Golpe de Estado… y además informativo…

                                              

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Ayer a mediodía conocíamos el texto propuesto para la reforma constitucional del artículo 135. Es un hecho con un único precedente en nuestro ya no tan corto periodo democrático, aunque en el anterior caso allá por el 92 había unanimidad por tratarse de una adecuación lógica a todas luces.

Ahora el caso es muy diferente porque atenta contra nuestra soberanía, y lo que es más importante, al futuro de la financiación y mantenimiento de los servicios y protecciones sociales. Y lo hace de tal forma, en tal medida, que incluso desde las apesebradas propias filas de los promotores se han escuchado voces directamente enfrentadas a la medida y pidiendo la participación de la ciudadanía.

Pudiera decirse que esta es la NOTICIA, no una noticia. Y dado que ayer no pudieron publicarlo, hoy esperábamos todo tipo de información y reacciones al texto. Incluso, inocente de mí, pensaba que iban a machacarnos incansablemente como si de un volcán Eyjafjallajökull o del rescateshow de unos mineros en Chile se tratase (éxito del cual todos nos alegramos), etc. Pero claro, no había contado con que se trata sólo de nuestro negro futuro, y eso, a los señores más interesados en que ocurra para adquirir mayor poder, no les conviene aventarlo, no vaya a ser que nos demos cuenta de su extrema gravedad y pidamos cabezas o salgamos a por ellas.

Por esto y porque han perdido la poca dignidad periodística que les quedaba, las portadas de todos los medios propiedad de los magnates capitalistas nos muestran lo debemos considerar relevante, como cada día (gracias por ponerlo tan fácil, canallas):

De presunta izquierda a extrema derecha…

 

                                   De:  Iniciativa Debate Público

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El # reformazo de las diez mentiras.

Se mira, pero no se toca (Viñeta: Ferrán Martín)

La reforma que el tándem PP$OE pretende imponer –o mejor: perpetrar– de espaldas a la ciudadanía se está tratando de vender desde los falsimedia habituales como una medida necesaria para salir de la crisis. Apoyadas sobre los más rancios, ineficaces y aberrantes lugares comunes del credo neocapitalista, las mentiras han comenzado a asomar en los telediarios, las tertulias y las columnas. Helas aquí, desmenuzadas:

– Mentira nº 1: «La reforma es procedente y correcta». Falso. A pesar de lo desfasada que puede resultar una Constitución con más de tres décadas, nunca hasta hoy se había decidido atacar su reforma (a excepción de la necesaria inclusión del voto extranjero en las municipales, que se aprobó en 1992 por unanimidad). No tiene sentido acometer ahora esa tarea, en pleno verano, con prisa y de espaldas al pueblo. Y menos aún, con un Gobierno y un Parlamento prácticamente en funciones. Por otra parte, el principio de estabilidad presupuestaria que se pretende consagrar –al menos, en teoría– ha demostrado ya con numerosos fracasos su absoluta ineficacia para reactivar la economía.

– Mentira nº 2: «Se trata de una reforma ajustada a derecho, legitimada por el consenso de las dos principales fuerzas políticas». Falso, o al menos, más que cuestionable. Que la reforma sea legal no implica que sea legítima, dado que los diputados que la promueven no fueron elegidos para realizar tareas constituyentes. Por otra parte, un consenso que únicamente alcanza a dos de las fuerzas políticas que componen el arco parlamentario no puede, en rigor, llamarse consenso.

– Mentira nº 3: «No se trata de una modificación ‘esencial’, al no afectar a los capítulos enumerados en el artículo 168, por lo que no precisa del refrendo popular». Rotundamente falso. El techo al déficit –estructural– y, sobre todo, la concesión de «prioridad absoluta» al pago de la deuda limitan gravemente el margen de maniobra del Estado y atacan el principio de soberanía recogido en el artículo 1, por lo que la consulta a la ciudadanía debería ser preceptiva.

– Mentira nº 4: «La reforma trata de garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país». Falso, y además, patético. La ridícula pretensión que se esgrime en la exposición de motivos de la propuesta (pdf) no es más que una concatenación de palabras huecas. El nuevo artículo 135 conculca el principio de función pública de la riqueza al que se refiere el artículo 128, según el cual «toda la riqueza del país (…) está subordinada al interés general». Dicho interés general se menoscaba sin pudor en favor del interés de los acreedores. Por otra parte, en ese mismo artículo «se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica», iniciativa que quedaría, de prosperar la reforma, seriamente comprometida.

