Establecen controles «ideológicos» y de identidad por la cumbre del BCE

 

Establecen controles «ideológicos» y de identidad por la cumbre del BCE

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No pensé que algún día sabría de una noticia así en el Estado español. Pero hoy ya es para plantearse que esto es preludio (o mejor, interludio) de lo que se avecina. Vino Bilderberg y se usaron las fuerzas de seguridad públicas para proteger una reunión privada. Viene el BCE y se vulneran derechos constitucionales y democráticos básicos. Es el poder real de los que están por encima de la Ley. Esto no se puede consentir. ¿Dónde están los políticos que conserven alguna dignidad? Ahora deberían estar en los medios de comunicación o en la calle pidiendo la dimisión del gobierno catalán o anunciando que se retiran de esta farsa.

P.B.

El domingo por la noche fueron retenidas, identificadas y pregutades por su ideología una treintena de personas en Sants y Sant Antoni. 10 personas han sido detenidas y a 18 se les ha negado la entrada a Cataluña desde la suspensión del tratado de Shengen.
Los Mossos d’Esquadra están llevando a cabo una fuerte campaña de represión y control social con motivo de la cumbre del Banco Central Europeo (BCE) que tendrá lugar en Barcelona entre los días 3 y 5 de mayo. El último episodio, según explica Portalsantantoni.net y varios testigos a través de la red social Twitter, en el hashtag # CheckpointBCN es el establecimiento de puntos de control en la ciudad en los que identifican la gente que pasa, les piden el DNI y les preguntan por su ideología, vulnerando claramente la Constitución, que dice que nadie puede ser discriminado por su ideología.

Según han relatado varios testigos, el domingo por la noche varias furgonetas de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra procedieron a realizar estos controles en las puertas del centro social autogestionado Can Vies, en el barrio de Sants, y también ante la Universidad Libre La Rimaia, en el cruce entre Ronda de Sant Pau y el Paralelo. Los agentes, según los testigos, pararon exclusivamente a jóvenes e inmigrantes, les pidieron la identificación, a algunos también el número de teléfono y les preguntaron por su ideología.

Además, el lunes por la mañana, y coincidiendo con la visita del secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Ulloa, en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca, los Mossos han impedido la llegada a las puertas del centro de decenas de manifestantes que reclamaban el cierre. Aunque en este caso no les han preguntado por su ideología, han requerido la identificación de algunos de los presentes.

Según informó el lunes el Ministerio del Interior, desde la suspensión del tratado de Shengen el día 28 a las 12 de la noche, han sido detenidas 10 personas en los pasos fronterizos de entrada a Cataluña ya 18 se les ha negado la entrada en el territorio catalán. Se ha controlado a más de 126.000 personas en las diversas entradas desde Francia y también en los aeropuertos de Barcelona y Girona.

Fuente (CAT): http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/04/els_mossos_estableixen_controls_ideologics_i_d_identitat_per_la_cimera_del_bce_29747.php

Imagen de portada tomada de google images

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Urdangarin y Torres deberán entregar 3,5 millones para evitar la cárcel

 

Los correos que Torres llevó al juez han forzado las negociaciones

Jesús García / Andreu Manresa Barcelona / Palma de Mallorca 1 MAY 2012 – 00:19 CET1532

Iñaki Urdangarin (derecha), Pepote Ballester (centro) y Diego Torres en Palma de Mallorca en 2003. / TOLO RAMÓN

Iñaki Urdangarin y Diego Torres quieren enterrar el hacha de guerra. El duque de Palma y su exsocio están tratando de alcanzar un acuerdo que les permita plantear a la fiscalía la posibilidad de eludir la prisión a cambio de reconocer los hechos por los que se les investiga y reparar el daño que han causado al erario público. A través de personas de su entorno, el yerno del Rey ha tomado la iniciativa para poner fin a la guerra abierta que mantiene con Torres a propósito de sus responsabilidades en el Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro con la que ambos lograron, durante cuatro años, diez millones de dinero público a través de Administraciones gobernadas, en su mayoría, por el PP.

Desde hace unas semanas, Urdangarin y el que fue su mano derecha tratan de alcanzar una entente. Por ahora, sus posiciones son distantes, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Ese posible pacto pasa por devolver el dinero presuntamente malversado e implica el pago, de forma solidaria, de unos 3,5 millones de euros por los daños causados a la Administración.

El principal escollo para sellar el acuerdo es, precisamente, determinar quién de los dos debe asumir la mayor parte de ese desembolso. En su declaración ante el juez José Castro, Urdangarin afirmó que desempeñaba un papel “institucional” en Nóos y descargó toda la responsabilidad en Torres. La tesis del esposo de la infanta Cristina, sin embargo, ha sido desacreditada por decenas de testigos e imputados en la pieza separada del caso Palma Arena.

