Se veía venir…

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(Un artículo de Manuel Navarrete).

A ciertos medios de comunicación les encanta hacer flash backs hacia las deformaciones burocráticas y antidemocráticas de los “enemigos de la

libertad” soviéticos o cubanos. Sin embargo, nos narran con total naturalidad el actual surgimiento de un “Merkozy”, es decir, de un liderazgo

europeo por parte de Francia y, especialmente, Alemania.

Poco parece importarles que en ningún lugar se haya decidido o votado que dos presidentes (por no decir una sola) deban autoproclamarse como líderes de la Unión Europea. Tampoco ven nada sospechoso en el hecho de que el banco yanqui Goldman Sachs esté colocando a sus directivos al frente de los poderes políticos europeos. Como Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, o como Mario Monti, nuevo presidente italiano, sin olvidarnos del nuevo primer ministro griego, Lucas Papademos.

A estos mass media, además, les resulta muy antidemocrático que indios de origen humilde como Evo Morales o Hugo Chávez gobiernen en sus países, cuyas respectivas elecciones han ganado; sin embargo, no tienen el menor problema en aceptar gobiernos de banqueros que, como estos, no han sido votados por nadie, sino impuestos por “los mercados”.

¿Por quiénes?, se preguntarán algunos. Es fácil. Los países socialistas se equivocaban: ¿qué es eso de exhibir una burocracia pública, conocida por todos, que da discursos políticos incendiarios en la Plaza Roja y rinde cuentas ante la sociedad? Mejor hablar de unos espectrales “mercados”, cuya impersonal voluntad, como la de un nuevo dios, ha de cumplirse siempre automáticamente, aunque sin saber demasiado bien por qué. Mejor no desvelar que, en esta nueva Edad Media, detrás de eufemismos tales como “los mercados” no se esconden dioses, sino personas muy concretas y demasiado humanas, con nombres, apellidos y dedicaciones tan nobles como ser banqueros, grandes empresarios, propietarios de fondos de pensiones privados o dueños de agencias de calificación de riesgos (que harán descender elrating de los países díscolos que se nieguen a privatizarlo todo, para, a modo de profecía autocumplida, provocar un encarecimiento de sus futuros préstamos, incrementando drásticamente su deuda).

Pero, al parecer, no hay nada de antidemocrático en ello. En Grecia o Italia “los mercados” imponen “gobiernos técnicos”. O, en otras palabras, banqueros de Goldman Sachs que, como decimos, no han sido votados por nadie gobernarán a partir de ahora dichos Estados de manera más directa aún que antes. Ahora bien, esta dictadura del capital no es una cuestión ideológica o política. No, no. Es que son gobiernos “técnicos”, que “técnicamente” decidirán que recortemos en gasto público y hagamos descender los impuestos directos (especialmente para los tramos más altos del IRPF). Lo cual pone de manifiesto la gran imparcialidad de estos banqueros… o “técnicos”, como se les llama ahora. Pero entonces ¿para qué podría servir la soberanía de unos pueblos carentes de los conocimientos técnicos necesarios para decidir nada? ¿Quién, si no un técnico, está capacitado para arreglar una máquina, la europea, que ha dejado de funcionar? ¿Quiénes, si no los banqueros, están capacitados para gobernar? Es más: ¿existe algo más aristocrático (quise decir democrático) que esto?

Son preguntas que jamás se harán periodistas tan supuestamente críticos como Ana Pastor o Ernesto Ekaizer. Porque para ellos no hay nada antidemocrático ni que huela a podrido en la UE. No es antidemocrático que Merkel decida en solitario rechazar los eurobonos (propuesta defendida por casi la totalidad de los países restantes) o fuerce un Pacto del Euro que obliga a modificar (neoliberalizar) las constituciones de los Estados miembros (debates y votaciones descartadas por anticuadas, desfasadas y poco “técnicas”, claro está). Tampoco es antidemocrático que el Banco Central Europeo, que lógicamente emite todos los euros que existen (un dinero que, no lo olvidemos, no es más que el equivalente general del mundo de las mercancías, esto es, de la producción de los trabajadores), le preste ese dinero a los bancos a un 1% de interés, para que estos, a su vez, se lo presten a los Estados a un 4%. ¿Y por qué no lo prestan directamente a los Estados?, se preguntarán hasta los niños de 2 años, poco imbuidos aún del espíritu “técnico”. ¿Por qué ha de existir una casta parasitaria situada ahí en medio, o, en otras palabras, por qué ha de existir la banca privada? ¿Por qué los países han de asumir deudas cuatro veces más asfixiantes que la que contraerían si el BCE efectuara los créditos sin intermediarios? La respuesta a estas tres preguntas es tan sencilla como obvia: porque es necesario para que una pequeña élite viva en la más obscena opulencia. Lo que constituye otro ejemplo de democracia occidental (eso sí, nada ideológica sino puramente “técnica”).