– Mentira nº 5: «La reforma no afectará al principio de solidaridad entre territorios». Falso. O, al menos, no está demostrado que sea cierto. Al vincular el déficit estructural al producto interior bruto de las diferentes Comunidades Autónomas, no se garantiza en absoluto el cumplimiento de dicho principio, consagrado en los artículos 2 y138. Amenos que la futura Ley Orgánica establezca algún mecanismo efectivo de compensación, la brecha entre Comunidades no hará sino aumentar.

– Mentira nº 6: «La estabilidad presupuestaria es un instrumento imprescindible para lograr la consolidación fiscal con Europa». Falso y capcioso. La consolidación fiscal con Europa no existe. España está a la cola del Viejo Continente en lo que a presión fiscal se refiere y ocupa el último lugar de la Europa de los 15 en cuanto a sistemas de protección social: tanto el indicador de esfuerzo (gasto social en porcentaje del PIB) como el indicador de intensidad (gasto social por habitante) nos sitúan muy por debajo de la media europea. Más concretamente, al final de la fila.

– Mentira nº 7: «La reforma trata de racionalizar el gasto desenfrenado». Sibilinamente falso. Lo que limita el nuevo artículo 135 no es el déficit a secas, sino el déficit estructural, una magnitud mucho más compleja que se presta a todo tipo de manipulaciones y cuyo método de cálculo no se conocerá hasta que no se disponga del texto de la futura Ley Orgánica. Además, el techo del déficit estructural podrá superarse «en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria» y no comenzará a aplicarse hasta 2020. En la práctica, los límites que se establezcan se cebarán sobre todo en el gasto social, dado que, a partir de ahora, la «prioridad absoluta» será el pago de la deuda.

– Mentira nº 8: «La reforma aumentará nuestra solvencia, cara a los mercados». Falso y torticero. Para alcanzar el tan cacareado equilibrio presupuestario, el Estado se verá obligado a seguir con la absurda y temeraria política de liquidación de activos públicos –nuestros; de todos–. Como todo el mundo sabe, la solvencia a la hora de pedir préstamos viene dada por el valor de las propiedades que se poseen; los bancos no prestan a quien no tiene, y prestan más y más ventajosamente a quien más tiene. Las privatizaciones no son más que parches para hacer caja, pero a la larga nos empobrecen aún más. Como consecuencia, los intereses serán cada vez más altos, y la población se verá obligada a pagar –otra vez– por los servicios que antes eran gratuitos, lo que seguirá reduciendo el consumo y, por tanto, los ingresos. Es un círculo vicioso que condena a la mayor parte de la ciudadanía a la miseria por imperativo constitucional.

– Mentira nº 9: «Cuantificar el nivel de endeudamiento en relación al PIB es un indicador válido para medir la salud de una economía». Radicalmente falso. Aunque esté generalmente admitida en Europa por los gurús de la economía neocapitalista, la ratio deuda/PIB es poco reveladora y en absoluto científica. En primer lugar, porque la capacidad para endeudarse radica en la capacidad para devolver los préstamos. Es evidente que dos países con idéntica ratio pueden tener enormes diferencias en su PIB, por lo que su facilidad para afrontar el pago de sus emisiones no puede ser la misma. En segundo lugar, porque esa proporción está comparando una magnitud puntual perfectamente delimitada en el tiempo (la producción total de bienes y servicios de un país durante un año, o PIB) con otra que representa pagos escalonados de intereses y amortizaciones que se refieren a obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Podría arrojar algo de luz sobre la situación financiera de un Estado el cociente de dividir el total de sus emisiones de deuda durante un año entre su PIB de ese mismo año. Pero incluir en el cálculo los compromisos adquiridos en años anteriores sirve para poco más que para hacer una previsión de tesorería; a la hora de establecer un diagnóstico contable, es mezclar churras con merinas.

– Mentira nº 10: «La medida adoptada con la reforma constitucional es la única forma de calmar a los mercados y evitar un rescate». Falso y manipulador. Hay otras vías para escapar de este cenagal. Todas ellas pasan por una ruptura más o menos radical con el sistema capitalista, y también todas ellas están siendo silenciadas de manera sistemática por los medios de desinformación, a sueldo de esos mismos mercados. Como ejemplo paradigmático, tenemos el caso de Islandia, cuya deuda llegó a suponer un 900% de su PIB, lo que llevó a este pequeño Estado a la bancarrota. Lejos de plegarse a las exigencias del BCE y el FMI, la ciudadanía islandesa decidió plantarse y se negó a pagar con dinero público los desmanes de los principales bancos del país, cuya privatización había permitido y propiciado su crisis. Además, el pueblo soberano ha puesto nombre y apellidos a esos mercados para perseguirlos penalmente y llevarlos ante la Justicia. A pesar de las amenazas de Holanda y el Reino Unido y de no contar con un ejército propio, Islandia ha comenzado a ver la luz. Y al amparo de esa luz, ha decidido redactar una nueva Constitución hecha desde abajo, con la participación de los y las ciudadanas. Toda una hazaña que, por supuesto, los poderosos se empeñan en silenciar para que no cunda el ejemplo. Pero ¿y si cundiera aquí?

