Despejando la incógnita del Partido “X”

Published On: Lun, ene 14th, 2013

Primera Plana | por Paco Bello

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Paco Bello | Iniciativa Debate | 14/01/2013

Quizá el titular sea demasiado pretencioso, pues desconozco quiénes son sus promotores e integrantes, aunque debo decir tampoco me importa demasiado por el momento. Lo que sí quisiera significar previamente, es que soy partidario de cualquier acción ciudadana que aspire a mejorar la situación con el objetivo puesto en las mayorías, simplemente por haberse comprometido a ello. Pero en este caso quiero hacer algunas reflexiones sobre el modelo que plantean desde esta nueva formación, y desde la información de la que se dispone en este momento.

Un apunte más. Me permito hacer las siguientes consideraciones, entre otras cosas, porque en 2011 participé en la creación de un partido político similar, y sé lo que nos costó elaborar unos estatutos pensados para evitar que la propuesta pudiera, precisamente, convertirse en un arma ideal para los que queríamos combatir. En el transcurso de su redacción hubieron algunos debates tensos organizando y estructurando la regulación que conjugara ese riesgo, intentando al mismo tiempo conceder todo el poder a las Asambleas. Pienso, aunque ya no crea en su viabilidad, que lo hicimos bien y fuimos transparentes y metódicos, publicando toda la información y dando la oportunidad de que cualquiera pudiera presidir aquella coordinadora inicial (cosa que hasta el último momento nadie quiso afrontar, y se hizo por descarte, tocándole a un reticente Carlos Delgado), o para que nos pudieran suceder (cosa que anhelábamos) en el menor tiempo posible.

Empecemos por el asunto del anonimato.

Personalmente, y en general, a mí me interesan las ideas y no los nombres, excepto por hacer un seguimiento de alguien que me haya resultado interesante (esto con un seudónimo puede resolverse). He apoyado y apoyo movimientos activistas que no tienen nombres públicos ni caras públicas, y he entendido y compartido sus motivos para afrontarlo así.

Pero en este caso es diferente, porque hablamos de un partido político como centro de gravedad y llamamiento de toda una propuesta, y en algún momento deberá existir una lista de candidatos. Precisamente por esto, no acabo de entender el motivo de tanta precaución (pese a que lo intentan explicar en su página). Y debo decir que no me produce más que alguna desconfianza, porque existen muchos métodos abiertos, para aún dando la cara, no ser vistos como una amenaza.

Pese a todo, insisto: ya digo que a mí me preocupa bien poco quién figure en ese grupo inicial, para empezar, porque aún no conocemos ni sus motivos, ni sus intenciones al respecto, ni la fórmula electiva que pretenden aplicar (aunque quizá sea llamativo el éxito de difusión pese a ello). Y para acabar, porque sin mayor transparencia, no creo que tengan ninguna posibilidad real de cambiar nada, aunque en este país nunca se sabe (y el que tiene padrino se casa). Lo que me preocupa algo más, es no saber quién está al frente de su aparato de propaganda primario. Como ya hemos aprendido: si quieres saber quién decide, busca al del megáfono (o página web, o al creador del perfil de las redes sociales, o…). En cualquier caso, si lo menciono es porque han sido muy profesionales a la hora de ocultar cualquier dato (contratando ese anonimato), y dónde no se lo han podido saltar, como ocurre con los dominios “.es”, han hecho que figure su persona de paja. Aunque ya digo que esto no me parece en sí, necesariamente, un argumento para la crítica, siempre que decidan explicar en algún momento, y con claridad, los motivos de tanta discreción.

Dejemos ya lo del anonimato, y pasemos a hablar de lo importante: el programa.

Superficialmente el programa del nuevo partido es extraordinariamente atractivo, no hay duda. Se tocan todos los palos que parecen mover los anhelos de la mayor parte de la ciudadanía. Grosso modo, y una vez bien definidos para evitar que fueran en realidad un arma arrojadiza, o una herramienta para desviar votos indecisos, u otro (como dice Manuel Castells con satisfacción en La Vanguardia) “canalizador de la rabia popular”: los firmaría con sangre. Pero a mí me gusta leer la letra pequeña de los contratos. Y lo malo es que esa letra en este caso, siendo imprescindible, es tan pequeña que no existe.

No he visto que se pongan límites a la decisión popular. Someterse, por ejemplo, a la Declaración Universal de DD.HH. ya sería un principio.

No he visto nada referido al control ciudadano sobre los medios de comunicación del capital (todos los que pintan algo), públicos o privados. Y estos son los que, seamos conscientes o no, y lo queramos o no, crean la opinión pública que se traduce en nuestra realidad.

No he visto ninguna reivindicación concreta sobre educación, sobre protección social, sobre derechos laborales, sobre la propiedad privada o pública de las infraestructuras e industrias básicas, sobre… casi nada. Está claro que plantean solo un modelo, pero que de momento, y como mínimo, a la vista de lo hecho, está en pañales.

Sí he visto sus declaraciones sobre que “nadie opinará de lo que no sepa”, y me pregunto ¿quién decidirá quién sabe y quién no?