El caso es que el sueño de Hitler, a la postre, se ha realizado. Y no sólo porque Alemania ordene y mande en Europa a punta de deuda pública y préstamo bancario (aunque esta vez con Francia, y no Italia, como escudera), sino porque tenemos al fin a una pequeña minoría, a una raza superior de hombres (los banqueros) ante los cuales, por algún extraño motivo, la humanidad entera ha de postrarse y suplicar clemencia. Si es necesario que un Estado, como el español, se endeude para salvar el tren de vida de la raza superior inyectándole dinero público, pues se hace y ya está. El Estado, mientras envía a sus cuerpos de seguridad a desahuciar familias que no pueden afrontar las hipotecas (pues esta vez el campo de concentración está fuera de las cuatro paredes, y no dentro), asume en cambio la deuda privada de esos desafortunados banqueros, aunque eso condicione el futuro mismo de las próximas generaciones. Esa es su (también “técnica”, como el gas Zyklon B) neutralidad.

Pero, ¿cómo comparar esto al III Reich?, clamarán algunos, visiblemente ofendidos. Y tienen razón: es incomparable. Sobre todo porque entonces existía una poderosa izquierda política opuesta al sueño de Hitler, mientras que, ahora, incluso una parte de la izquierda extraparlamentaria (no digamos ya la institucional) continúa imbuida por el mito de un “modelo social europeo” que nunca existió. O por el prejuicio inducido de que no podemos salir de la UE ni del euro, ya que fuera de ellos sólo existe el infierno.

No parecen afectados porque cada día capas más amplias de la población comprendan que la UE es (y fue siempre, desde el propio Tratado de Maastrich en 1992) un proyecto capitalista e imperialista en sí mismo; un arma supraestatal con la que imponer recortes y retrocesos sociales a los pueblos trabajadores europeos, suprimiendo la capacidad de los gobiernos nacionales para realizar otras políticas que no sean las de flexibilidad, desregulación y precariedad laboral. Ni por el hecho de que, indudablemente, la primera medida que un gobierno con pretensiones revolucionarias (o incluso reformistas) tendría que tomar, de alcanzar el poder hoy en día en cualquier país europeo, sería la salida de la UE.

Afortunadamente, cada vez son más los que se adhieren a otra izquierda: la que no avala el sueño de Hitler, ni siquiera en su versión “progresista”. Es decir, la que no propone otras inútiles “salidas técnicas” (aunque en clave keynesiana esta vez), como los eurobonos o las “agencias de calificación europeas”, frente a lo que es una crisis estructural del propio capitalismo, y no únicamente de su versión desregulada (para ser exactos, la versión desregulada fue una huida desde la regulada, por lo que volver a aquello de lo que se huía, es decir, a la caída de la tasa de ganancia, no solucionaría nada). La izquierda que, por el contrario, propone una salida política: el abandono del euro y de la Unión Europea, dentro de un programa de recuperación de la propiedad social sobre los recursos y de conquista de la autodeterminación, de la soberanía popular. Porque la máquina europea no ha dejado de funcionar en ningún momento, sino que éste es precisamente su más perfecto funcionamiento, en tanto que instrumento de la clase dominante, por lo que se trata de parar y destruir la máquina, no de sustituir algunas de sus piezas. Y la izquierda que, en consecuencia, trabaja en pos de una acumulación de Poder Popular enmarcada en un proceso de acentuación de la lucha de clases y de pelea por el socialismo, sobre la premisa de aquello mismo que propusiera Fidel Castro, allá por los años 70, ante la crisis de la deuda en América Latina: sencillamente, negarse a pagarla.

http://www.insurgente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9561:angela-merkel-y-el-sueno-de-hitler&catid=243:articulos&Itemid=619

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El copago sanitario atenta gravemente contra la salud.

