá un marco de diálogo y negociación con el Estado para acordar los mecanismos y las condiciones de la convocatoria de un referéndum”. Esta propuesta, además, aceptaba acríticamente la pertenencia de Cataluña a la UE.

El texto de la CUP-AE mejoraba sensiblemente la propuesta de CiU-ERC. A pesar de incluir en el preámbulo cuestiones no relacionadas estrictamente con el tema, al menos exponía la cuestión del precedente estatutario de la Segunda República de modo históricamente veraz y, aunque asumía acríticamente el eufemismo del “derecho a decidir” en el apartado resolutivo, se trataba claramente la cuestión del referéndum (punto 7), y no telegráficamente y de modo esquemático, como en la propuesta de CiU-ERC. La propuesta de la CUP-AE, además, consideraba la posibilidad de secesión unilateral de España, al incluir la desobediencia civil como mecanismo de defensa ante las medidas represivas del poder español. También preveía la posibilidad de abrir un proceso de diálogo con la UE sobre los términos en que Cataluña se tendría que incorporar (o no) a ella.

¿Qué quedó de todo esto? Digámoslo ya: una chapuza que incluso contenía faltas de ortografía y preposiciones y pronombres mal utilizados y que, desde el punto de vista político, puede ser utilizada como freno al proceso de independencia. Así, el preámbulo contiene evidentes manipulaciones históricas, como, por ejemplo, que “con la proclamación de la Segunda República española, en 1931, se constituyó un gobierno catalán, con el nombre de Generalidad de Cataluña, que se dotó de un Estatuto de Autonomía”, como si el proyecto aprobado por la Diputación provisional de la Generalidad hubiera sido el Estatuto definitivo y jamás hubiera pasado por el cedazo de las Cortes españolas. Asimismo, en la línea del discurso legitimatorio de la monarquía reinstaurada, los partidos redactores de la declaración pretenden que “el régimen dictatorial del general Franco” duró sólo “hasta 1975”, cuando es una interpretación historiográficamente consolidada que la dictadura no acabó con la muerte del dictador, que el reconocimiento de las libertades públicas lo impusieron las movilizaciones obreras y populares y que la elite política franquista no empezó a aplicar proceso de democratización alguno antes de 1977.

Si el preámbulo es aberrante, el apartado declarativo no es mejor. En una supuesta declaración de soberanía, se menciona un total de 0 veces el término derecho de autodeterminación, en beneficio del omnipresente e insignificante “derecho a decidir”. Tampoco aparece compromiso alguno en punto a la convocatoria de un referéndum, pero, en cambio, se anuncia que “se negociará con el Estado español”, lo que implica una evidente degradación del concepto de soberanía, en la medida en que ésta queda constreñida por la negociación del “derecho a decidir” con el Estado del que la nación catalana se plantea separarse. Por si quedaba alguna duda respecto a “la voluntad de negociación” del Estado español, la portavoz del gobierno español, Soraya Sáez de Santamaría, anunció días después la decisión de llevar la declaración de soberanía al Tribunal Constitucional. Las formaciones que, retóricas aparte, son contrarias a la celebración de un referéndum de autodeterminación han logrado, además de eludir este último término en el texto, difuminar el contenido del “derecho a decidir” mediante la sustitución de la formulación de una pregunta con las opciones y no como posibles respuestas por una alusión ecuménica a la “pluralidad y el respeto a todas las opciones”, lo que implica que el “derecho a decidir” se asemeje más a una encuesta de preferencias políticas que a un referéndum. Si el objetivo de este redactado carente de significado era no cerrar la puerta a una organización federal de los diversos pueblos bajo la administración del Estado español, habrá que recordar que esta cuestión sobrepasa la capacidad de decisión de la nación catalana —Cataluña puede y debe decidir cómo se organiza ella, no cómo debe organizarse el conjunto de los pueblos bajo administración española— y que la constitución de un estado catalán independiente no sólo no impide, sino que más bien es una precondición para emprender un verdadero proceso de federalización de España. Y es que si, como decía Jiménez de Asúa, “[s]e han federado aquellos países que vivieron dispersos y que más tarde quisieron vivir en régimen colectivo”, parece claro que la organización federal requiere como fase previa la independización de los sujetos federables. Y la propia experiencia republicana y el reciente fracaso del proceso de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña atestiguan el agotamiento de cualquier proyecto federalizante que no parta de esa base.