Red Kite, agosto 2011.

La modificación urgente de la Carta Magna.

 

Dicen que el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, ha planteado la modificación urgente de la Carta Magna en la idea de que su deber es el de llevar a cabo durante estos últimos meses que le quedan en el cargo una política de Estado, dejando al margen los intereses tanto partidistas como personales. Se diría que, en realidad, es ésa la obligación de cualquier presidente durante todo el tiempo que dure su mandato pero de lo que hablamos es de otra cosa. ¿Contribuirá la reforma de la Constitución, tal y como pretende hacerse, a lograr que Rodríguez Zapatero pase a la Historia con una mejor imagen?

Permítaseme que lo ponga en duda. El diario El País contó hace un par de días que la decisión de llevar a cabo la reforma constitucional era una alternativa que el presidente consideraba frente a otra, la de hacer una declaración solemne acerca de la necesidad de entrar en esos cambios pero dejándolos para más adelante –para la próxima legislatura, vamos. Ese mismo periódico aseguraba que el señor Rodríguez Zapatero se decantó por la reforma inmediata momentos antes de que tuviese que hablar en el Congreso, de camino ya hacia las Cortes. Semejante filtración dice poco en favor de la posesión de un sentido de Estado y retrata al presidente como alguien sujeto a las decisiones precipitadas. Un tontiloco, vamos. Pero, según se nos ha dicho, existen razones de peso para acometer la reforma constitucional de inmediato. Descansan éstas en esa especie de figura nebulosa y siniestra a la que llamamos "los mercados", entidades que habrían de reaccionar de manera positiva liberándonos del acoso y aliviando, de paso, al euro. Pero por lo que se ha visto hasta ahora, los mercados pasan en quinta –si es que disponen de los mecanismos emotivos para hacerlo– de lo que puedan proponer entre el presidente y el líder de la oposición española. Con lo que resulta que vamos a emprender una reforma más que necesaria pero a uña de caballo, con los riesgos que conlleva cualquier maniobra precipitada, sin lograr a cambio ninguna ventaja.

En esas condiciones, parece del todo necesario que los cambios a incluir en la Constitución se sometan a un referéndum en el que los ciudadanos puedan manifestar su acuerdo o rechazo a una medida así y, sobre todo, a unas formas como ésas. Los pocos meses que se añadirían en el proceso no tienen por qué verse a título de inconveniente sino, antes bien, como una oportunidad de serenar los ánimos. Y si tenemos en cuenta que entre el Partido Popular y el Socialista suman una abrumadora mayoría en las Cortes, lo lógico esperar un refrendo de los votantes a su pacto constitucional. Lo contrario supondría que, al menos en este aspecto en particular, la voluntad ciudadana va por un lado y los principales partidos políticos por el sendero opuesto. Y si es así, el referéndum no es ya deseable sino imprescindible para evitar una quiebra más del sistema parlamentario.

CAMILO JOSÉ CELA CONDE

Una medida trampa en un lenguaje trampa, por Paco Bello.

Una medida trampa en un lenguaje trampa.

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Sin apetecerme demasiado, voy a publicar mi opinión sobre la medida que nos van a imponer desde el gobierno tácito de concentración PPSOE. Y lo voy a hacer porque ya se empiezan a oír voces a favor, llevadas en unos casos por la buena voluntad o el idealismo, y en otros por una execrable tendencia manipuladora.

Debo aclarar también que no comparto la querencia de algunas buenas personas por algunas variantes capitalistas, porque no creo en un sistema basado en el crecimiento constante. Pero comprendo que, al menos en este momento, es necesario estar unidos y apostar por la regulación sensata, y por las medidas que partan por gravar a las rentas de capital y patrimonio, y especialmente en las que prime la protección social, aunque sea como medida coyuntural mientras se hace un esfuerzo en la pedagogía al respecto, para que todo el mundo entienda que hay que buscar la sostenibilidad y que hay que renunciar al inasumible modelo de consumo.

Dicho esto, parece que empieza a sonar bien eso de limitar la deuda, y ahora que lo escribo la verdad es que sí, caramba, que sí suena bien. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra casa cuando no entran ingresos suficientes? Apretarnos el cinturón. ¿Y qué nos prometemos siempre? No volver a endeudarnos. Y hay que decir que parece muy lógico, y que probablemente lo sea.