 

Un artículo de Ángeles Maestro.

Pocas veces ha llegado tan alto el grado de alienación del discurso electoral. Sólo comparable con el nivel de descrédito generalizado del mismo. El centro del debate político ha sido la salida de la crisis, cuando todo el mundo sabe que después del túnel solo se vislumbra otro aún más negro.

Los candidatos han hablado de que la protección social es intocable cuando acaban de pactar una reforma constitucional que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda, de sus intereses y el cumplimiento a rajatabla de los objetivos de déficit público. En roman paladino, la traducción práctica de esa reforma es blindar drásticos recortes del gasto público que, como bien sabemos, no se aplicarán a la financiación pública de bancos u cajas de ahorros, ni a la financiación de la iglesia católica, ni a la de la enseñanza privada – directa o por la vía de la desgravación – ni a los gastos en armamento,.. etc. Gobierno y oposición están atados a una lógica que, como se está demostrando, nos lleva directamente al precipicio. Han eliminado la única opción alternativa: no pagar la deuda para priorizar el gasto social y reestructurar el sector productivo.

Para confirmar la verdad que las paredes gritan: “Otro capitalismo es imposible”, el presidente de la Generalitat de Cataluña no ha tardado ni 48 horas en anunciar nuevas medidas de ahorro, incluido el más emblemático de todos: el copago sanitario y/o farmacéutico.

Todos lo negaron públicamente durante la campaña, nadie lo llevaba en el programa y todos han callado cuando Artur Mas ha hablado. Las encuestan hablan claramente de un rechazo mayoritario a la introducción de cualquier tipo de tasa por el uso de los servicios sanitarios o farmacéuticos, pero ahora, con los votos ya amasados, ha llegado el momento de introducirlo y no sólo para el pueblo catalán.

La introducción de cual tipo de tasa sanitaria o la modificación en la aportación del paciente, activo o pensionista, en los medicamentos tiene necesariamente que ser establecida por una norma de ámbito estatal. En el caso del pago de los medicamentos sería preciso reformar la Ley 29/2006 de garantía y uso racional de los medicamentos y en el caso de la tasa para acudir a consultas, urgencias, medios diagnósticos ..etc, sería necesario modificar el Real Decreto 1030/2006 que regula el contenido de la Cartera de Servicios Básicos y Comunes para todo el Estado. Cuando se publicó un informe interno de la Consejería de Sanidad de diciembre de 2010 en que se analizaban las “prestaciones prescindibles o de acceso restringido” y se calculaba el ahorro producido por su eliminación o exigencia de copago, se hacía referencia al Real Decreto citado. La conclusión lógica[1] fue que tal Informe era uno de los 17 encargados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a las CC.AA. al tiempo que ministras y altos cargos negaban enfáticamente la introducción de cualquier tipo de tasa.

La falacia de “desincentivar el abuso”

El copago, como bien sabemos es repago, ahora más que nunca. El impuesto sobre las rentas de la población asalariada, detraído directamente de la nómina, supone ya el 85% de lo recaudado por el IRPF, el fraude fiscal – del capital – llega al 25% del PIB y, en medio de la crisis, la parte de la renta nacional que se llevan los beneficios empresariales ha crecido dos puntos pasando del 44,7 al 46,5%. Todo ello sin entrar a analizar un sistema fiscal en el que tributa más el dinero ganado trabajando que las rentas del capital, el escándalo de las SICAV, la continua reducción o eliminación de impuestos como patrimonio, sucesiones, la desgravación por el uso de la sanidad y la enseñanza privada, etc.

El pago de una cantidad por el uso de una prestación sanitaria supone gravar a la persona precisamente en el momento de máxima vulnerabilidad – cuando está enfermo – y cuando además aumentan los gastos de todo tipo y disminuyen los recursos como ocurre con la baja laboral.