El pago de los 3,5 millones para cubrir la responsabilidad civil por los perjuicios causados es necesario para que, si se llega a una conformidad, pueda aplicarse a Urdangarin y a Torres la atenuante de reparación del daño. La mayor parte de ese dinero procede de la organización de los eventos Fórum Illes Balears y Valencia Summit. Durante su etapa al frente de Nóos, ambos lograron adjudicarse, a dedo, contratos por casi seis millones de euros con los Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana, en manos del PP.

Urdangarin y Torres negocian entre sí para presentar una propuesta conjunta a la fiscalía, que podría dar su visto bueno a cambio de que se cumplan ciertos requisitos. El objetivo de los dos imputados es que, si se impone una pena privativa de libertad, esta sea inferior a los dos años de cárcel, de forma que puedan eludir el ingreso efectivo en prisión. En el caso del duque, además, se impone la necesidad de evitar la celebración de un juicio que podría erosionar aún más la imagen de la Monarquía. Según fuentes judiciales, el yerno del Rey podría ser juzgado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. El delito de evasión fiscal por un cobro a través de una cuenta en Suiza no formará parte, en principio, de la acusación, ya que la cantidad defraudada no supera la cuota mínima que fija el Código Penal.

En los próximos días, el abogado del duque, Mario Pascual Vives, y el de Torres, Manuel González Peeters, mantendrán entrevistas con miembros de la Fiscalía Anticorrupción para abordar ese asunto. Los encuentros los realizarán cada uno de ellos por separado, en fechas distintas.

Los correos electrónicos remitidos por Torres al juzgado hace apenas dos semanas han cambiado el tablero de juego y han forzado las negociaciones entre los dos principales implicados. En tres de esos correos, de 2007, Urdangarin afirma que el Rey hizo gestiones como mediador para que su yerno lograse la participación de un nuevo equipo de vela en la Copa del América. “Tengo un mensaje de parte del Rey y es que le ha comentado a Cristina, para que me lo diga, que le llamará Camps a Pedro para comentarle el tema (…). Y que en principio no habrá problema y nos ayudarán”, dice Urdangarin en alusión a unas instalaciones del puerto de Valencia necesarias para el proyecto. El entorno de Urdangarin teme que Torres haya guardado otro as en la manga y que saque a la luz nuevos documentos que comprometan la imagen de la Casa del Rey.

‘Arrepentidos’ en el ‘caso Palma Arena’

ANDREU MANRESA

La colaboración de imputados con la justicia y los pactos de conformidad con la fiscalía son habituales. Implican confesarse culpable. Los arrepentidos declaran su implicación en supuestos delitos en investigación para beneficiarse de un mejor trato en la sentencia.

El avance de la instrucción judicial, la acumulación de indicios, suele precipitar la decisión del imputado. Por este reconocimiento, los arrepentidos merecen ser beneficiarios de atenuantes penales: reducción de los tipos delictivos y de las posibles penas. Pactan para no entrar en la cárcel o cumplir penas bajas. En especial han de reponer totalmente, más un tercio de carga, el daño patrimonial causado a la Administración si se trata de malversación, cohecho o fraude.

Hay casos en los que el colaborador/infractor de la ley debe asumir la demolición de una obra ilegal, como ha sucedido en el caso Andratx de corrupción. Un arrepentido, funcionario de Andratx, ayudó a desentrañar varias causas pero la acumulación de condenas por los delitos que confesó le llevo a cumplir cárcel.

En el caso Palma Arena, en la pieza del caso Urdangarin ya se ha dado un pacto de un arrepentido, con hechos, citas, personajes y firmas, contactos y contratos de la trama de Nóos. Así, José Luis Ballester, amigo de Urdangarin y de la infanta Cristina, pactó con fiscalía un acuerdo que perjudicó los intereses del duque de Palma.

El pacto de conformidad puede ser global entre todos los coimputados y comportar la no celebración de la vista pública. El fiscal conduce con los letrados las negociaciones y los acuerdos y los somete al tribunal, en anuencia con aquellos que están sentados en el banquillo.

El expresidente Jaume Matas, del PP, ha sido condenado en la Audiencia de Palma a más de seis años de cárcel en parte por el relato de dos coimputados, un ex director general de Comunicación de su Gabinete y un empresario publicista del entorno de confianza de Matas y del PP, que está imputado en otras piezas.

EL PAIS, HOY