Pero una casa no es un Estado, porque para empezar, en una casa no pagamos las deudas del vecino ¿verdad? Y menos si el vecino se ha arruinado sosteniendo las finanzas de otro vecino con nuestro dinero y sin consultarnos, y encima ese otro vecino sabemos que sigue ganando muchísimo dinero con negocios turbios (aunque esto es lo de menos). ¿Qué sería lo correcto si ese fuera el problema? Lo más pacífico sería decirle al vecino que no me consultó, que yo no pagaré su deuda ¿verdad?

Pero hay muchas más diferencias. Ahora resulta que queremos fijar un techo de deuda estricto, como familia (con una promesa firme y las manos unidas). Pero lo hacemos una vez debemos ingentes cantidades de dinero por las deudas que hemos contraído sin saberlo y sin que nos consulten (como por arte de magia). Eso supone que no nos podremos endeudar más para pagar poco a poco o para montar un negocio para trabajar 30 horas al día. Y significa que ganando lo mismo, pero siendo el coste de la vida cada vez más alto, pronto tendremos que empezar a prescindir de algunos lujos, como el papel del váter o el agua corriente. ¿Cuál sería la solución? La misma de antes.

Una familia, una casa, un individuo, no son un Estado, y mucho menos un Estado capitalista neoliberal. Es muy bonito eso de prometer (o jurar) no endeudarse ¡pero hazlo antes de haberte endeudado! Y sobre todo, ¡no firmes un reconocimiento de deuda! Como hicieron el día 19 de este mismo mes sin que nos enterásemos (ellos reconocen la deuda, su deuda, a nuestro nombre).

Grosso modo esto es lo que se puede deducir de todo lo que se está leyendo por ahí, tanto de medios de comunicación como incluso en algunos de los textos que hemos publicado en estas mismas páginas. Pero ¡ojo! que nos están haciendo la envolvente ¿por qué estamos hablando de deuda cuando lo que se va a fijar es el límite de déficit? ¿qué tienen que ver el culo y las témporas?

No es la deuda lo que se limita

Déficit, aunque seguro que todo el mundo lo sabe, es ingresar por debajo de lo que se gasta. Superávit es lo contrario. Pero eso no significa que no puedas endeudarte para controlar el déficit. Un préstamo es un ingreso, por mucho que después haya que devolverlo. Y de hecho puede equilibrar unos presupuestos, o incluso darles la vuelta.

Pero resulta que los Presupuestos del Estado se basan en la previsión de ingresos y gastos de un ejercicio. Desde ellos se destinan partidas a todos los Ministerios, y de ellos se nutren todos los organismos que conforman nuestro modelo de sociedad, y también desde ellos se paga la deuda.

Ahora van a limitar la cantidad que podremos destinar a todos esos servicios, que será la resultante de descontar aquello que debemos, y en base a unos ingresos cada día menores pues no hay de dónde sacar para impulsar proyectos que activen la economía.

¿Hasta qué limite se puede rebajar el presupuesto de las partidas dedicadas a sanidad, educación, salarios, etc? Hagan apuestas. La que es intocable es la dedicada al pago de la deuda: la única intocable.

El Estado Español perdió en favor del BCE y Bruselas la independencia económica (entre otras cosas). Esa independencia que permitiría emitir dinero aunque esa medida obligase a centrarse primordialmente en el autoabastecimiento y el turismo. Ahora (hasta que no digamos BASTA), nos quieren hacer ir a remolque de economías mucho más fuertes, pero negándonos la capacidad de reacción. Y lo último es lo que están exigiendo a sus marionetas PSOE y PP.

Resulta que no podremos gastar más de lo que recaudemos pero deberemos asumir el coste de la deuda más los intereses y todo ello con un erario público empobrecido por la falta de consumo interno (la gente pobre consume menos). Y así entramos en un círculo vicioso decadente, que conducirá si nadie lo remedia a un auténtico desastre.

Por tanto, que nadie se haga ilusiones confundiendo esta medida con lo que no es. Los únicos perjudicados por establecer como ortodoxia el equilibrio presupuestario sin poner un límite a la deuda (esto es lo que han hecho o van a hacer), seremos los de siempre, que tendremos que aguantar además que nos restrieguen la legitimidad de los recortes en virtud de la Constitución.

¿Cual será el límite de sorpresa y paciencia?

Que se den prisa y lo incluyan en la Constitución, no sea que nos dé por reflexionar previendo lo que nos espera y nuestra única salida sea darles salida a ellos de malas maneras.

– Paco Bello