El argumento, sistemáticamente utilizado por todos los defensores del copago “desincentivar el abuso” es una falacia. Sin negar que existan casos de uso injustificado de consultas, que deben resolverse de forma individualizada, los datos[2] relativos a las consultas médicas en atención primaria indican con claridad que si se excluyen las consultas de carácter administrativo y las que pueden ser atendidas por otros profesionales – como se hace en otros países – la frecuentación está por debajo de la media de la UE.

Por otro lado no hay que olvidar que es el médico y no el paciente el que prescribe ir al especialista, realizar determinadas pruebas diagnósticas o administrar determinado tipo de medicamentos.

El copago al servicio de la privatización

Dependiendo de la cuantía de la tasa la discriminación económica puede ser mayor o menor. La experiencia de introducir tickets moderadores muy bajos (menos de 2 euros) ya se ha realizado en otros en otros países, como Canadá y ha tenido efectos demoledores: se reduce drásticamente el uso el uso de servicio sanitarios o medicamentos para el 20% más pobre de la población, para quien esa cantidad es relativamente importante, independientemente de la gravedad de su padecimiento. En el caso de tasas sanitarias como las que se introdujeron el pasado mes de julio en Italia (10 euros/consulta atención primaria, 25 euros/ consulta especialista, 25 euros/ atención en urgencias sin ingreso, etc) los efectos, aun no cuantificados, serán demoledores para amplias capas de la población con menos recursos. Así está sucediendo en Portugal donde también se están cobrando 10 euros para acceder a la consulta de atención primaria. Médicos procedentes del Estado español que trabajan en el Alentejo refieren estar viendo cánceres con un nivel de desarrollo aquí desconocido como resultado de que la población más pobre prescinde de programas preventivos y retrasa la consulta.

Además de las graves y prioritaria consecuencias para la salud del copago, el impacto sobre el gasto sanitario es justo el contrario: el coste de los tratamientos aumenta.

En Grecia los drásticos recortes en sanidad (despidos, cierres de servicios, etc) han disminuido las consultas en medicina general y especializada, pero se han incrementado entre 2009 y 2010 en un 24% los ingresos hospitalarios.

Si la reducción del gasto no se produce, sino todo lo contrario – habida cuenta además de los costes administrativos generados por la recaudación – , y ellos lo saben, ¿cuál es la finalidad que persiguen?

Si tenemos en cuenta que en sanidad el 15% de la población (personas mayores, enfermos crónicos y pobres, en general) consume el 80% del gasto sanitario, dificultar el acceso a las prestaciones sanitarias o farmacéuticas a ese sector social, asegura el negocio privado en sanidad. Todo el mundo sabe que ante una patología compleja o costosa está asegurada la derivación a los hospitales públicos desde la sanidad privada.

Si a ello añadimos que el capital está trabajando con datos de desempleo en el Estado español del 30% sine die, se está configurando una situación bien diferente de la del pleno empleo que aconsejó sistemas sanitarios públicos, gratuitos, de calidad y universales para restaurar rápidamente la fuerza de trabajo. El futuro que nos diseñan es el de una sanidad tipo beneficencia para la población con menos recursos, como en EE.UU., y una asistencia sanitaria de calidad para quienes puedan pagarla. El copago encaja las piezas del puzzle: pobres, personas mayores y enfermos crónicos consumirán menos servicios sanitarios y medicamentos, independientemente de la trascendencia del medicamento o la gravedad de la enfermedad.

Hay soluciones, exactamente en sentido contrario

El sistema sanitario público tiene problemas serios de calidad y de despilfarro que las privatizaciones y los recortes agravan. Tanto el gasto farmacéutico injustificado o como la sobrecarga de las urgencias tiene razones múltiples, bien conocidas, entre las que destaca el déficit de personal sanitario, la consiguiente masificación de las consultas de atención primaria, sobre las que también recaen demandas socio-sanitarias, de salud mental y las consecuencias de la práctica inexistencia de la medicina preventiva, que a falta de otros recursos se “resuelven” con recetas. A todo ello hay que añadir la parasitación de la sanidad pública por parte de la privada, además del encarecimiento y la incompetencia manifiesta de la gestión privada de la sanidad pública en la resolución de enfermedades graves.

