¡No doy crédito!

 


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Díaz Ferrán: ¿intocables, pero menos?

Gerardo Díaz Ferrán sabía que el Grupo Marsans iba a quebrar, pero, en lugar de liquidarlo ordenadamente para pagar a sus acreedores, empleados y clientes, se subió el sueldo. Una vez descapitalizada la compañía, se la vendió a Ángel del Cabo, el ‘señor lobo’ de las empresas españolas: las descuartiza y las hace desaparecer sin dejar huella del dinero y, sobre todo, sin devolver las deudas.

Esto sucedió en verano de 2010. Dos años constituyen, al parecer, el ciclo de maduración que las autoridades españolas han estimado óptimo para detener a un patrón de cierto calibre. Porque Gerardo Díaz Ferrán fue una persona muy importante entre 2007 y 2010. Los empresarios le eligieron como su representante, su reflejo ante la sociedad y su interlocutor ante el Gobierno. Esta última faceta la desarrolló muy bien. De hecho, en 2009 el ministro Pepe Blanco no intervino Air Comet hasta que no se cercioró que no tenía dinero ni para combustible. A ver si iban a decir que un socialista le metía mano al jefe de los patronos por muchos viajeros que dejara colgados sin Navidad.

Pero, insisto, dos años. Pruebe usted a hacer en su pyme la mitad de lo que hizo Díaz Ferrán con el Grupo Marsans, sus 4.000 ex trabajadores y con los 16.719 acreedores de sus 373 millones de pasivo. ¿Cuánto cree que tardaría en estar entre rejas?

No se aprecia en la patronal, el desgaste que están sufriendo las reputaciones de los otros dos colectivos de la casta: sindicatos y políticos. Su blindaje tiene otro grosor. Piensen en qué bien han salido del escándalo algunos de sus más insignes miembros en estos años tan crudos.

Piensen en César Alierta. El Tribunal Supremo consideró probado que empleó información privilegiada para obtener, junto a su sobrino, un beneficio de 1,86 millones de euros. Pero, qué lástima, también consideró que el delito estaba prescrito. Diez años para eso. Dictaron la sentencia el 22 de diciembre de 2010, un día después de la dimisión de Díaz Ferrán.

El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán / Antonio Heredia

Piensen en Alfredo Sáenz. El Supremo consideró probado que, bajo su supervisión, Banesto amedrentó a dos empresarios y convenció al juez Pasqual Estivill para que los encarcelase sin ningún motivo. Por tamaña fechoría, el tribunal le condenó a la friolera de tres meses de prisión e inhabilitación. Pero ahí estaba el Gobierno para indultarle y el Banco de España para no atreverse ni a prohibirle el ejercicio de su noble profesión.

El Mundo tituló el editorial sobre la impresentable absolución de los Albertos por la prescripción del caso Urbanor de manera memorable: In dubio, pro rico. Podría pensarse que las cosas empiezan a cambiar. Disculpen mi escepticismo.

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