Finalmente, en la declaración aprobada por el Parlament, la cuestión de la UE se cierra de modo torpe y eurocéntrico, reduciéndola a una apelación a los “principios fundacionales de la UE” y asociándola hipócritamente a los “derechos fundamentales de los ciudadanos”, como si los derechos humanos hubieran sido una creación de la UE.

Si del proceso soberanista tiene que salir una república catalana, no será precisamente gracias a una declaración de “soberanía” como ésta. Considerando los diversos textos presentados y el contenido de la declaración aprobada, existen dudas muy razonables sobre la voluntad de CiU e ICV respecto a que el pueblo de Cataluña ejerza efectivamente el “derecho a decidir”. ICV rechazó la propuesta de CiU-ERC con el extravagante argumento de que la convocatoria de un referéndum sobre la constitución de un estado catalán prejuzgaba su resultado, por lo que será difícil interpretar como algo más que retórica las protestas de defensa del derecho de autodeterminación que de aquí en adelante pueda hacer la coalición.(4) Una parte de la militancia, no sólo de ICV, sino también de la coalición Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y, sobre todo, del PSUC Viu presiona a la dirección para que no firme “declaraciones soberanistas” y defienda una vía federalista que todo el mundo salvo ellos considera inviable mientras no parta de un marco previo de soberanía catalana.(5) Y este rechazo le vino como anillo al dedo a CiU para utilizarlo como excusa para eliminar del texto la referencia a un referéndum que no quiere, pero manteniendo, al tiempo, las ilusiones de independencia para, en realidad, mantenerse a sí misma en el gobierno. Será la movilización popular quien empujará a los partidos que han engendrado esta declaración a hacer lo que no quieren hacer, o no será. Y, mientras tanto, l’ou com balla (6).

Notas: (1) Verter tinta, mal augurio. (2) El politólogo Jaume López ha intentado dotar al concepto de más entidad y, en su empeño, tras una argumentación verdaderamente jesuítica, ha conseguido muy probablemente lo contrario. Así, escribe que, en el derecho a decidir, “la nación no es el punto de partida, sino el punto de llegada por la vía de la democracia”. Es decir, “somos una nación porque podemos decidir”, no “podemos decidir porque somos una nación”. Ahora bien, incluso aceptando el supuesto de López, para poder decidir primero ha de determinarse jurídicamente quién es el sujeto político de decisión (el supuesto objetivo de la declaración de soberanía). Véase “Dret a decidir vs. Dret a l’autodeterminació”, Ara, 25 de abril de 2012. (3)Luis Jiménez de Asúa, Proceso histórico de la Constitución de la República española. Madrid: Editorial Reus, 1932, pp. 54-55. (4) Asimismo, existe el preocupante precedente de su abstención en el Congreso de los Diputados en la votación sobre la admisión o no a trámite de la Propuesta de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi, el 1 de febrero de 2005, cuya aprobación, huelga decirlo, habría significado mucho menos que un ejercicio de autodeterminación, por lo que es razonable suponer que quien no acepta lo menos difícilmente aceptará lo más. (5) En el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió, un 46’4% de los encuestados se mostró favorable a la independencia de Cataluña y un 22’4%, a favor de un estado propio dentro de una España federal. “El sí a la independència podria superar el 70% del referèndum”, Vilaweb, 21 de febrero de 2013. (6) Expresión catalana que tiene su origen en una popular tradición que se celebra el día de Corpus Christi. En los surtidores de las fuentes de claustros, patios y jardines se coloca el cascarón de un huevo vacío, que gira sin caerse. Equivale a la española ‘marear la perdiz’.

Daniel Escribano es traductor. Àngel Ferrero es miembro del comité de redacción de Sin Permiso

Traducción para www.sinpermiso.info: los propios autores