Las medidas deberían ir dirigidas al aumento y racionalización de los recursos sanitarios públicos, sobre todo los preventivos y de atención primaria, además de medidas integrales de política del medicamento: fabricación pública de medicamentos esenciales, eliminación del registro de medicamentos inútiles o injustificadamente caros, distribución de medicamentos en la cantidad requerida en los centros de salud, etc. Todo ello redundaría a medio plazo en una reducción del gasto y en lo que es más importante: la mejora en la calidad de la atención.

Si no se abordan este tipo de medidas es porque la estrategia privatizadora está bien arraigada y el beneficio privado es incompatible con la universalidad y la calidad de la asistencia sanitaria pública.

Por el contrario, la valoración desde principios irrenunciables de equidad, salud y servicio público sólo puede ser la siguiente:

– No se puede aceptar ningún tipo de pago para el acceso a servicios sanitarios, ni ningún aumento en la aportación del paciente a los medicamentos, ni de activos, ni de pensionistas, que sólo contribuiría a empeorar la accesibilidad económica, ya muy deteriorada por la caída en picado de las condiciones de vida de la población.

– El servicio sanitario público debe ser gratuito en el momento de uso. Son los impuestos directos, los que gravan la riqueza, los que deben establecer diferencias en las aportaciones a las finanzas públicas.

– El co-pago que pretenden justificar desde objetivos recaudatorios o de racionalización en el uso de las prestaciones sanitarias, obedece al objetivo real de favorecer la privatización (si hay que pagar por ir al médico, ¿por qué no pagar una póliza en la sanidad privada?) y quitarse de en medio a los mayores obstáculos al negocio privado en sanidad: enfermos crónicos, personas mayores y pobres en general.

No es ninguna exageración decir que el copago sanitario o farmacéutico pone en riesgo la vida de muchas personas. Es este un asunto altamente sensible que puede movilizar a muchas personas. Más temprano que tarde hay que ponerse manos a la obra.

Si privatizar empresas es un robo, privatizar servicios públicos como la sanidad es un crimen[3].

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[1] Un análisis pormenorizado del Informe citado puede encontrarse en Maestro, A. (2011) “Datos concretos del copago sanitario” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122105

(…) es algo que clama al cielo…

 

CAMILO JOSÉ CELA CONDE Ya entiendo que la educación es la educación, los modos son los modos, las normas son normas y las leyes suponen la referencia legal. Pero no vivimos tiempos aptos para tanta perogrullada. Que vaya a transcurrir todo un mes —varias semanas en el que los actos protocolarios se sucederán como único acontecimiento— hasta que podamos tener en España un gobierno digno de tal nombre es algo que clama al cielo.

Según parece, es lo que hay: procede seguir un protocolo preciso en el que el jefe del Estado, es decir, el rey, convocará a los grupos parlamentarios con el fin de oír sus opiniones y comentarios hasta que, por fin, encargue a uno de ellos el formar gobierno. La ridiculez de un proceso así es notoria casi siempre. Los portavoces de los distintos partidos o coaliciones no se cortan un pelo a la hora de evaluar los resultados electorales y no ya el rey, que seguro que dispone de información privilegiada —como es lógico que así sea— sino cualquier ciudadano interesado por la política sabe de sobras cuál es la postura de tirios y troyanos. Pero incluso si eso no sucediera, la libertad que tiene el jefe del Estado para encargar a una persona en particular que ejerza como presidente y nombre a su gabinete es puro gesto ritual: quién tendrá la jefatura del Gobierno es una decisión que depende del abanico de escaños en el Parlamento. Si nos encontramos encima con que un partido ha ganado por una mayoría absoluta abrumadora, entonces lo ridículo del procedimiento alcanza ya cotas dignas del arte surrealista.
Nos esperan pues semanas en las que asistiremos a actos tan emocionantes como el de ver a los líderes de cada grupo parlamentario yendo a la Zarzuela para retratarse, todo sonrisas, con el monarca. Dejando de lado la visita de Amaiur, que tiene tela, el resto sólo servirá para promover el zapping.

