Que se juzgue a los verdaderos culpables. Hemos denunciado a Cristina Cifuentes ¿te sumas?

Edición: Internacional |

Martes 02 octubre, 2012

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Primera Plana

Published On: Mar, oct 2nd, 2012

Primera Plana | por Iniciativa

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Paco Bello | Iniciativa Debate | 02/09/2012

No somos legalistas, pero no podemos despreciar las oportunidades que se nos brindan. Y la ocasión aconseja que por una vez sea el pueblo el que denuncie, y por ello, y con toda la razón que nos asiste, hemos denunciado hace excasamente una hora a la delegada del gobierno.

En el siguiente texto presentado por nuestros abogados, tenéis todos los motivos que nos llevan a ello. Y hay que decir que son motivos que no nos afectan únicamente a nosotros, por lo que os animamos a sumaros a la denuncia. ¿Cómo?

Para ejercer vuestro derecho deberíais imprimir el documento de la denuncia (que es el que a continuación podréis leer). En un folio aparte (manuscrito o impreso) tenéis que hacer constar vuestros datos (nombre, D.N.I. y como dirección para notificaciones podéis utilizar el despacho de abogados: C/ Concepción, 22 3º Izd. Albacete 02002).

Bajo estos datos podéis hacer constar algo similar a este texto:

Por la presente, se adhiere a la denuncia que se acompaña contra la delegada del gobierno en Madrid por los delitos contra Altas Instancias del Estado y por desórdenes públicos.

En Madrid a 4 de octubre de 2012

Firmado:

Con esto firmado (junto con la denuncia impresa) podéis presentaros en la Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción, C/Prim, 12 de Madrid, preferiblemente la mañana del día 4 antes de las 10:30 h. O si no os fuera posible, podéis enviarlo por fax (91 319 90 04)

Nadie os podrá decir nada ni negároslo, pues el acto no es una manifestación, sino que estáis ejerciendo un derecho fundamental ante el órgano judicial competente.

¿Cuántos os sumáis? Hagamos que la cola dé la vuelta a la manzana.

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. UNO

AUDIENCIA NACIONAL

Fax: 91 319 90 04

DILIGENCIAS PREVIAS 105/2012

D. Jesús Díaz Formoso, Abogado en ejercicio, con fax para notificaciones número 967600708, actuando en nombre y representación de don Antonio López Moreno, imputado en los presentes autos, cuyas circunstancias y representación constan en autos, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en derecho,

DIGO:

Que, por medio del presente escrito, venimos a solicitar la Declaración en concepto de Imputada de la Sra. Delegada del Gobierno en Madrid, así como la práctica de otras diligencias de prueba, lo que se fundamenta en las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- Que las presentes actuaciones se siguen por el delito previsto en el articulo 494 CP, cuyo texto en vigor establece: “Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”.

Conviene tener presente, desde este momento inicial, el hecho de que el citado precepto del Código Penal, tras la Reforma de 1995, ha dejado fuera del tipo penal gran parte de las conductas que hasta entonces resultaban típicas, así como que ha rebajado sensiblemente la penalidad en relación con el anterior Código.

En el texto actualmente vigente, y en cuanto ahora interesa, se recogen dos requisitos concurrentes, integrantes del tipo: la necesidad de que las Cortes estén reunidas y que, además, se altere su “normal funcionamiento”.

Evidentemente, habiéndose incoado las presentes diligencias sin haber tenido lugar la conducta típica, hemos de entender, dado el carácter de delito de resultado del invocado tipo penal, que tales actuaciones tenían por objeto la identificación de los posibles autores materiales de unos hechos futuros y, por tanto, inciertos.

Sin embargo, como es público y notorio, llegado el día 25 de septiembre, en el que habían sido convocadas diversas manifestaciones, con el objeto común de hacer llegar el enorme malestar ciudadano ante las decisiones de sus representantes en las Cámaras Legislativas (decisiones políticas que vienen siendo adoptadas por el Legislador, gravemente perjudiciales para la ciudadanía, y absolutamente contradictorias con los programas electorales que, hace pocos meses los candidatos a Diputados entonces, y Diputados ahora, presentaron para concurrir al Proceso electoral, y en base a los cuales los ciudadanos tomaron su decisión y les otorgaron sus votos), y hacerlo, precisamente, ante la Institución que, en el sentir general, es responsable de la desgraciada situación que padece actualmente nuestro cuerpo social, y que afectan gravísimamente, en el sentir mayoritario, a la cláusula fundamental de nuestra Constitución, a la Cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho en la que se fundamenta, en palabras del propio Texto Constitucional, “el orden político y la paz social” (Art. 10, 1º – Constitución Española).

A tal fin, diversas convocatorias públicas, formuladas al amparo del Derecho Fundamental de Reunión y Manifestación que ampara el Artículo 21 de la Constitución, y cuya garantía establece el Artículo 53, 1º del mismo Texto Fundamental, a cuyo tenor “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades …”. No hemos de insistir en el hecho de que el meritado Art. 21 se ubica, precisamente, en dicho Capítulo y Título de la Constitución. Reproduciremos el contenido del referido Artículo 21 de nuestra Norma Fundamental:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

En definitiva, a la vista del concreto ejercicio que, de dichos Derechos Fundamentales, fue efectuado por las diferentes Convocatorias para el “25S”, se evidencia la oportunidad del lema “Rodea el Congreso” que se utilizó por diversos colectivos, como es público y notorio.