Sí he visto que en La Vanguardia, ABC, Onda Cero, La Razón, Rtve, Intereconomía, y otros medios presuntamente menos reaccionarios, tratan con una cortesía nada habitual al nuevo proyecto. Y me hago cruces todavía por la repercusión que ha tenido la noticia en todos ellos, cuando muchos partidos con mayor masa social inicial, y un ideario similar, no la han tenido en absoluto. Y las casualidades no existen a esos niveles.

No tengo derecho tampoco a embestir contra un proyecto que acaba de nacer, y no tengo elementos de juicio suficientes para posicionarme inequívocamente, aunque sí demasiados indicios para saber que acabará no gustándome. Y aunque es muy cierto que, superficialmente, me sumaría a muchas de sus propuestas, las mismas carecen una profundidad más que necesaria, sin la cual, no me dicen nada, o demasiado.

Lo que sí haré, como aviso a navegantes, es recordar la fórmula de Henri Dominique Lacordaire (que podíamos leer en esta entrevista):

“Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el siervo, es la libertad la que oprime y la ley la que redime”

Y más importante si cabe, de esa misma entrevista, esta otra reflexión:

En efecto, siempre hemos sostenido la aspiración “a una revolución económica, social y política digna de ese nombre”. Esta aspiración se deriva inmediatamente de considerar que el estado actual de distribución de la propiedad y las leyes económicas de producción y reproducción, además de implicar una injusticia escandalosa, son una estrategia suicida que amenaza gravemente las condiciones de sostenibilidad del planeta. Es intolerable (por razones morales) que una generación se despreocupe de en qué estado va a dejar el planeta para las generaciones siguientes, pero despreocuparse de que la posible insostenibilidad afecte a la propia generación es ya un problema casi psiquiátrico.

Por otro lado, también es inadmisible que una minoría acapare recursos de un modo que atente contra las condiciones mínimas de existencia de la mayoría de la población. A este respecto, los ejemplos más dramáticos nos parecen la especulación con el precio de los alimentos (especialmente impulsada por el lucro con los biocombustibles) o situaciones como la de la vivienda en España, donde la banca, que acapara un parque inmobiliario de alrededor de 3.000.000 de viviendas vacías, está desalojando a cientos de familias cada día de sus casas al tiempo que recibe fondos públicos (pagados con los impuestos de los desahuciados que, además, tienen que seguir pagando la hipoteca después de perder la casa). Realmente no sabemos qué hay que tener en la cabeza para no defender “una revolución económica, social y política digna de ese nombre”.

Ahora bien, respecto al tipo de “ley” y “juridicidad” que defendemos para el tránsito, la verdad es que lo que más nos gustaría es poder ser reformistas, es decir, que existiesen efectivamente canales legales por los que corregir este estado de cosas. En efecto, si pensásemos que el actual marco jurídico, tal como pretende, permite tomar decisiones democráticas capaces de modificar el orden económico, sin duda defenderíamos, sin más, la ley y la juridicidad que corresponde al diseño formal, si se quiere llamar así, del “Estado burgués realmente existente”.

Si no lo defendemos (y no lo hacemos) no es porque tengamos gran cosa que objetar a ese diseño formal, sino porque, de un modo recurrente y sin excepciones a lo largo de todo el siglo XX, se ha demostrado ese margen formal para la reforma era una completa ficción. No se trata solo de que las dificultades para acceder a las instituciones resulten casi imposibles de salvar (dado el control de los medios de comunicación, en manos de un reducido grupo de corporaciones, dado el control y la opacidad del sistema de partidos, dado el control de la banca sobre la financiación de las campañas, etc.). El problema realmente grave es que cuando, pese a todos los obstáculos, se ha logrado por vía democrática obtener una mayoría legislativa dispuesta a modificar el orden económico, con una precisión casi matemática, un golpe de Estado ha venido a corregir la situación. No ha habido ni una sola ocasión en que no se haya dado al trate con las instituciones de derecho y el orden constitucional y se haya recordado así que las aventuras transformadoras son insolencias que se pagan muy caras. No paramos de repetir casi obsesivamente la lista de golpes de Estado (con las subsiguientes dictaduras militares) que han sucedido a cada intento democrático de realizar transformaciones económicas. Pero es que la regularidad es tan implacable, y la exhaustividad tan esclarecedora, que se impone el deber de no perderla nunca de vista.

Es en este sentido en el que unos reformistas vocacionales como nosotros no podemos dejar de considerarnos revolucionarios: cualquier reformista honesto puede saber de antemano (y debe prever) que no le va a quedar más opción que gestionar una interrupción violenta del orden constitucional. Quien pretenda intervenir en el actual sistema de distribución de la renta o intente tomar medidas que afecten a grandes intereses económicos (por ejemplo para garantizar la sostenibilidad del planeta), debe saber que va a toparse con una reacción violenta capaz de dar al traste con todo el ordenamiento jurídico y recordar a sangre y fuego que el margen para la reforma era una ficción que más valía no tomarse en serio.

El tiempo desvelará el propósito del Partido X. Pero habrá que estar atentos.

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