Mientras nos entretenemos con ese baile de salón ante el que, por cierto, cabe imaginar que los extranjeros se sentirán fascinados —ahí es nada, un rey dándole la mano a un caballero que se llama Iñaki Antigüedad—, el mundo de verdad sigue dándonos latigazos todos los días, las bolsas continúan su desplome y la prima de riesgo española alcanza los mismos niveles que llevaron a que se procediera al rescate de otros países en apuros. El resultado de una victoria por mayoría absoluta del Partido Popular, en contra de lo que se nos aseguró —y siguiendo los presagios que el sentido común indicaba— no ha servido de momento de nada en absoluto. Sucede que los mercados financieros se interesan más por Adam Smith que por Sissí emperatriz, aspecto en el que tal vez no habían caído quienes diseñaron el protocolo para la formación de un nuevo gobierno. Si añadimos que el señor Rajoy tiene tantas ganas como una almeja de decir lo que habrá de hacer para capear la crisis, es posible que allá por las navidades los otros reyes, los magos, nos traigan carbón y los ministros ni siquiera hayan podido tener la oportunidad de sentarse en sus despachos.

Alguien deberá pagar…

Alguien deberá pagar por esto ¿será la niña la que salve a la prima?

Atención al dato: ayer se colocaron letras “A TRES MESES” al 5,11%

En concreto 3.000 millones de euros. O dicho de otra forma, dentro de tres meses pagaremos más de 150 millones de euros en intereses por la emisión de ayer. O de otra: si ayer alguien compró por valor de 1 millón, en tres meses le pagaremos 1 millón 50 mil euros.

Como es normal, a ese tipo de interés (que recordemos se “acuerda” entre bancos), la demanda fue de casi cuatro veces la oferta. Tan alto fue, que de hecho está por encima del que paga la machacada Grecia.

Y todo esto con el cambio de gobierno que “dicen” pedían los mercados.

El artículo de Público al respecto:

No hay nada más rentable en los mercados financieros que la indecisión y las debilidades. Ayer, los especuladores sacaron una buena tajada de la demora del nuevo Gobierno español en definir sus propuestas. La presión sobre la deuda fue de tal calibre que el Tesoro se vio obligado a pagar más que Grecia en su emisión de letras a tres y seis meses.

No hubo, como la semana pasada en la subasta a diez años, rechazo al papel español. Todo lo contrario. La demanda superó los 10.489 millones de euros, por lo que colocar el máximo previsto (3.000 millones) no fue un problema. Lo que, según los operadores de renta fija, fue “escandaloso y muy preocupante” es que el tipo de interés pagado por las letras a tres meses se disparara hasta el 5,11%, frente al 2,29% de la subasta anterior. Esta es la rentabilidad más alta pagada desde 1997 y supera, incluso, lo que le exigieron a Grecia (4,63%) hace justo una semana. Para los títulos a seis meses, el tipo de interés se elevó hasta el 5,32%, frente al 3,3% de la subasta anterior. “Se está exigiendo casi lo mismo por la deuda a corto plazo que por los bonos a diez años. Lo que significa que estamos en una situación de financiación que es insostenible”, advierte Lorenzo Dávila, director de Investigación del Instituto de Estudios Bursátiles.

El acoso sobre España disparó, un día más, la prima de riesgo a máximos y ayer cerró superando los 460 puntos. Pero, a pesar de la pésima subasta, no fue la deuda española la más atacada por los especuladores. Toda Europa sufrió la presión, pero fue Bélgica quien, acosada por los rumores de una rebaja de rating por parte de las agencias, se llevó la peor parte. “La situación es muy grave. Los mercados han perdido totalmente la confianza en que los políticos europeos sean capaces de llegar a una solución rápida para lo que está ocurriendo”, asegura Daniel Pingarrón, estratega de IG Markets.

La solución rápida que todos los expertos demandan, una intervención contundente del BCE, es una y otra vez bloqueada por Alemania. “Es el país que más se está beneficiando de estos ataques, porque así se financia muy barato. Debe tener cuidado porque también será el que más sufra si la situación se da la vuelta”, advierte Dávila.

De momento, el FMI fue el que tuvo que salir al rescate, aunque la decisión no animó en exceso a Wall Street. Las bolsas europeas habían cerrado (antes de conocer la noticia) con fuertes caídas debido a que el PIB de EEUU no creció en el tercer trimestre un 2,5%, como se había estimado, sino sólo un 2%. La Bolsa española bajó un 1,45%, hasta los 7.904 puntos, muy cerca de su mínimo anual.

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