Manifiesto de 180 jueces contra el indulto del Gobierno a cuatro mossos torturadores.-Alejandro Balbuena | Sevilla Actualidad.

 

 

Iniciativa Debate Público

Público | 29/11/2012

Más de 180 jueces han firmado un manifiesto público contra el indulto concedido por el Gobierno el pasado viernes a cuatro agentes de los Mossos D’Esquadra condenados por torturas, por considerar que supone una “afrenta al Poder Judicial” y una actuación contra la dignidad humana, “impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible”. Además, creen que incentiva comportamientos que deben ser erradicados de cualquier cuerpo policial.

El durísimo alegato, bajo el título “Contra el indulto como fraude, en defensa de la independencia judicial y de la dignidad”, lleva la firma de magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como Joaquín Giménez y Perfecto Andrés Ibáñez, de la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles, del juez de la Audiencia Nacional Ramón Sáez, del exfiscal jefe de Catalunya José María Mena o del actual portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch.

Los firmantes manifiestan que “la actuación del Gobierno en este caso supone un menosprecio a los miles de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Añaden que “es un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial. Por último, y sin embargo más importante, supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio”.

Para estos magistrados, “los derechos fundamentales y las garantías procesales no son frenos a la actuación policial. Por el contrario, son el fundamento de su actuación. Y proteger los derechos de la ciudadanía es la finalidad fundamental de todas las Policías en un Estado Democrático. Así lo entienden la inmensa mayoría de las personas que conforman los diversos cuerpos policiales”.

“Indultar a quienes vistiendo un uniforme policial han realizado hechos tan rechazables es menospreciar a todos los miles de agentes que día a día luchan precisamente contra cualquier acto que vulnere derechos fundamentales. Reducir esas penas, además, parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial”, sostiene el manifiesto.

Los jueces recuerdan que ell Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para asegurar el cumplimiento de sus leyes. En los Estados Constitucionales, la legitimidad para establecer sus presupuestos sólo puede recaer en el órgano que representa la soberanía popular: el Parlamento. “Y la legitimidad para aplicarlas corresponde con exclusividad al Poder Judicial, el cual, además, no puede dejar de imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan acreditados sus presupuestos”.

“Los principios de legalidad e igualdad así lo exigen –prosiguen–. En casos excepcionales, la estricta aplicación judicial de las leyes penales puede producir resultados injustos. El indulto es un mecanismo que permite dar solución a tales supuestos. Puede discutirse qué poder del Estado debe ser competente para su otorgamiento, y a través de qué procedimiento, pero lo que no es susceptible de discusión es su carácter excepcional y su finalidad correctora de tales resultados”.

Para quienes suscriben el manifesto, “el indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada. En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, bien debido a las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese reproche”.

Por ello, creen que “no existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido. Los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana. Conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución. Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional”.

En su extenso alegato, añaden que la tortura es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona. “Esta dignidad es el fundamento de un orden constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar estos hechos. El Gobierno ha dado un paso más. Cuando la Justicia actúa, investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil explicar ante ese Tribunal Europeo semejante comportamiento”.

Todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes. Este signo distintivo del Estado Constitucional marca la diferencia con los regímenes autoritarios, donde los detentadores del Poder están exentos del cumplimiento de las normas. “La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores”, concluyen.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como autores de delitos de tortura tras declarar probado que habían realizado unos hechos gravísimos, destaca el manifiesto. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos.

Las penas impuestas, como en cualquier supuesto idéntico, suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas. El Gobierno decidió en febrero de este año indultar a los agentes condenados para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial inhabilitación por la suspensión, permitiendo el reingreso en el cuerpo. La Audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras el ejercicio del indulto por el Gobierno.

El Gobierno ha decidido conceder un nuevo indulto a esas personas condenadas para sustituir la pena de prisión por pena de multa.

Fuente: Público

Manifiesto de 180 jueces contra el indulto del Gobierno a cuatro mossos torturadores

—————————–

Iniciativa Debate Público

Iniciativa Debate | 29/11/2012

Y aún hoy hay quien se pregunta cuál es el motivo para la enorme desafección que los ciudadanos sienten por el actual marco político. Quizá lo he adornado demasiado, o quizá los que se lo preguntan intentan manipularnos, porque ellos no hablan de “actual marco político” sino de “política”. Y no me parece nada acertado.¿Cómo vamos a creer en nada si cada día nos dan más motivos para alejarnos de ese nido de vívoras en que se han convertido las instituciones políticas?