Llegado el día de las Convocatorias, 25 de septiembre, tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso de los Diputados importantes disturbios. Dejaremos para la siguiente alegación la cuestión relativa a si tales hechos pueden o no integrar una conducta típica, penalmente reprochable a los actualmente imputados, centrándose la presente alegación en si pudo o no haber existido “alteración del normal funcionamiento” de la sesión que, efectivamente, tenía lugar en el Congreso ese día.

Entendemos, respetuosamente, que la cadencia de los hechos resulta harto significativa: recordemos que las manifestaciones habían sido convocadas varios meses atrás y, sin embargo, por parte de la Presidencia del Congreso de los Diputados se señaló para ese mismo día, precisamente, el debate de los presupuestos generales del Estado para el año 2013, cuya votación –y aprobación- tuvo lugar al día siguiente (sesión plenaria nº 58), y ello, precisamente, en un clima de enorme malestar social y gravísimos recortes, no solo en los derechos económicos propios del Estado de Bienestar en el que se desarrolla la convivencia social, sino también, y muy especialmente, en los derechos fundamentales que se proyectan sobre la clausula de Estado social, democrático y de derecho que instaura nuestra vigente Constitución.

No resulta, por tanto, descabellado plantear que tal alteración del orden fue, en realidad, promovida y orquestada desde la propia instancia gubernamental, pues efectivamente, dichos desordenes públicos tuvieron como efecto evidente la minimización de la información disponible por los ciudadanos en relación a tan importantísimos debates y votaciones parlamentarias. Evidentemente, no estaba en manos de los ahora imputados determinar cuál había de ser el objeto de la sesión parlamentaria desarrollada el día 25 de septiembre último. Y evidentemente, sí lo estaba en manos del Gobierno, de los propios grupos parlamentarios y de la Presidencia de la Cámara.

En atención a cuanto ha quedado expuesto, hemos de entender que la respuesta al “cui prodest”, a la pregunta de ¿quién se ha beneficiado de los sucesos efectivamente ocurridos en Madrid durante el día 25 de septiembre?, es clara y cristalina: precisamente, han sido beneficiados quienes eran objeto de las legítimas -insistimos, legítimas- críticas de la ciudadanía, planteadas en las convocatorias para el día 25S.

Sin embargo, la consumación del tipo penal exige, señalábamos más atrás, la efectiva producción de un resultado que no es otro que la alteración del normal funcionamiento de la Cámara reunida. Entendemos que, por tanto, se ha de proceder a la investigación conducente al esclarecimiento de esta esencial cuestión. Y a tal fin por medio del presente se interesa la práctica de las siguientes diligencias:

1.- Se remita atento oficio dirigido a la Presidencia del Congreso de los Diputados al objeto de que informe acerca de los siguientes extremos:

a) Cuántos diputados asistieron a la sesión del día 25 de septiembre, identificando a los asistentes, así como a los que, en su caso, hubieren estado ausentes.

b) Cuál ha sido la asistencia a este tipo de debates parlamentarios –Presupuestos Generales del Estado- durante los últimos tres años.

c) Si algún diputado, presente o ausente en la sesión en cuestión, ha informado acerca de que como consecuencia de los sucesos del día 25-S hubiera visto limitada su libertad en el ejercicio de su función pública, identificando en su caso a los que así lo hubiesen comunicado.

……………………………………………………

SEGUNDA.- Examinaremos en este punto la cuestión relativa a si tales hechos pueden, o no, integrar una conducta típica reprochable; y a si tal eventual reproche penal puede ser imputado, precisamente a los ahora imputados, o si el reproche ha de extenderse a otras personas diferentes, en concreto, y en cuanto al presente escrito interesa, a la Sra. Delegada del Gobierno en Madrid, centrándose igualmente la presente alegación en si pudo o no haber existido “alteración del normal funcionamiento” de la sesión que efectivamente tenía lugar en el Congreso el día 25S.

A finales del mes de junio del presente año fueron ya instaladas vallas de protección que impedían a los ciudadanos acercarse a la sede del Congreso de los Diputados, generándose con ello una sensación en la ciudadanía que invitaba a aceptar que la convocatoria del 25-S tenía, ya entonces, una fortaleza que en absoluto podemos aceptar.

Denunciamos, desde este instante, el hecho de que fue, precisamente, la desmedida acción de la Delegación del Gobierno en Madrid la que dio lugar a la repercusión de las convocatorias “25S”.

Conviene recordar que las convocatorias “25S” se realizarían por medio de internet, lo que dio lugar a que diversos ciudadanos hiciesen “click” con el ratón del ordenador en su casa, lo que en ningún modo se puede entender que sea una expresión terminante de una voluntad de acudir a las inmediaciones del Congreso el día fijado en las convocatorias, sino -todo lo más- puede ser entendido como un apoyo o la manifestación de una simpatía hacia las reivindicaciones que se planteaban en dichas convocatorias.

A mediados del mes de agosto del presente año la propia Delegación del Gobierno en Madrid formula denuncia, a través de sus agentes, ante el Juzgado de Guardia en la que expresamente invocaba una pretendida urgencia en la investigación de los hechos, denuncia que fue ampliamente difundida en los medios de comunicación y que, hemos de recordar, que fue absolutamente desconocida por mis mandante hasta el momento mismo de su filtración, lo que deja bien a las claras el carácter ajeno a los, en estos momentos, imputados, de tales ilícitas revelaciones. De nuevo, la pregunta de a quién benefician los hechos se responde sola: al Gobi

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