El caso de los ERE’s de Andalucía es probablemente el más sencillo al que se ha podido enfrentar una Comisión de investigación, y visto el resultado, lo único que nos queda claro, es que una vez más, este tipo de frivolidades (en las actuales condiciones) ha servido para costarnos dinero.

Alejandro Balbuena lo explica mejor que yo, así que ahí queda…

Alejandro Balbuena | Sevilla Actualidad | 28/11/12 10:00 h

El Parlamento de Andalucía asiste este miércoles a un bochornoso circo en el que los payasos visten traje y corbata, ocupan los sillones de los grupos parlamentarios y son artífices de la votación final que dictamina las responsabilidades políticas en el caso de los ERE fraudulentos.

En este circo, los payasos han sido los únicos que han reído al decidir no buscar responsables de una trama que presuntamente ha succionado de las arcas públicas 17 millones de euros, en su estimación más cicatera. Al resto, no nos hace ni pizca de gracia.

La votación de las conclusiones del dictamen de los ERE es la constatación del fracaso de las instituciones y la hipocresía de un sistema político caduco donde malversaciones y corruptelas no están castigadas. Es el refrendo de una burda pantomima cuyo efecto más inminente es una pérdida generalizada de confianza que cotizará al alza, gracias a la inestimable colaboración de todos los grupos parlamentarios.

El esfuerzo radicaba exclusivamente en alcanzar un consenso para señalar a los responsables políticos de una trama ilegal. Una tarea que se ha convertido en misión imposible para los nueve miembros de PP, PSOE e IU que componían una comisión que se ha mostrado incapaz de identificar conjuntamente, con nombres y apellidos, a los culpables de un escándalo político que permanecerá mucho tiempo en la retina de los andaluces.

Sólo tres partidos, tres siglas y nueve personas que no han conseguido ponerse de acuerdo, ya fuera por una ambición desorbitada en buscar culpables, un corporativismo partidista que impedía señalar a compañeros de filas o un pacto de gobierno que ha suavizado desde el principio las responsabilidades atribuidas a cada cual. El balance, un dictamen rechazado por los mismos que lo han redactado después de que unos y otros eliminaran las partes que no le interesaban.

Ahora podemos explicarnos por qué no se ha celebrado con anterioridad una comisión de investigación en el parlamento andaluz. Con el rebote de acusaciones y la tontería generalizada, al final sólo el ex director general de Trabajo aparecerá como el chivo expiatorio de toda una trama escrupulosamente orquestada que, a tenor de las investigaciones, ha estado defraudando a la hacienda pública andaluza durante diez años. Guerrero constará como el hombre que hacía sonar toda la orquesta, él solo, como Juan Palomo.

No hay que olvidar que la comisión era la ocasión de oro para dejar actuar a la política y allanar el camino para que las instituciones y sus representantes recuperaran parte de la denostada confianza. Sus señorías prometieron, aseguraron y convencieron de que la comisión era un ejercicio de transparencia. A su término, todos los que mínimamente confiados volcaron sus esperanzas en ella, se han dado de bruces con la realidad. Gracias a sus señorías, la política andaluza es aún más negra y menos representativa; un auténtico funeral que enarbola banderitas y farolillos sólo cuando las urnas se aproximan.

El presidente de la comisión, en un ejercicio de sinceridad, aseguraba sentir vergüenza de su resultado. Mejor no preguntar qué podrán sentir todos aquellos que ven cómo decenas de millones nutren algunos bolsillos mientras los suyos están cada vez más desolados sin que nadie sea capaz de poner nombres y apellidos a los responsables que lo han permitido. Afortunadamente, aún queda la resolución de la justicia, aunque a la velocidad con la que se deslegitiman las instituciones, habrá que ver por cuánto tiempo. Lo realmente increíble es que, pese a todo, todavía puedan existir incansables que confían en las comisiones de investigación… e incluso en la política. Qué envidia.

www.SevillaActualidad.com

¿Comer bien y llevarte un sobresueldo? Crea una Comisión (ERE’s Andalucía)

Anuncios